EL LABERINTO CATALÁN

Los indultos toman impulso en el aniversario de la sentencia del 1-O

Las peticiones de gracia para los presos del 'procés' han iniciado en el Tribunal Supremo una compleja e incierta travesía. Los jueces, la fiscalía y las cárceles tomarán la palabra antes de la decisión del Gobierno, clave para el futuro de la legislatura

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Jose Rico / Ángeles Vázquez / Juan José Fernández

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"Quiero ser discreto porque es evidente que estamos trabajando en muchas cosas, pero para que algunas cosas salgan bien en tiempo y forma, hay que hacerlo con discreción. Elevarlas a rango mediático puede hacer que tarden más". Con este circunloquio dejaba entrever el pasado jueves el vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, que el Ejecutivo del PSOE y Unidas Podemos afronta ya la decisión más explosiva en lo que al 'procés' independentista se refiere: el posible indulto para los nueve presos del 1-O.

Explosiva a nivel interno, pues socialistas y podemistas, como en tantos otros asuntos, no piensan igual en cuanto a la conveniencia de conmutar las condenas a los líderes del 'procés', de cuya sentencia se cumplirá un año este miércoles. Y explosiva en cuanto a las consecuencias que podría tener en el endiablado tablero político una decisión favorable o adversa para unos reclusos que, tres años después de pisar la cárcel por primera vez, tienen suspendida la semilibertad que les concedió la Generalitat.

El indulto permite aligerar las penas y acortar los años en prisión hasta llegar a extinguir la responsabilidad penal o, al menos, parte de ella, aunque no exime la responsabilidad civil derivada del delito y tampoco cancela los antecedentes penales. Por esa razón, la mayoría de presos independentistas han abominado del indulto y exigen la amnistía, que supone el perdón del delito, como única solución.

LAS CONDENAS DE LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS'

LAS CONDENAS DE LA SENTENCIA DEL 'PROCÉS' SEIS MESES DE TRÁMITE

SEIS MESES DE TRÁMITELas primeras peticiones de indulto de los condenados del 'procés' empezaron a llegar al Tribunal Supremo el pasado 2 de octubre. El Ministerio de Justicia inició formalmente así la tramitación de la solicitud que el abogado Francesc Jufresa presentó para todos los líderes independentistas y que fue registrada el pasado mes de enero.

La ley del indulto de 1870 obliga a recabar dos informes: el del tribunal que dictó la condena, en este caso el Supremo, y el de la fiscalía. Ambos son imprescindibles para poder elevar su propuesta de resolución al Consejo de Ministros, que es el que finalmente lo acuerda o lo deniega. Según explicó el subsecretario de Justicia, José Miguel Bueno, en el Congreso en junio, por semestre se elevan unos 2.000 expedientes, en su mayoría desestimatorios de la medida de gracia.

La Sala Segunda del Supremo da traslado al ministerio público para que elabore su propio dictamen sobre si debe concederse un indulto total o parcial (es decir, conmutar solo una parte de la pena) a los condenados por sedición en concurso con malversación. Los fiscales encargados de hacerlo serán los que ejercieron la acusación durante el juicio y pedían penas mucho más altas que las finalmente impuestas, al entender que lo que ocurrió en Catalunya en el otoño de 2017 era rebelión.

El Supremo, en su informe, incluirá otro documento, el de Instituciones Penitenciarias, relativo a comportamiento y actitud en prisión de las personas pendientes de la medida de gracia. También puede preguntar a la Abogacía del Estado como perjudicada del delito, ya que ejerció la acusación en el juicio; y deberá tener en cuenta cuánta condena han liquidado y si han satisfecho las responsabilidades civiles a las que pudieron ser condenados.

Este informe y el de fiscalía son preceptivos, pero no vinculantes para el Gobierno. Pese a ello, Bueno destacó ante la Comisión de Justicia que el 98% de los indultos concedidos en el 2018 y el 2019 contó con al menos uno de esos dos informes a favor de la medida de gracia.

El indulto, en cifras

10.622 es el número total de indultos que se han concedido desde 1996, según el portal 'El Indultómetro', de Civio.

LA VOZ DE LAS PRISIONES

LA VOZ DE LAS PRISIONESLa habitual redacción de un decreto de indulto –"Atendiendo a las circunstancias del condenado, y de acuerdo con la información que obra en su expediente, concurren condiciones de justicia y equidad…"– aparecía en la última gracia concedida por el Gobierno, que el pasado 22 de septiembre sacó a la calle al ciudadano Hildebrando de Jesús Noreña, condenado en el 2015 por un delito contra la salud pública.

Y esa fórmula aparecerá en el real decreto, si se promulga, de indulto de los presos del 'procés'. Ese real decreto es el último papel oficial en el que aparecen juntos el nombre del preso y el delito por el que fue condenado. A partir de su publicación en el BOE, el expediente penitenciario del agraciado debe ser borrado.

Pero para llegar a ese punto, los dirigentes independentistas habrán debido superar antes cuatro capítulos de tramitación. Primero llega una circular del gabinete del ministro de Justicia a un gabinete técnico de una subdirección general del ministerio, que en el pasado se llamó "Subdirección de Gracia".

Funcionarios licenciados en Derecho cumplirán ahí la obligación de escuchar el parecer de la institución carcelaria –en Catalunya, la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat–, lo que, en la práctica, consiste en requerir a la junta de tratamiento de la prisión el expediente del interno. "Con su lectura se valora si tiene normalizada su vida regimental o si ha protagonizado incidentes", explica una fuente penitenciaria.

El gabinete técnico eleva una valoración al ministro, que será quien, en el Consejo de Ministros, formalice la proposición de indulto, y el Gobierno da traslado de su decisión al Rey para su sanción. Es mero trámite, pero formalmente necesario, como el de informar al tribunal sentenciador y al juzgado de vigilancia penitenciaria.

Publicado el indulto en el BOE, el juzgado firma un oficio para la prisión. "De hecho, si falta ese oficio, la prisión no abre la puerta", explica la misma fuente. Intramuros, el preso es llamado para que recoja sus efectos personales, también los de valor y la documentación que dejara en custodia, y se vaya. En el caso de los condenados en tercer grado, basta con una comunicación del abogado para hacer que esa noche ya no vayan a dormir a una celda.

Reveses sonados

Los indultos pueden ser recurridos ante el Supremo, pero los revocados se pueden contar con los dedos de una mano. Los más sonados fueron el de un conductor kamikaze que mató a un chico de 25 años y el banquero Alfredo Sáenz. El primero lo concedió el Gobierno de Mariano Rajoy y el segundo, el de José Luis Rodríguez Zapatero.

CRONOLOGÍA DE LOS AÑOS MÁS CONVULSOS DEL 'PROCÉS'

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