29 oct 2020

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INVESTIGACIÓN JUDICIAL

¿Qué es el caso Dina Bousselham y cómo salpica a Pablo Iglesias?

El juez pide la imputación del vicepresidente del Gobierno por tres delitos tras varios giros en la causa

El Periódico

Pablo Iglesias, en el Congreso

Pablo Iglesias, en el Congreso / EFE / POOL

El 27 de marzo del 2019, Pablo Iglesias se personaba como perjudicado en una nueva pieza del 'caso Villarejo' en la que se investigaba el robo del móvil de la exasesora de Podemos Dina Bousselham. Una causa que desde entonces no ha parado de dar giros y que ha derivado en la petición al Supremo para investigar al vicepresidente segundo del Gobierno por tres delitos, entre ellos denuncia falsa.

EL ORIGEN DEL CASO

El 1 de noviembre del 2015, Dina Bousselham, asesora entonces de Iglesias en el Parlamento Europeo, denuncia ante un juzgado de Madrid el robo de su móvil, cuyo autor todavía se desconoce. En julio del 2016, 'OK Diario' publica mensajes del líder de Podemos  enviados a un chat cuyo contenido estaba en aquel teléfono. En noviembre del 2017, el excomisario José Manuel Villarejo es detenido y aparecen en su domicilio, entre otras cosas, un disco duro y un 'pendrive'. En ambos soportes se encuentran dos tarjetas que bajo el nombre de 'Dina1' y 'Dina2' recogen contenido del teléfono de Bousselham.

EL DEVENIR DE LA TARJETA

El hallazgo de estas tarjetas en casa del policía da pie a que el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, que investigaba ya docenas de piezas vinculadas al excomisario Villarejo, abra otra nueva: el 'caso Dina'. Durante la instrucción de esta causa, y como fruto de lo narrado ante él y la fiscalía por varios testigos e imputados, se concluye de forma preliminar que la tarjeta del teléfono supuestamente robado a Bousselham fue remitida de forma anónima a la redacción de la extinta revista 'Interviú', cuyo editor, Antonio Asensio, se la entregó a Iglesias el 20 de enero del 2016. Dicha revista decidió no publicar nada de su contenido por entender que no tenía interés informativo.

Iglesias, por su lado, optó por retener la tarjeta de teléfono en su poder durante un tiempo. El juez, en su auto del pasado 7 de octubre, dice ignorar cuándo se entregó a su verdadera dueña la tarjeta, limitándose a apuntar que debió ser antes del 23 de agosto del 2017. Según afirmó Iglesias recientemente, se quedó con la tarjeta para no someter a su exasesora "a más presión", pues el dispositivo almacenaba archivos personales y de carácter muy íntimo de Bousselham y también capturas de pantalla que guardaba de conversaciones de grupos de mensajería, en los que aparecía y participaba el actual vicepresidente del Gobierno.

El jefe de los morados aseguró haber visto el contenido de una tarjeta en buen estado, pero cuando se la hizo llegar a Bousselham, ella declaró que estaba "inservible para su funcionamiento". La exasesora de Podemos cambió aquella versión después de que a Iglesias, a raíz de su primera declaración, le retiraran la condición de perjudicado en la causa -que luego recuperó-, exculpándole del posible daño al soporte digital. Envió una carta en la que aseguraba que cuando recibió la tarjeta esta "funcionaba" y pudo acceder a su contenido, aunque después dejó de funcionar.

En cuanto a los otros caminos que tomó el contenido de la tarjeta telefónica y la forma en que llegó a manos de Villarejo, el director y subdirector de 'Interviú', Alberto Pozas y Luis Rendueles, confirmaron en su declaración ante el juez del caso que fueron ellos los que entregaron una copia al comisario, que se la demandó, entendiendo que respondían así a un "requerimiento policial" de un agente que estaba en activo.

IGLESIAS, ¿PERJUDICADO?

El líder de Podemos se personó como perjudicado el 27 de marzo del 2019, un mes antes de las elecciones generales, y denunció ser víctima de una "trama criminal" de las cloacas del Estado, lo que fue además motivo principal de su campaña electoral. El juez le aceptó entonces la condición de perjudicado, que mantuvo hasta que Bousselham declaró que la tarjeta que le había entregado estaba dañada y reconoció, además, que fue ella misma quien había hecho y enviado a terceros algunos de los 'pantallazos' de las conversaciones en las que aparecía Iglesias y que acabaron publicados en OK Diario, pese a que eso mismo lo había negado previamente ante el juez.

Esta última versión de la exasesora coincide, en parte, con la tesis que defiende públicamente y defendió ante el juez García-Castellón el exabogado de Podemos José Manuel Calvente, que aseveró que todo este caso es un montaje político de Iglesias y su equipo, a sabiendas, sostiene él, de que la circulación de que esos mensajes no se debían a ninguna conspiración de instituciones del Estado, sino a 'pantallazos' y reenvíos de la propia Bousselham o su entorno.

En el contexto de estas declaraciones, de hace unos meses, Iglesias perdió la condición de perjudicado. Eso provocó que su exasesora volviera a dar marcha atrás y modificara, otra vez, su versión de los acaecido en un intento de revertir la situación. Finalmente, en septiembre pasado, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional volvió a considerar a Iglesias como perjudicado en la causa aduciendo que no había pruebas que sustentasen las hipótesis alternativas y advirtiendo al juez García-Castellón de que "no le compete investigar cuestiones ajenas a la causa, como, por ejemplo, si fue o no Iglesias quien dañó la tarjeta".

LOS PRESUNTOS DELITOS

-Descubrimiento y revelación de secretos. El juez considera que Iglesias accedió sin consentimiento a datos y archivos personales de su exasesora y decidió guardárselos. Le acusa de "apoderamiento" de material "íntimo y personal" con la agravante de "razones de género". Este delito está castigado con entre 1 y 4 años de cárcel.

-Daños informáticos. El magistrado cree que el vicepresidente "procedió a inutilizar" la tarjeta del móvil , aunque reconoce que no tiene pruebas de que fue él quien provocó los daños en el dispositivo. Este delito está penado con entre seis meses y 3 años de prisión.

-Denuncia falsa o simulación de delito. Según el juez, Iglesias diseñó una estrategia para presentarse como víctimas de las "cloacas del Estado", lo que incluyó "el uso torticero del proceso penal" al denunciar en los tribunales a 'OK Diario' pese a que "sabía que Dina era el origen de la filtración". La denuncia falsa puede comportar hasta dos años de cárcel. La simulación de delito acarrea una multa.