TRES AÑOS DE ANONIMATO

Josep Lluís Trapero, el policía que voló demasiado alto

La popularidad alcanzada por el mayor de los Mossos, convertido en un icono del independentismo, asustó al Estado, que lo incluyó en la causa por rebelión

Josep Lluís Trapero

Josep Lluís Trapero

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Guillem Sánchez
Guillem Sánchez

Redactor

Especialista en Sucesos, tribunales, asuntos policiales y de cuerpos de emergencias

Escribe desde Barcelona

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El mayor de los Mossos d'Esquadra Josep Lluís Trapero ha rechazado todas las entrevistas que le han propuesto en los últimos tres años, y le han propuesto cientos de ellas. Un ostracismo profesional autoimpuesto que ha coincidido con un momento personal muy complicado, bajo la espada de Damocles judicial. Un pozo de anonimato proporcional a la cima de popularidad alcanzada, superior a la de cualquier otro policía.

"Cualquier cosa que hiciera Trapero se magnificaba mucho más que si lo hiciera otro". La reflexión, que sale del propio cuerpo de los Mossos, es exacta. Inteligente, ambicioso, íntegro, soberbio, carismático y un comunicador extraordinario, nadie le hacía sombra en una rueda de prensa. Entregarle la jefatura de la policía autonómica –lo hizo el 'conseller' Ramon Espadaler en el 2013– no entraba en las quinielas, pero fue una forma de reconocer una ascendencia indiscutible entre los suyos. Tenía entonces 47 años y llevaba 23 en el cuerpo.

Trapero toma posesión como mayor de los Mossos, en el 2017 /DANNY CAMINAL

Cuatro años más tarde, los atentados del 17-A situaron a los Mossos ante el momento más decisivo de su historia. Un lodazal que el cuerpo superó agarrado al aplomo de un policía más convincente que los políticos. En la reunión que los gobiernos catalán y español mantuvieron en la Conselleria d'Interior al día siguiente de la masacre, Trapero hizo una exposición de lo sucedido y del cauce de la investigación en marcha para detener a Youness Abouyaaqoub –el único yihadista fugado– tan contundente que ni los jefes de la Guardia Civil ni el Cuerpo Nacional de Policía (CNP) pudieron añadir nada.

Según cuentan testimonios presentes en esa cumbre, Soraya Sáenz de Santamaría, a la sazón vicepresidenta del Gobierno, se giró discretamente y preguntó: "¿Y los nuestros dónde estaban?". Una frase que, a juicio de los Mossos, ejemplifica que para al Ejecutivo central no era una buena noticia constatar que un cuerpo policial al que imaginaban competente para asuntos domésticos, pero subsidiario de los estatales en materia de terrorismo, era autosuficiente en una cuestión de seguridad estatal. Desde el Estado, en cambio, señalaban a Trapero como responsable de la falta de información sobre el 17-A.

No eran los únicos pendientes del capital político en juego con los atentados. El Govern de la Generalitat, dispuesto a jugarse el todo por el todo pocas semanas después con el referéndum independentista del 1-O, usó el 17-A –y a Trapero– para convertirlos en una prueba de que sin España no había nada que temer. Durante aquellos días de dolor por los muertos de Barcelona y Cambrils, los ciudadanos ponían flores a los Mossos, un cuerpo al que habían querido más bien poco.

Había también en muchas de aquellas muestras un chantaje emocional implícito: cariño a cambio de complicidad ante el 1-O. La presión afectiva recayó, sobre todo, en Trapero, convertido en icono independentista y rostro de camisetas, chocolatinas o cervezas. Esos días, durante los cuales el mayor tensó a la fiscalía y dio plantón al coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos en las reuniones para coordinar el dispositivo para impedir la votación, alcanzó la cota más alta de su popularidad.

Trapero saluda al coronel Diego Pérez de los Cobos, jefe del dispositivo contra el 1-O /ALBERT BERTRAN

Y llegó al 1-O sin que Trapero desmarcara públicamente a los Mossos de la consulta, un silencio que dio pábulo a especulaciones acerca de si la policía catalana estaba del lado de la ley o de la Generalitat. Internamente, Trapero había dado la instrucción inequívoca de acatar el mandato judicial, pero subrayó que debía prevalecer la seguridad y la policía autonómica no cargó en los colegios.

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Ambas cosas bastaron a la Guardia Civil y a la fiscalía para interpretar que su plan era traicionar al juez, una conclusión que requirió ignorar que Trapero –se supo durante el juicio y a los independentistas no les pasó desaparecibido– también había pedido al Govern que suspendiera el referéndum pocos días antes del 1-O, había puesto a los Mossos a las órdenes de la justicia, y no del Parlament, tras la DUI, o había elaborado un plan para detener a Carles Puigdemont.

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Sobraban las ganas de verlo como un traidor: para desarticular la afrenta separatista hacía falta controlar a los Mossos y Trapero se había vuelto tan popular que asustaba al Gobierno del PP. En aplicación del artículo 155 de la Constitución, Trapero fue el único policía que también cayó. Y lo peor estaba por llegar, cuando se activó el rodillo judicial, que lo incluyó en la causa general por rebelión.

El calvario que ha vivido estos tres años un policía licenciado en Derecho, procesado por delitos más penados que los perpetrados por los delincuentes que perseguía, ha sido tan duro que incluso quienes recelaban de Trapero dentro de los Mossos por hacer sombra al resto han cerrado filas junto a él. Como lo hacen en privado algunos miembros de otros cuerpos policiales conscientes de que se ha sido excesivamente severo, de que su error ha sido, sobre todo, volar demasiado alto, tanto como para ser considerado una amenaza de Estado. Sin importar si había o no actuado como tal.