La Comisión Europea afea a España el retraso en la renovación del Poder Judicial

Los países de Europa central y del este, como Hungría o Polonia, no son los únicos que afrontan "desafíos" importantes en relación al respeto del estado de derecho y la calidad democrática. España también tiene cuestiones por las que sonrojarse y de ellas se hace eco el primer informe sobre el Estado de derecho en los Veintisiete adoptado por la Comisión Europea para alertar de posibles derivas en los Estados miembros. El documento, que no menciona el conflicto catalán ni las dificultades de España con la euroorden, sí constata los retrasos continuados en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la creciente lentitud de los procedimientos judiciales, la relación entre la Fiscalía General del Estado y el Ejecutivo así como el registro de las comunicaciones con el Ministerio de Justicia.

El análisis, una mera exposición de la situación que el Ejecutivo comunitario realizará a partir de ahora una vez al año como medida de prevención, arranca constatando que el sistema judicial español afronta "desafíos" importantes. Para empezar el hecho de que el CGPJ "ha estado ejerciendo sus funciones de forma interina desde diciembre de 2018" debido a la falta de acuerdo para su renovación. Una situación, según recuerda el documento, que el presidente en funciones, Carlos Lesmes, considera una "anomalía institucional" que de prolongarse "podría desacreditar al órgano". 

El texto también se hace eco del aviso del Consejo de Europa –un órgano intergubernamental con sede en Estrasburgo- sobre la importancia de garantizar que el CGPJ "no sea percibido como susceptible de politización". En este sentido, el Ejecutivo comunitario advierte que la percepción de los españoles sobre la independencia de la justicia es mediocre y que desde 2016 ha variado considerablemente, tanto entre los ciudadanos como entre las empresas.

El informe hace, sin embargo, ninguna referencia ni a las decisiones judiciales sobre Catalunya. "Ya saben cual es la posición de la Comisión Europea. Es una cuestión interna de España, que se debe tratar en línea con su orden constitucional español y la Comisión respeta plenamente el orden constitucional español y respeta plenamente las decisiones del ordenamiento jurídico español. Aquí hablamos aquí de cuestiones sistemáticas del estado de derecho relacionados con el sistema judicial y otros capítulos y no comentamos cuestiones particulares", ha justificado en rueda de prensa el comisario de justicia, Didier Reynders. 

Independencia de la Fiscalía

En cuanto a la independencia del ministerio fiscal, el informe recuerda que la relación entre fiscalía general y gobierno es una cuestión "a debate" y que el sistema de nombramientos ha sido objetivo de "críticas" debido a que el mandato del fiscal general termina a la par que el del Ejecutivo. "El sistema ha sido objeto de críticas en particular por la coincidencia del mandato que puede afectar a la percepción de la independencia", alerta Bruselas que advierte que, según ha señalado el Consejo de Europa en el pasado, para lograr la confianza de los ciudadanos no solo es crucial que la fiscalía sea imparcial, objetiva y libre de injerencias sino que los parezca, especialmente de las cuestiones de naturaleza política. 

La Comisión Europea también se hace eco de la petición del Consejo de Europa de dar una mayor autonomía al ministerio fiscal, particularmente en cuanto a la transparencia de las comunicación con el gobierno para garantizar una mayor publicidad de los comunicados del Ministerio de Justicia y alerta de las demoras en los procesos judiciales que son "cada vez más largos" y especialmente en los casos civiles y comerciales en el Tribunal Supremo, donde superan los 600 días.

Lucha contra la corrupción y libertad de expresión

En las 11 páginas de documento, Bruselas también evalúa las prácticas contra la corrupción, un ámbito en el que se han realizado dos reformas en los últimos cinco años aunque Bruselas insiste en que echa de menos una estrategia global mientras que reclama "atención especial" a la protección de los denunciantes y el tratamiento de los grupos de presión. Aunque el documento señala que el Gobierno ha empezado a trabajar en un borrador de ley para proteger a los denunciantes, recuerda que de momento carece de un marco de protección general y que no existe "legislación específica sobre los lobbies". 

El pluralismo mediático y la libertad de expresión es otro de los ámbitos que generan también preocupación. Bruselas alerta de que en los últimos años han aumentado las "hostilidades" hacia los periodistas, con amenazas y ataques incluidos, y se hace eco de las preocupaciones expresadas por la sociedad civil en relación a la protección de la libertad de información en la nueva ley de seguridad ciudadana.