El juez del 'caso Dina' denuncia amenazas y una campaña de desprestigio ante el CGPJ

Si este jueves el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón se veía obligado a denunciar ante la policía las amenazas que ha recibido en redes sociales desde que pidió al Supremo que investigara al líder de Podemos, Pablo Iglesias, por tres delitos en el 'caso Dina', ahora ha dirigido un escrito al Consejo General del Poder Judicial en el que denuncia la campaña de desprestigio e intimidación que dice sufrir a través de esa misma vía y algunos medios de comunicación que le atribuyen "una estrategia política" que "buscaría debilitar a una organización política".

Fuentes del órgano de Gobierno de los jueces señalan a este diario que el Consejo tiene poco margen de actuación al respecto, más allá de tomar constancia del escrito del magistrado, porque no se trata de una petición de amparo, ya que los ataques que denuncia obedecen a una actuación ya realizada, como fue la remisión de la exposición razonada al Supremo, y ya ha puesto los hechos en manos de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, cuya actuación tiene preferencia frente a cualquier trámite que pueda realizar el Consejo.

García-Castellón, que es el instructor del 'caso Villarejo', con una treintena de causas, entre ellas, la del presunto espionaje por parte del Gobierno de Mariano Rajoy al extesorero del PP Luis Bárcenas, sostiene en el escrito que ha dirigido al CGPJ que los mensajes contra su persona son "repetidos y amplificados por muchos de los dirigentes" de esa formación política. Entre ellos, añade, "algunos miembros del Gobierno de la nación, que desde la visibilidad propia del papel institucional que representan y la atención que reciben de los medios, señalan de forma directa a este magistrado y sabiendo la repercusión de sus palabras pueden tener, le colocan en una situación de absoluta indefensión y descrédito profesional".

Para el juez la campaña de la que es víctima pretende "restar credibilidad y validez a los argumentos expuestos en su exposición razonada" contra Pablo Iglesias y otras cinco personas, "deslegitimar el ejercicio del poder judicial y a sus magistrados e intimidar a los jueces que puedan tomar decisiones que afecten a los autores de la campaña". Sostiene que el objetivo es difundir la idea de que su propuesta de investigación "no es fruto de su convicción jurídica, sino de una suerte de estrategia política de mayor alcance que buscaría debilitar a una organización política".

En el escrito, el magistrado manifiesta que en sus 42 años de ejercicio profesional nunca se ha visto sometido a una campaña de difamación personal y profesional de este nivel y recuerda que en su juzgado ha investigado casos que afectan a buena parte de los partidos con representación parlamentaria, organizaciones empresariales y otras instituciones, habiendo tomado decisiones de muy distinto signo "no habiéndose producido en ningún momento una reacción equiparable a la que se está produciendo en este momento, y que ha motivado la denuncia referida". En el Juzgado Central de Instrucción número 6 se investigan, además de la causas sobre las cloacas del Estado, el 'caso Púnica" y 'Lezo', que salpican directamente el PP.

El juez ha adjuntado la denuncia que presentó ante la policía por las amenazas sufridas y adjunta media docena de los mensajes recibidos. Entre ellos, este que reúne varios de los insultos de los que ha sido víctima: "Hablar de agredir a un cabrón de juez García Castellón por sus ideologías del PP es la mejor solución porque yo detesto esa gente bastarda de la Política por sus ideologías del PP. Ya sabemos que fue condicionado por eso hijo de puta".

Investigar las amenazas a Calvente

García-Castellón mostró una gran preocupación por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, cuando este denunció ante él que era víctima de un acoso en redes sociales, que llegó a calificar de 'kale borroka', por haber denunciado supuestas irregularidades del partido morado.

El letrado mostró su temor a que alguna persona pudiera llegar a agredirle al sentirse amparado por la hostilidad que se vertía contra él en redes sociales, y el juez se comprometió a investigarlo y le pidió que le informara de cualquier circunstancia como las que le relataba que le ocurriera en un futuro.