La fiscalía rechaza investigar penalmente a Díaz Ayuso por la gestión del covid en Madrid

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha mantenido el mismo criterio con el Gobierno de Pedro Sánchez que con el de Isabel Díaz Ayuso y también ha informado en contra de la querella presentada contra el Ejecutivo madrileño por su gestión de la pandemia por la Asociación en Defensa de las Pensiones Públicas (ADEPPU) por delitos de homicidio imprudente, trato vejatorio, prevaricación, delito contra los derechos de los trabajadores y denegación de auxilio. Para el ministerio público la vía para reclamar responsabilidades por las muertes por el covid no es la penal al no existir indicios de la comisión de delitos por los responsables políticos señalados.

En su informe a la Sala Segunda del alto tribunal, ante la que es aforada Díaz Ayuso, dice expresamente que "las numerosas pérdidas de vidas humanas en las residencias de Madrid, así como los numerosos contagios del personal sanitario, como consecuencia del virus, podría tener reparación en otros ámbitos, pero no en esta vía penal que requiere que se inicie atribuyendo a un ciudadano/a hechos concretos y determinados susceptibles de ser incardinados en un tipo penal y aportar un indicio probatorio de tales hechos, so pena de caer en investigaciones prospectivas vedadas por nuestro Tribunal Constitucional".

Sin hechos concretos

La querella, que también se dirige contra el consejero de Políticas Sociales, Familia, Igualdad y Natalidad, Alberto Reyero, y el de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero (aforados ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid), no atribuye ningún hecho concreto a la presidenta madrileña que pudiera conducir a su imputación, más allá de responsabilizarla del fallecimiento de 5.828 personas,a las que no identifica, por coronavirus o sospecha del mismo a su gestión. 

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La asociación centra esas muertes en "las deficiencias de los servicios sanirarios durante la crisis sanitaria", sobre todo por el polémico Protocolo Sanitario "recibido por hospitales y residencias geriátricas" en relación con la prioridad a la hora de atender a los infectados ante la saturación de las Ucis.

También achaca a los querellados un total de 11.669 contagios de sanitarios en la Comunidad de Madrid por la "dejadez de funciones, tanto de la presidenta como del consejero de Sanidad". Según la asociación querellante, entre el 11 de marzo y el 11 de mayo se hallaron 62 cadáveres de personas mayores en sus domicilios en Madrid,  lo que considera consecuencia "de la no aplicación del protocolo de atención a domicilio de los servicios sociales".