Los complejos equilibrios de Aragonès

La 'no le llamen presidencia' de Pere Aragonès afronta estos días el primer gran reto de su gestión. De hecho, y como todo el mundo anticipaba, se trata de 'el' reto: el manejo de la pandemia y, en concreto, de su temida segunda ola. Aragonès, al frente del Govern, hace equilibrios en una estrecha franja, autodefinida por él y su partido, por donde transitar. Estos límites se pueden sintetizar en los siguientes: no usar nunca ningún atributo formal propio de la presidencia, para no encrespar a los socios y, sobre todo, no dar la imagen de sacar provecho de la inhabilitación de Quim Torra; irradiar que, bien o mal, hay alguien al frente y que ese alguien es él. Ejercer, por tanto, de ‘president; evitar que Catalunya derive en una situación parecida a la de la Comunidad de Madrid y que se decrete el estado de alarma y, por último, aunque ya saben que no menos importante, lidiar con la tensión matrimonial siempre de fondo con Junts per Catalunya.

El miércoles, Aragonès anunció las nuevas restricciones para contener el virus. Aunque el formato fue paritario, entre partidos y géneros (con Meritxell Budó, Alba Vergés y Miquel Sàmper), fue Aragonès quien anunció el espíritu de las medidas y dejó para los otros tres la letra. Fue un buscado efecto de jerarquía. En la primera ola pandémica, los titulares de Presidència, Salut e Interior comparecían solos y el president Aragonès cede en lo formal, pero no en el fondo.

"Gobernar es tomar decisiones, aunque sean impopulares", apunta una voz republicana en referencia al cierre de la hostelería decretado. Esta voz asevera que la situación en Catalunya se dirigía hacia la extrema gravedad. El virus crecía en Barcelona, con una tasa de 1,53 nuevos contagiados por cada uno previo. Ante esto, los expertos de la Conselleria de Salut propusieron el plan de restricciones el sábado pasado y el domingo recibió el visto bueno del Govern. El lunes se definió el plan de ayudas (los 40 millones y los créditos blandos del ICF).

Esquivar un estado de alerta

El miércoles, Aragonès fue claro en cuanto a la alternativa a estas restricciones: el confinamiento total. Algo, vehiculado por el estado de alarma, que el republicano quiere evitar totalmente. Por razones obvias, entre ellas que el el cierre de la economía, saldado, de momento, con una caída del PIB en España cifrado en el 12%, es, de reiterarse, inasumible. Pero también por otros motivos. Por ejemplo, fuentes del Executiu señalan que "la curva de enfermedades mentales se está aupando tras el confinamiento". Dicho de otro modo. La sociedad no está preparada para recluirse de nuevo.

Y aun una tercera. Y es que un estado de alerta, además de sancionar la incapacidad de Aragonès para contener la pandemia, abriría la puerta a un aplazamiento de las elecciones de febrero. De decretarse ahora, ciertamente no detendría el reloj activado por Roger Torrent, pero de llegar en cuanto las elecciones estuvieran convocadas, si podrían retrasarse, como pasó en Euskadi y Galicia en abril.

Eterna desconfianza

Y mediante este recordatorio electoral se llega a la confrontación entre socios. Voces republicanas señalan que, solo por lo que supondría en cuanto a un aplazamiento de los comicios, hay quien, en el puigdemontismo, considera que el estado de alerta sería un mal menor. Estas mismas voces descartan que haya habido ningún movimiento posconvergente en ese sentido, pero la tajante respuesta de Budó, el martes, a una pregunta periodística, en el sentido que al Govern poco menos no le supondría ningún problema solicitar que se decretara el estado de alarma, encendió alguna alarma en ERC.

Las relaciones entre socios gozan de la mala salud de hierro habitual. Unos arremeten contra Vergés, exhibiendo las palabras del científico Oriol Mitjà. Y los otros se llevan las manos a la cabeza cuando el puigdemontista Sàmper llama a la población a ejercer tareas policiales con los vecinos, por si alguien osa reunir a más de seis personas en un domicilio y la falta de dominio de Budó a la hora de definir la famosa claúsula rebus sic stantibus en los contratos de alquiler de locales.

También por Companys

El fuego cruzado es tan habitual que ya ni se le presta atención. Esta misma semana hubo otro incendio a cuenta del acto de homenaje al que fuera president asesinado por la internacional fascista (entregado por los nazis y fusilado por el franquismo). El acto del Govern tenía que realizarse en el salón Sant Jordi del Palau de la Generalitat. Pero los posconvergentes se negaron a ello, por cuanto no hay un president y la imagen de Aragonès presidiendo el acto, en el sancta sanctorum presidencial catalán era difícil de digerir. El salón Sant Jordi es el espacio premium del edificio. Antigua capilla, es donde se realizan las tomas de posesiones de los ‘presidents’ y los grandes homenajes.

Ante la falta de pompa, en opinión de ERC, pues los espacios que se les ofrecieron dentro del Palau no eran los adecuados, la parte republicana del Govern se llevó el acto al Parlament. No presidió Aragonès, sino Roger Torrent, como presidente de la Cámara. Lo que no ahorró enfados. En absoluto.

Próximo encontronazo

En estos momentos ya se está cocinando el próximo enfrentamiento entre socios. Será a cuenta de la cumbre de presidentes autonómicos de fin de mes, que contará con la presencia de la presidenta de la Comisión Europa, Ursula von der Leyen, para abordar los fondos europeos de reconstrucción. Como Catalunya no tiene president está en el aire quién acudirá en nombre de la Generalitat. Los posconvergentes propugnan a Ramon Tremosa, titular de Empresa i Coneixement, uno de los consellers afectados por estos fondos. Fuentes republicanos sonríen cuando se les expone la posibilidad: "Irá Pere (Aragonès). Él ‘ve’ la afectación de su Conselleria (Economía) y pone sobre la mesa su vicepresidencia habitual y, además, trufada ahora de sustitución de la presidencia", explica esta voz de ERC comparando didácticamente la situación con una mesa de póquer. "Inigualable", sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo