26 oct 2020

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EL CHOQUE ENTRE INSTITUCIONES

Último aviso a Casado para desbloquear el CGPJ

El PP está a tiempo de un tercer y definitivo intento para desbloquear el poder judicial

Sánchez cambiará las reglas del juego por ley si los populares definitivamente no ceden

Gemma Robles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, en una cita reciente

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Pablo Casado, en una cita reciente / Pool

Se ha puesto en marcha la maquinaria gubernamental para preparar una reforma de la Ley orgánica del Poder Judicial, factible con los votos del PSOE y sus socios habituales. Pedro Sánchez ha hecho oficial el encargo. Pablo Iglesias aplaude porque es lo que siempre ha defendido. El objetivo es, como mínimo, limitar el poder de ese órgano una vez caduca su mandato si algún partido político, como actualmente hace el PP, se empeña en impedir la negociación parlamentaria para poder renovar a sus miembros y opta por el bloqueo. 

Teóricamente, se trata de que ningún partido se aproveche de que se necesita el apoyo de tres quintos de las Cámaras para sustituir a los jueces dentro del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), a fin de conservar mayorías que se le antojen propicias para sus intereses. Especialmente cuando está en la oposición. Sin embargo los impulsores de esta potencial reforma podrían ir más allá y, en vez de limitar las capacidades a un Consejo con mandato superado, forzar incluso que 12 de los 20 vocales del Consejo sean elegidos con una simple mayoría absoluta en Cortes y no con una mayoría tan reforzada. No está descartado. Pero junto al objetivo aparente de impedir bloqueos futuros hay otro clave: lanzar una last call, un último llamamiento a Pablo Casado para que se avenga a una negociación de urgencia si no quiere avalar, con su quietud, un cambio de reglas del juego.  

Los grupos que respaldaron a Sánchez en la investidura son muy escépticos sobre Casado. La iniciativa conjunta que firmaron en este sentido hace unos días de nada ha servido. Los vaivenes del jefe del PP; su pugna por el espacio de la derecha más radical con moción de censura de Vox en puertas y, por supuesto, la bochornosa batalla política que se libra en Madrid por la pandemia no invitan al optimismo. Además, uno de los efectos colaterales e inesperados del bloqueo del poder judicial ha sido reconvertido por Casado en estrategia a corto plazo: la feroz competencia con Abascal para ver quién defiende más al Rey tras la reciente ausencia de Felipe VI en un acto con jueces en Barcelona, por decisión de Moncloa y en contra del criterio del CGPJ. 


Cabe destacar que a esta jugada no se han apuntado solo los populares. Lo han hecho otros, con fines opuestos. Desde el propio Gobierno, los ministros Pablo Iglesias y Alberto Garzón, ambos de Unidas Podemos, han aprovechado también la difusión de una llamada del monarca a Carlos Lesmes, de la que dio cuenta a la prensa el propio presidente del Consejo, para reprochar vía redes sociales al jefe del Estado que sobrepasara sus funciones constitucionales al transmitir a terceros su discrepancia con decisiones de Moncloa. Y abierto el debate a todas las bandas, se han ido apuntando voluntarios en uno y otro bando: los empresarios con un comunicado de apoyo al Rey; los expresidentes Mariano Rajoy y Felipe González en el Foro de La Toja con palabras de respaldo y republicanos y organizaciones de izquierda abogando por una discusión social más atrevida. 
 

El rey en medio del choque

Los socialistas, con Sánchez a la cabeza, han insistido en que su postura sobre la monarquía parlamentaria es conocida. Eso sin poder ocultar su incomodidad por tener que tomar posición, en los últimos días y en parte por iniciativa de sus propios socios, en una disyuntiva que consideran peligroso alimentar justo ahora, con Juan Carlos coyunturalmente exiliado y a la espera de noticias judiciales desde el Supremo y la imagen de la Corona tocada.

Pues en este contexto, en el que al debate del modelo territorial se le ha sumado un terremoto en las principales instituciones del Estado e incluso un choque de trenes entre algunas de ellas (en mitad de una crisis sanitaria sin precedentes) Sánchez saca del cajón una advertencia: la posible reforma de Ley del Poder Judicial para forzar su renovación, a la que está dispuesto, salvo que Casado use su última oportunidad para desactivarla. Los socios de Sánchez lo tienen claro: ellos no ven opción con el PP. Y están convencidos desde hace mucho tiempo. 

Los avisos navideños

Fue la pasada Navidad cuando, en las conversaciones cruzadas entre socialistas, morados, republicanos, nacionalistas vascos y dirigentes de otros grupos de izquierda para hacer posible un gobierno, tras repetir las generales, se insistía en que el PSOE debía «tomar las riendas» de las justicia para que aquello saliera bien. O, al menos, arrebatarle el control y la capacidad de bloqueo al PP Sánchez tomó nota. De hecho él ya había sido testigo de cómo se evaporaba el acuerdo alcanzado con Casado en noviembre de 2018.

Aquello se fue al traste por un volantazo de urgencia del líder popular. De hecho se llegó a difundir entonces que el elegido para la presidencia del CGPJ era Manuel Marchena y que se abría la puerta a una mayoría progresista de vocales. Pero la falta de comprensión con el gesto de su nuevo jefe, en unas filas populares aún heridas por la moción de censura a Rajoy, enfrió el pacto. Y terminó definitivamente con él la publicación en El Español de un whatsapp del portavoz conservador en el Senado, Ignacio Cosidó, jactándose de que con dicho acuerdo seguirían «controlando desde detrás» la Sala de lo Penal del Supremo (que enjuicia a parlamentarios y miembros del Gobierno) y presidiendo la del 61 (ilegalización de partidos).

Pese a aquel episodio fallido; pese a la advertencia de sus propios socios en las negociaciones de Navidad y tras arriesgar en el campo de la justicia -la designación de la exministra Dolores Delgado como Fiscal General levantó enorme polémica-, Sánchez volvió a buscar el desbloqueo con Casado. Y volvió a fracasar. Fue este verano. Por segunda vez se creyó hilvanado un acuerdo sobre el poder judicial con el PP. Por segunda vez el líder popular echó marcha atrás coincidiendo con otra crisis interna en su partido, en este caso por su pulso con Cayetana Álvarez de Toledo. Los conservadores justificaron su nuevo bandazo denunciando la forma en que se había gestionado, también en esos días, la salida del Rey emérito de España y la posición de Podemos. Ahora tienen una última oportunidad, pero esta vez hay preparado plan b de desbloqueo sin ellos. Y dará de qué hablar.