29 nov 2020

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LA MONCLOA SE DEFIENDE: "NO SE PUEDE NORMALIZAR EL BLOQUEO"

El Gobierno planea renovar el Defensor y el Tribunal de Cuentas sin el PP

El Ejecutivo está dispuesto a cambiar las leyes que regulan ambas instituciones para forzar su renovación

El PP carga contra la reforma "polaca" para el CGPJ y avisa: Sánchez pone en riesgo los fondos europeos

Juanma Romero Pilar Santos Miguel Ángel Rodríguez

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, este 14 de octubre en la presentación de la obra ’Los derechos constitucionales. Un paseo por El Prado’ en la sede del TC.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González Rivas, este 14 de octubre en la presentación de la obra ’Los derechos constitucionales. Un paseo por El Prado’ en la sede del TC. / EUROPA PRESS

"Vamos a cambiar uno detrás de otro". El Gobierno no solo está dispuesto a seguir hacia delante con su reforma de la ley para forzar la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). También planea ya la revisión de otras normas para propiciar el relevo en otras instituciones, caso del Defensor del Pueblo y del Tribunal de Cuentas. En ambos casos no haría falta tocar la Constitución, sí modificar la ley orgánica que regula ambos órganos, por lo que a PSOE y Unidas Podemos les basta con garantizarse la mayoría absoluta. 

El aviso lo deslizó la pasada semana la ministra portavoz, María Jesús Montero, pero cobró más fuerza este martes, con la resaca del registro de la proposición de ley que rebajará las mayorías para elegir a los 12 vocales jueces del CGPJ y que recortará las atribuciones del órgano cuando entre en funciones. Fuentes de la Moncloa fueron rotundas: se renovarán las instituciones atascadas "una detrás de otra", quiera o no el PP. Porque ese es el mensaje que defienden en el equipo directo de Pedro SánchezPablo Casado "no puede pretender normalizar el bloqueo". "Llevábamos dos semanas en las que parecía que se había naturalizado que el CGPJ no tenía salida. Ahora les hemos roto la agenda. Esto vuelve a colocar la pelota en el tejado del PP", apuntan estas fuentes, indicando que el jefe de los conservadores aún está a tiempo de paralizar la iniciativa, pactando los nombres de los 20 vocales del CGPJ. 

En el Gobierno avisan: el PP no puede "normalizar el bloqueo" institucional

El resorte del cambio legislativo le vale al Gobierno, en principio, para dos órganos constitucionales: el Defensor y el Tribunal de Cuentas (TCU). La Carta Magna no explicita qué mayorías se requieren para nombrarlos, y lo deja para la ley orgánica. Fue el legislador quien, en 1981 y 1982, fijó que para designarlos se necesita el aval de tres quintos de Congreso y Senado. Una mayoría reforzada que el Ejecutivo podría rebajar en segunda votación —o bien a través de una proposición de ley promovida por los grupos que le sostienen, PSOE y Unidas Podemos, como ha hecho con el CGPJ— para garantizar su renovación cuando no hay acuerdo de los grupos. 

El concurso de RTVE

El relevo en el Defensor es más apremiante, porque su actual titular, el exdiputado socialista Francisco Fernández Marugán, lleva en funciones desde julio de 2017, ya que su antecesora con mando en plaza, Soledad Becerril, agotó su periodo de cinco años al frente de la institución. El mandato de los 12 consejeros del TCU no concluye hasta el verano del 2021, aunque uno de ellos, Lluís Armet, renunció al cargo en el 2018 y su plaza sigue desde entonces vacante.

En la Moncloa no temen que Sánchez sea cuestionado en la UE por la reforma

Sin embargo, el Gobierno no puede proceder a la renovación de cuatro de los 12 magistrados del Tribunal Constitucional cuyo mandato caducó en noviembre del 2019, porque su forma de elección está tasada en la Carta Magna. Uno de los que tiene que ser removidos es Fernando Valdés Dal-Rédimitió este miércoles tras ser procesado por el Supremo por malos tratos, y los otros tres son los actuales presidente y vicepresidenta, Juan José González Rivas y Encarna Roca, y el cuarto es Andrés Ollero. Respecto a RTVE, el Ejecutivo no necesita cambiar nada, porque la última reforma de la ley, de 2017, ya prevé el desbloqueo por mayoría absoluta en segunda ronda. Pero antes Congreso y Senado deben desliar el concurso público.

"Mientras no retire este atropello legal, no hay nada que pactar. A mí no me presiona nadie, y menos usted"

Pablo Casado

Presidente del PP

La sesión de control de este miércoles en el Congreso, como era esperable, fue muy bronca y estuvo dominada por la reforma legal del CGPJ. Casado advirtió de que mientras no retire ese "atropello legal", a la "polaca", no se avendrá a negociar nada. "A mí no me presiona nadie, y menos usted", le espetó a Sánchez, avisándole de que puede "poner en riesgo" los fondos de reconstrucción europeos por "atacar nuestro Estado de derecho".

Fuentes del Gobierno replicaron que no temen que el presidente sea interpelado este jueves y viernes en el Consejo Europeo por el cambio exprés de la ley orgánica del poder judicial (LOPJ), porque no es posible, alegan, la comparación con Polonia o Hungría. "Ni está ni se espera ese debate", zanjaron desde la Moncloa. 

Desde el Ejecutivo, tanto en la parte socialista como en la morada, multiplicaron la ofensiva de explicación de la polémica reforma del CGPJ. "El Gobierno no podía no reaccionar. Somos el garante del orden constitucional. Estamos con un Consejo cuya composición no se corresponde con las urnas", ya que el actual, el presidido por Carlos Lesmes y en marcha en diciembre de 2013, reflejaba la mayoría absoluta que entonces tenía el PP.

La coalición aún no ha adelantado si el nuevo CGPJ contará con perfiles conservadores para equilibrar

También en la Moncloa insisten en que si la iniciativa sale de los grupos, y no del Consejo de Ministros, es porque Lesmes "se ha dirigido a los grupos" y porque la elección de los vocales "toca al poder legislativo, no al Gobierno, que no está concernido", y eso que ha sido el equipo cercano al presidente, liderado por Carmen Calvo, quien ha pilotado la redacción del texto. ¿Y qué ocurre si, cuando gobierne el PP, quizá con el apoyo de Vox, componga un CGPJ escorado a la derecha? "Es falaz ese debate, el Parlamento hará lo que tenga que hacer", respondieron.

Lo que aún no han concretado los socialistas y morados es si el CGPJ que resulte de la renovación estará equilibrado. Es decir, con perfiles conservadores en una proporción poco inferior al 50%, como habría sucedido si se hubiera pactado con el PP. Si los 12 vocales del cupo judicial que se relevarán tienen orientación progresista, el Gobierno controlaría a 17 del total de 21 miembros del CGPJ (esos 12, más los cuatro juristas que permanecerían en sus puestos, más el presidente del órgano, a su vez presidente del Supremo). "Eso es ir muchos kilómetros por delante". Y es que la proposición de ley ni siquiera ha sido tomada en consideración, y podría frenarse si cuajara un pacto —casi imposible— con el PP, o bien sufrir modificaciones durante el trámite parlamentario, que la coalición espera que dure unos dos meses.