Los tribunales superiores también se manifestan en contra de la reforma del Poder Judicial

Pocas leyes han reunido tanto consenso, aunque en su caso, en contra, como la reforma de la ley orgánica del Poder Judicial presentada por el Gobierno para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Este lunes, a las críticas manifestadas por las principales asociaciones de jueces desde el primer momento se han sumado el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, el de Extremadura y el Castilla y León, así como el Colegio de Abogados de Madrid y la Asociación de Fiscales.

Además, el órgano de Gobierno de los jueces ha puesto fecha al pleno en el que mostrará su discrepancia con la reforma legal anunciada. Se esperaba para esta semana, pero será el día 28, víspera de la sesión plenaria ordinaria de este mes, para evitar desplazamientos de los vocales en plena pandemia, decisión acordada con los siete vocales que propusieron su celebracion.

A instancias de sus miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), las Salas de Gobierno de los TSJ de Madrid, Extremadura y Castilla y León han mostrado su rechazo a la modificación que consideran "una merma en las garantías de independencia judicial". Fuentes jurídicas señalan a este diario que a lo largo de la semana se sumarán más tribunales superiores, según vayan reuniéndose sus órganos de gobierno.

Designación por jueces

"Es un menoscabo a la separación de poderes, al dejar al poder político la configuración el CGPJ"

El tribunal extremeño y el castellanoleonés abogan por "la designación directa de los vocales judiciales del Consejo por los propios jueces", opción tradicionalmente abanderada por el PP, pero que abandonó en la última reforma legal con la que se constituyó el actual CGPJ, y que hoy ha recuperado de nuevo para una futura renovación, pero no para la próxima.

En cualquier caso, el más duro es del TSJ madrileño, que tacha la reforma de inconstitucional y ve poco "lógico" que unos vocales sean elegidos con unos requisitos y otros con otros "para cumplir la misma función".

En su opinión, la reforma, que se aleja de las recomendaciones europeas para "descartar la imagen de politización de la justicia" española, es "un menoscabo de la separación de poderes que debe caracterizar a un sistema verdaderamente democrático, al dejar a decisión del poder político la configuración personal del órgano de gobierno del Poder Judicial, facilitando con ello una intromisión que colisiona con las bases del Estado de derecho". 

Inseguridad jurídica

El Colegio de Abogados de Madrid ha querido dejar claro que "el sistema de elección de los miembros del CGPJ se viene aplicando de manera ininterrumpida desde 1985, de manera que pretender su cambio por razones estrictamente políticas atenta contra el principio de seguridad jurídica".

"Si a partir de ahora el Gobierno de turno, con el apoyo de la mayoría absoluta del Parlamento, puede modificar el sistema de elección de los miembros del CGPJ, además de su dudosa constitucionalidad, la ciudadanía y los operadores jurídicos no sabremos nunca a qué atenernos, poniéndose además en gravísimo riesgo la percepción general sobre la necesaria independencia del Poder Judicial respecto del Poder Ejecutivo, siendo evidente que sin separación de Poderes no puede haber Estado de derecho", lamenta.

Plantón al Ministerio

La Asociación de Fiscales, por su parte, ha decidido sumarse al plantón anunciado el pasado viernes por las asociaciones mayoritarias de jueces, la Asociación Profesional de la Magistratura y Francisco de Vitoria, y no acudir a las reuniones previstas esta semana con el secretario de Estado de Justicia, Pablo Zapatero. 

Los colectivos, de tendencia conservadora, consideran que no merece la pena discutir aspectos puntuales dirigidos a la tan ansiada modernización de la justicia, mientras no se retire la reforma que consideran que atenta contra la independencia judicial.