Fallece el principal imputado en el caso de los ERE de Andalucía

El exdirector general de Trabajo de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, principal imputado en el caso de los ERE fraudulentos, ha fallecido esta mañana en su domicilio de la capital andaluza, según ha confirmado su abogado, Rafael Ramírez-García del Junco. El exalto cargo andaluz con la administración socialista se encontraba en libertad tras haber recurrido ante el Tribunal Supremo las dos condenas a prisión que pesaban sobre él.

Al parecer, Guerrero, de 63 años, se empezó a encontrar mal sobre las 6:00 horas cuando se encontraba en su casa. Indicaba que tenía problemas para respirar, y los servicios sanitarios desplazados hasta el domicilio poco pudieron hacer por salvarle la vida. Su cuerpo ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Sevilla para practicarle la autopsia y conocer las causas exactas del fallecimiento, aunque todo apunta a un infarto.

Dos veces en prisión

Guerrero ha sido el único de los investigados de los ERE que estuvo en prisión en dos ocasiones. La primera, el 9 de marzo de 2012, cuando la juez Mercedes Alaya decretó su ingreso en prisión provisional comunicada y sin fianza, que cumplió durante siete meses. El exalto cargo de la Junta volvería a la cárcel en marzo de 2013, saliendo a los dos meses.

El exdirector general de Trabajo, que mantuvo el puesto con hasta tres consejeros de Empleo (Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández), fue considerado el principal implicado en el caso de los ERE fraudulentos pagados por la Junta de Andalucía. Él fue la persona a la que señalaron todos los políticos también investigados como quien hacía y deshacía aprovechando las lagunas del sistema de ayudas que repartió 647 millones de euros. Y también el cortafuegos que, sin éxito, intentaron trazar los expresidentes Manuel Chaves y José Antonio Griñán cuando, en plena investigación, explicaron que el caso ERE era cosa de “cuatro golfos”.

Con su “don de gentes” y buenas dotes para la negociación con sindicatos y empresas, fue alcalde de El Pedroso durante varios años, la localidad sevillana más beneficiada por las ayudas de los ERE. Los testimonios recogidos en la investigación ayudaron a trazar el perfil político de Guerrero, que fue quien inicialmente acuñó la expresión de “fondo de reptiles” para referirse a la partida 31L de la que salían las ayudas, aunque luego se desdijo. Amigo íntimo del conseguidor Juan Lanzas, instigador de la inclusión de varios ‘intrusos’ en los expedientes de regulación de empleo sufragados con cargo a la Junta… También fue generoso con las ayudas directas, que beneficiaron a su suegra, amigos, vecinos e incluso a su chófer, que luego reconocería que ni siquiera pidió la ayuda, y que gastó parte del dinero en “cocaína, fiestas y copas” con su jefe.

 “Me tengo por una persona jovial, ni he sido un putero, como alguien dijo, ni me he dedicado a la drogodependencia; me tomo las copas que me apetece, cuando me apetece y donde quiero”, trataría de desmarcarse tiempo después de estas acusaciones en la comisión de investigación desarrollada en el Parlamento autonómico. “Sé lo que cuesta un paquete de Malboro y un gin-tonic, pero en mi vida me ha dado por comprar un porro, no me ha hecho falta; soy fumador y me gusta el gin-tonic, y no voy a estar al pairo de quien quiera ponerme a caer de un burro”, continuó. Y reconoció que ya no mantenía relación con sus antiguos superiores en la Junta. "Nadie en el Gobierno andaluz me habla ya, pero para como me han puesto, mejor que no lo hagan", ironizó.

Todos ellos acabarían condenados en el juicio por la denominada pieza política, que consideró ilegal el sistema de ayudas implantado por la administración regional. Guerrero fue uno de los 19 exaltos cargos que recibió la mayor condena: siete años, once meses y un día de prisión por un delito de prevaricación en concurso medial con otro de malversación.

Anteriormente, Guerrero ya había sido condenado a otros cinco años de prisión por unos pagos realizados por la Consejería de Empleo a una empresa de informática mediante un contrato verbal, “al margen del procedimiento legalmente establecido”, y cuyos empleados estaban vinculados el exdirector general por lazos de amistad o vecindad. Ambas sentencias estaban actualmente recurridas ante el Tribunal Supremo, por lo que Guerrero continuaba en libertad en la actualidad, a la espera de la decisión del Alto Tribunal.