'CASO 3%'

El juez imputa al exgerente de CDC Germà Gordó en el 'pitufeo' de CDC

El magistrado le cita para el 30 de octubre por idear y poner en marcha "una estructura para financiar ilegalmente" al partido

El juez investiga la "estructura multicanal" utilizada por Convergència para presuntamente financiarse de forma ilegal

El ’exconseller’ Germà Gordó.

El ’exconseller’ Germà Gordó.

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Ángeles Vázquez

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha imputado al exgerente de CDC Germà Gordó en la pieza separada del 'caso 3%' en la que investiga si el partido blanqueó dinero a través de donaciones de sus dirigentes que luego les devolvía, en una práctica conocida como 'pitufeo'. El magistrado, que le interrogará el día 30, ha hecho suya la petición del fiscal anticorrupción José Grinda, basada en la declaración prestada hace tres días por el extesorero de CDC Daniel Osàcar.

Como muestra de su disposición a colaborar con la investigación, Osàcar identificó a Gordó como "la persona que directa y personalmente ideó esta operativa, la planeó y dirigió su implementación", afirma el juez que investiga la "estructura multicanal" puesta en marcha por CDC para financiarse ilegalmente mediante varias vías que sufrieron una "evolución sofisticada de otras anteriores más elementales". Eran pagos encubiertos al partido bajo la apariencia de donaciones a sus fundaciones CatDem y Fundació Fòrum Barcelona; recepción de grandes cantidades de dinero en efectivo, y triangulación con empresas que asumían pagos a terceras personas por servicios prestados al partido.

Gracias a "esos manejos, CDC generaba y poseía cantidades de dinero en efectivo no declarado, procedente de empresas que buscaban, al entregarlas, ser beneficiadas en la contratación pública o congraciarse con los jerarcas del partido". Con el 'pitufeo' se "afloraba el dinero procedente del delito" mediante donaciones de personas próximas al partido en la cuenta convergente. Se les devolvía en efectivo.

Sorprendente homogeneidad

El juez considera incriminatorio que las donaciones tuvieran una "sorprendente homogeneidad" (3.000 euros), que se produjeran en fechas próximas. No se correspondían con cuotas de afiliados, ni aportaciones al partido realizadas por sus cargos electos con cargo a sus salarios públicos. Tampoco obedecían a una campaña pública de donaciones pedida por CDC a sus militantes.

El juez y el fiscal viajaron el martes a Barcelona para interrogar a Osàcar y evitar que problemas técnicos obligaran a un nuevo aplazamiento de la diligencia. El extesorero confirmó que existía "una operativa diseñada con la finalidad de lavar dinero generado por CDC de forma ilícita y, de esta forma, gracias a las 'donaciones' conseguidas, lograr cuadrar los déficits presupuestarios que cada año se generaban por la diferencia existente entre los ingresos previstos con los realmente generados por el partido".

Gordó proporcionaba cada año (al menos en el 2008 y el 2010) una lista de potenciales "donantes" entre miembros y simpatizantes de CDC a los que encomendó a Osàcar que llamara personalmente para solicitarles 3.000 euros mediante cheque bancario nominativo que luego les reintegraría en mano en efectivo.

Una persona del Departamento de Contabilidad de CDC, que no ha podido ser identificada, le dio el efectivo necesario para cubrir esos cheques y, conforme a lo ordenado por Gordó, el extesorero los empezó a recibir  de quien aceptó participar. Se extendían y firmaban recibos por la entrega del cheque nominativo, pero no del reembolso. La cantidad que no se reintegró se devolvió a Gordó.

Ya pendiente de juicio

Gordó ya estaba imputado en la pieza principal del 'caso 3%'. El juez De la Mata la dio por concluida en julio y propuso juzgarle, junto a Osàcar y el también exgerente del partido Andreu Viloca, así como otras 29 personas físicas y 16 jurídicas, entre ellas Convergència y el PDECat, por financiar "al menos durante 11 años" a Convergència "ilegalmente y en forma encubierta". 

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En la pieza del 'pitufeo' declarará este lunes Viloca. En ella están imputados los exgerentes convergentes y 12 exdirigentes del partido, entre ellos cuatro 'exconsellers', aunque Osàcar exculpó a algunos de ellos, al explicar que no todos aceptaron la devolución.

La fiscalía pide procesar al clan Pujol

La Fiscalía Anticorrupción ha pedido a la Audiencia Nacional que confirme el procesamiento del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol y de su familia, a quienes el juez propuso juzgar por formar una presunta organización criminal para enriquecerse durante décadas mediante actividades relacionadas con la corrupción.
En un escrito fechado el pasado 3 de septiembre, Anticorrupción se opone al recurso que presentó la familia Pujol ante la sección tercera de la Audiencia Nacional, a la que solicita que siga adelante con el procedimiento y siente al ‘expresident’, a su mujer, Marta Ferrusola, y a los siete hijos en el banquillo de los acusados.
La teniente fiscal anticorrupción, Belén Suárez, alude en su escrito a "la actuación conjunta" de la familia Pujol en cuanto "a la recepción de fondos, su reparto, incluidas las consignas de actuación respecto de los mismos, que permitió la ocultación de la existencia de los fondos, con lo que ello significaba". Recuerda que todos los miembros de la familia fueron titulares de cuentas en la entidad AndBank que abrieron entre 1990 y 1992 y que cancelaron "en las mismas fechas",entre octubre y diciembre del 2010. "Simultáneamente", sigue el escrito, abrieron cuentas en otra entidad, Banca Privada de Andorra, y después "todos traspasaron sus fondos a fundaciones panameñas" para "obtener mayor opacidad".
El juez instructor procesó al clan por los delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. EFE