29 oct 2020

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LUCHA CONTRA LA POBREZA

Los 'comuns' quieren doblar la ayuda por hijo de la renta de ciudadanía

Buscan rebajar por ley la edad para acceder a la prestación y dar una nueva ayuda para la vivienda

Creen que con los cambios la tasa de pobreza severa infantil en Catalunya podría caer hasta el 7%

Daniel G. Sastre

Colas de usuarios en un banco de alimentos de Barcelona durante el pasado estado de alarma.

Colas de usuarios en un banco de alimentos de Barcelona durante el pasado estado de alarma. / FERRAN NADEU

La crisis social aparejada a la pandemia de coronavirus ha agudizado las dificultades de algunos colectivos que ya estaban en una situación muy delicada. Entre las medidas para intentar que la precariedad de una parte importante de la población no se agrave hasta límites insostenibles, los 'comuns' creen la renta garantizada de ciudadanía que Catalunya aprobó en el 2017 podría ampliarse y mejorar su efectividad.

Es un momento político también complicado en Catalunya. Todos los grupos están pensando ya en las elecciones, que están a la vuelta de la esquina si finalmente el Tribunal Supremo confirma la inhabilitación de Quim Torra. Pero Catalunya en Comú Podem no quiere que es circunstancia le impida dejar "negro sobre blanco" sus ideas sobre cómo perfeccionar una herramienta cuya puesta en marcha ha tenido sombras desde el principio.

"Ni un euro menos"

Por eso se han decidido a impulsar una proposición de ley, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, para reformar la renta garantizada que busca asegurar que los 380 millones de euros presupuestados se gasten efectivamente en proporcionar "los ingresos mínimos para una vida digna a las personas y unidades familiares que se encuentran en situación de pobreza", como es el objetivo de esa prestación.

Ese propósito podría estar en riesgo, paradójicamente, tras la aprobación por parte del Gobierno español del ingreso mínimo vital, que podría solaparse con la renta garantizada catalana. Para evitarlo, los 'comuns' pretenden introducir mejoras en la prestación catalana principalmente en cuatro áreas: facilitar los requisitos de acceso, mejorar las cuantías, eliminar la condicionalidad a que se sigan itinerarios de inserción laboral y mejorando la gestión de la ayuda.

"No queremos que se pierda ni un euro de lo presupuestado", afirma Marta Ribas, portavoz adjunta de Catalunya en Comú Podem en el Parlament. Su grupo plantea, por ejemplo, reducir la edad mínima para solicitar la renta garantizada de 23 a 21 años y doblar la cantidad que las familias en riesgo reciben por cada menor a su cargo. De 100 euros pasarían a cobrar 200, en consonancia con las recomendaciones de entidades como la oenegé Save the Children.

Nueva ayuda para vivienda

Además, los 'comuns' quieren eliminar el tramo condicional de la renta garantizada a seguir itinerarios de inserción laboral para sustituirlo por el "derecho" a participar en ellos, y reducir el tiempo máximo de resolución de una solicitud de cuatro mesos a un mes, "aplicando la lógica de ventanilla única de tramitación de la renta garantizada y el ingreso mínimo vital" para dejar clara la "complementariedad" de las dos ayudas. Otro de los puntos importantes de la proposición de ley es crear una nueva prestación, complementaria a la renta garantizada, que permita "cubrir las necesidades básicas de acceso a la vivienda".

Ribas piensa que la renta garantizada "no está siendo efectiva" en la lucha contra la pobreza extrema, y alerta de que los efectos de la crisis provocada por el coronavirus empeorarán aún más la situación. Con las mejoras que propone su formación, sobre todo con la relativa al aumento de la cantidad por hijo y a la ayuda extra para la vivienda, cree que el nivel de pobreza severa infantil en Catalunya podría pasar de un 13% a un 7%.

Obstáculos en la tramitación

Después de que la oposición tumbara en agosto el decreto ley del Govern para adaptar la renta garantizada a la llegada del ingreso mínimo vital, precisamente porque los beneficiarios de las prestaciones verían suspendida la tramitación de la renta garantizada de ciudadanía hasta que el Estado resolviese si les concede el ingreso mínimo vital, los 'comuns' se han decidido "ponerle forma" a su propuesta. Son conscientes de que la tramitación de una norma de estas características suele llevar "al menos un año", y de que la legislatura no durará tanto. Pero buscan "abrir un debate", en palabras de Ribas. "Y, además, el primer día del próximo curso político podemos registrarla de nuevo", añade.