Òmnium presiona a la ONU y a Europa para que España investigue las cargas del 1-O

Òmnium Cultural se ha dirigido este miércoles, la víspera del tercer aniversario del referéndum del 1-O del 2017, a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y al Consejo de Europa para que insten a España a investigar las cargas policiales de aquella jornada. La entidad soberanista ha mandado una carta, con un informe adjunto, a Michelle Bachelet, alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos, y a Dunja Mijatovic, comisaria de derechos humanos del Consejo de Europa.

La organización emprende con esta maniobra la segunda parte de una campaña a instancias internacionales que comenzó con una querella criminal contra el Rey emérito y una petición a Suiza para que bloquee sus cuentas. 

"La violencia del 1-O no puede quedar impune [...] Los poderes del Estado están obstaculizando la investigación", ha espetado el vicepresidente de Òmnium, Marcel Mauri, y ha recordado que aún no se ha aclarado quién dio las ordenes de cargar contra los votantes del referéndum. A su juicio, la fiscalía está poniendo trabas a la investigación porque no ha hurgado en los responsables del operativo y "dificulta" la identificación de los agentes que actuaron. Según la entidad, durante el 1 de octubre del 2017 hubo 1.066 personas heridas, 633 denuncias presentadas (la mitad, 298, en Barcelona) y por ahora solo hay 13 causas que siguen abiertas en los juzgados catalanas. Por este motivo, han anunciado que estudian personarse como acusación popular en todas las causas abiertas.

"Ni un solo agente ha sido juzgado y condenado", ha criticado el abogado Olivier Peters. Desde Suiza, ha explicado que las reacciones internacionales que pueden esperar es otra advertencia a España "metiendo presión para cumplir sus obligaciones internacionales tomando declaración a todos los implicados" o bien que "ante los procedimientos abiertos por la Justicia española, en el caso que no haya condenado, sean recurridos y lleguen a Estrasburgo para que haya una condena al Estado español".

Pocos días después del referéndum, el Consejo de Europa pidió una investigación "rápida e independiente" al Gobierno del PP sobre el uso de la fuerza el 1-O. "No es suficiente con abrir un expediente y después guardarlo meses o años en un cajón. El derecho internacional exige una investigación eficaz y efectiva que permita aclarar el origen y condenar a los responsables que ordenaron esta fuerza [...] También existe obligación reparación víctimas: reconocimiento, indemnización y garantía de no repetición", ha explicado.