Los casos de Arrufat y Bosch ponen en entredicho los protocolos de los partidos contra la violencia machista

El exdiputado Quim Arrufat tenía una denuncia interna por agresión sexual y otra por abuso sexual cuando decidió abandonar la CUP en el 2019. Una mujer le denunció por agresión sexual en el 2014, cuando aún era diputado en el Parlament, y cinco años después recibió otra denuncia interna por abuso sexual. Hace seis años, los anticapitalistas no tenían un protocolo vigente y se creó una comisión para abordar ese primer caso, que se encadenó al segundo, según destapó el diario 'Ara'. Arrufat fue nombrado portavoz del secretariado nacional en el 2016 y dejó la formación mientras el proceso de gestión seguía abierto.

La situación se repite en el caso de acoso sexual en la Conselleria d'Exteriors. El entonces jefe de gabinete, Carles Garcias, dejó la militancia antes del cierre del caso interno, por lo que no se le aplica sanción alguna. La única restricción es que no puede volver a militar en la formación republicana. La dirección de ERC, por otra parte, ha clausurado, sin imponer ninguna sanción, el expediente que había abierto al 'exconseller' de Exteriors, Alfred Bosch, quien dimitió el 9 de marzo tras destaparse los abusos de su mano derecha. ERC considera que Bosch "asumió motu proprio las máximas responsabilidades políticas que se le podrían exigir al dimitir".

Carla Vall: "Los protocolos contra el acoso no pueden suplir al derecho penal"

"Una mala gestión y un mal protocolo", resume sobre estos casos la abogada penalista experta en violencias machistas, Carla Vall. Una de las flaquezas básicas de los protocolos es el ámbito de actuación: solo actúan donde tienen capacidad de influencia, es decir, dentro del propio partido. ¿Y quién los aplica? La propia formación. "El abordaje de las agresiones no lo puede hacer el propio partido, tiene que haber independencia y no puede obedecer a otras lógicas internas", opina preguntada por las exoneraciones.

Otra debilidad es la falta de concreción en las actuaciones: "Hay conceptos en blanco, demasiado ambiguos. Una cosa es dejar un margen de discrecionalidad y otra muy distinta es dejar un margen para la arbitrariedad", continúa Vall sobre los protocolos. Su receta pasa por la creación de comisiones externas e independientes, protocolos claros y con garantías, y "menos corporativismo".

El acceso a la justicia

Tanto la guía de la CUP como la de ERC se rige por un principio de confidencialidad en cuanto al anonimato y protección de la persona agredida. Si ella no quiere hacer público el caso, todo queda puertas adentro, aunque esto en algunas ocasiones puede llegar a amparar al agresor, especialmente si sigue ejerciendo sus cargos. "Los partidos no pueden actuar de oficio porque, en el caso de las violencias sexuales en adultos, debe ser la víctima la que inicie el proceso judicial ya que se trata de un delito semiprivado", recuerda Vall. Los anticapitalistas fijan en su protocolo que actúan de oficio con sentencia judicial o en caso de agresión sexual "si está en riesgo grave la integridad de la mujer o de terceros".

¿Los protocolos pueden llegar a desincentivar la vía judicial? Según la abogada, el problema radica en que hay casos en que las personas agredidas podrían elegir no acudir a la justicia por su situación personal o por el periplo judicial que supone, por lo que optan por una solución intermedia, que sería la denuncia dentro del partido. "Los protocolos deberían reconducirse para facilitar y acompañar el acceso a la justicia [...] Difícilmente los partidos pueden reproducir un modelo paralelo que intente suplir los tribunales porque no habrá las medidas suficientes para las agredidas. Hay soluciones que solo puede ofrecer el sistema, como, por ejemplo, las órdenes de alejamiento", zanja.

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