Anticorrupción, en contra de investigar a Pablo Iglesias por el 'caso Dina'

La Fiscalía Anticorrupción de la Audiencia Nacional ha enviado una nota interna a la Fiscalía General del Estado en la que se opone a que se abra una investigación en el Tribunal Supremo al vicepresidente segundo del Gobierno y líder de Podemos, Pablo Iglesias, sobre el llamado 'caso Dina', cuyas pesquisas tratan de esclarecer el robo del móvil de la exasesora del partido Dina Bousselham.

Según ha adelantado 'La Vanguardia' y ha confirmado este diario, esa nota interna se ha entregado al teniente fiscal Luis Navajas para que la tenga en cuenta a la hora de redactar su informe definitivo sobre si procede o no abrir causa en el alto tribunal a Iglesias. La fiscala general del Estado, Dolores Delgado, ha señalado este mismo jueves, al ser preguntada al respecto, que ella no opina y no participa en el desarrollo del informe que prepara el Ministerio Público sobre Iglesias, informa Europa Press.

Fuentes fiscales confirman que esa nota interna ha sido enviada a la fiscalía general. En estos momentos, la Sala de Admisiones de lo Penal del Supremo permanece a la espera de ese informe del Ministerio Fiscal, solicitado la semana pasada, para decidir si procede o no ir contra Iglesias por los delitos de descubrimiento y revelación de secretos, con agravante de género, daños informáticos y acusación o denuncia falsa y/o simulación del delito.

Perjudicado o no

La Fiscalía Anticorrupción, que fue la que pidió al juez Manuel García Castellón que retirara a Iglesias la condición de perjudicado en el caso ante las contradicciones apreciadas, también reclamó ya entonces al magistrado que llamase a declarar a Bousselham para que esta pudiera señalar si decidía emprender acciones legales contra Iglesias o aceptaba su perdón, con lo que ya no se le podría investigar por un delito de descubrimiento o revelación de secretos.

El juez se negó entonces a citarla por considerarlo "precipitado" y siguió instruyendo la causa hasta concluir en su exposición razonada al Supremo que Iglesias usó a sabiendas de forma fraudulenta este proceso para intentar lograr algún tipo de ventaja electoral ante los comicios de abril de 2019.

Además de por el delito de revelación de secretos, con agravante de género, por haberse quedado con la tarjeta del móvil tiempo después de recuperarla de manos del presidente Grupo Zeta, Antonio Asensio, el juez considera que habría que investigarle también por un delito de daños informáticos en relación al estado que presentaba la tarjeta entregada a Dina, y por acusación o denuncia falsa y/o simulación delito (por el presunto uso fraudulento de este caso).

El perdón

En su escrito, Anticorrupción muestra su disconformidad con el dictamen de García Castellón y reitera que la revelación de secretos decae con el perdón de la presunta agraviada, y que ella misma formuló en una carta remitida al magistrado en la que exculpaba a Iglesias de lo ocurrido con la tarjeta.

Sobre el delito de daños informáticos recuerda la existencia de un informe de policía científica que concluye que no se puede acreditar que la tarjeta de Bousselham sufriera daños que no fueran los que sufrió al remitirla ella a una empresa especializada para tratar de recuperarla.

La fiscalía, además, discrepa de la decisión del juez de enviar este asunto al Tribunal Supremo antes de agotar la vía ordinaria para profundizar en la investigación, en la que García Castellón ha incluido también a no aforados, los letrados de Podemos Marta Flor Núñez, que ha ejercido como abogada de Iglesias y Bousselham, y Raúl Carballedo.

Tendría que haberse inhibido

Anticorrupción, que descarta por tanto los delitos de revelación de secretos y de daños informáticos, cree respecto a los de falso testimonio o simulación de delito que García Castellón tendría que haberse inhibido en favor de un juzgado ordinario para, una vez instruido el caso, dirigirse ese otro juez al Supremo si apreciase la posible implicación de aforados en los hechos.

Además de Iglesias, el juez de la Audiencia Nacional ha pedido al Supremo que abra causa a otra aforada, la ex responsable de los servicios jurídicos de Podemos y vicepresidenta cuarta del Congreso, Gloria Elizo. En este sentido, Anticorrupción reprocha que el magistrado pidiera la investigación de miembros del servicio jurídico de Podemos no aforados sin antes haberles escuchado.

Por otra parte, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) a través de un comunicado se suma a la denuncia del juez Manuel García-Castellón, en el que interpela al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a fin de que se tomen las medidas idóneas para su protección y "para velar por la independencia del Poder Judicial, y por el adecuado y correcto funcionamiento del Estado de derecho en nuestro país".