Guiño de Sánchez con los presos del 1-O antes de los Presupuestos

En política, a veces basta con seguir la línea de puntos. Un gesto que sucede a otro y que lanza un mensaje. Esa cadena es la que ha ido trabajando el Gobierno en estos días, semanas, en los que ha ido reconstruyendo la mayoría de la investidura, abonando ese terreno de cara a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) –la principal empresa política de Pedro Sánchez, junto con la lucha contra el covid–, sin cerrar por completo la puerta a Ciudadanos. Así, este miércoles el Ejecutivo, de manera sorpresiva y en sede parlamentaria, anunció que la semana próxima comenzará a tramitar las peticiones de indulto de los 12 condenados por el 'procés'. Guiño que se sumaba a la incorporación al plan anual normativo del Gobierno, y a última hora, de la revisión de los delitos de sedición y rebelión en el Código Penal.

Fue el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, un ministro prudente, el que reveló en el Congreso el siguiente paso del Ejecutivo. Gesto nada casual. Fue en la sesión de control, en los últimos segundos de su respuesta a la portavoz de JxCat, Laura Borràs, que ni siquiera le había preguntado por ello. La noticia pilló con el pie cambiado y hasta al propio PSC, que sí había urgido a Sánchez a abrir el camino de la reforma del Código Penal para dar una salida a la crisis territorial. 

Fue el ministro Campo, en un movimiento calculado, quien reveló el paso del Gobierno

Ante la crítica inmediata de la derecha, Campo insistió, en una entrevista posterior en 'Al rojo vivo' (La Sexta), que su ministerio daba "cumplimiento a la ley". Se ponía en marcha un trámite que la pandemia paralizó, "la iniciación de un procedimiento obligado legalmente".

En ese subrayado incidían ministros y altos cargos consultados por EL PERIÓDICO: arranca un trámite —la novedad es, de hecho, el anuncio, de ahí el calado del mensaje al independentismo–, "sin prejuzgar la decisión final". Se estudiarán los expedientes "con rigor y transparencia", garantizó Campo. "Es prematuro" anticipar qué decisión adoptará el Consejo de Ministros, añadió. 

"El precio de la investidura"

La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, negó por la tarde que se trate de una señal dirigida a ERC y PDECat, posibles aliados presupuestarios. "En absoluto. Es una obligación —replicó a los periodistas—. El ministro de Justicia tiene plazos para tramitar los expedientes. Plazos que si incumple incurre él mismo en un delito".

El Ejecutivo insiste en que se limita a cumplir con la ley, "sin prejuzgar" lo que haga el Consejo

"Que se serene el PP porque entre las obligaciones de la Administración General del Estado, en este caso del Ministerio de Justicia, está tramitar todos los indultos que se registran. Así que el PP se tiene que serenar, porque lo que no puede hacer este Gobierno es no tramitar lo que está obligado a tramitar siempre, lo pida quien lo pida y con las razones que lo pida", reclamó la número dos del Gabinete. Y es que Pablo Casado había advertido por la mañana de que los indultos son "el precio de la investidura" de Sánchez. Su partido, dijo, recurrirá al Supremo las medidas de gracia, si llegan a aprobarse. Impugnación judicial  que también avanzó la ultraderecha de Vox.

En realidad, la ley de 1870, la que regula el indulto, no tasa plazos, pero sí obliga a tramitar las solicitudes. "Y hay prácticas", usos, precisaban en la Moncloa, que se han venido respetando, de tal manera que las peticiones no mueran en un cajón, porque eso sería tanto como prevaricar. En este caso, se comenzará por tramitar la primera solicitud que entró en el registro de Justicia, la que registró, en enero, el abogado catalán Francesc Jufresa, que no participó en la defensa de ninguno de los procesados y que requirió el indulto para los 12 condenados "por causa de equidad y de utilidad pública". 

La respuesta tardará, como poco, seis meses. Entre ocho y diez, pronosticó Campo. Justicia deberá recabar informes del tribunal sentenciador —en este caso, el Supremo, que fue el que condenó a los 12 líderes independentistas, a nueve de ellos a prisión–, de la cárcel donde cumplen la pena y de la fiscalía. Esos dictámenes son preceptivos, no vinculantes, pero no es habitual otorgar la medida de gracia con dos exámenes desfavorables, como es previsible que ocurra. Y es que el TS fue el que impuso las penas que ahora podrían conmutarse total o parcialmente, mientras que los fiscales encargados de redactar el informe serán los del 'procés', que durante el juicio solicitaron una pena muy superior a la impuesta al pedir una condena por rebelión y no sedición, que fue la opción por la que se decantó el alto tribunal. 

"Normalizar"

Fuentes del Ejecutivo no negaban, con todo, la voluntad de "normalizar", de desatascar el laberinto catalán, de crear un marco favorable, sobre todo ahora que la mesa de diálogo está bloqueada por Quim Torra y ERC necesita bazas para su electorado. El conflicto se "resuelve con política", observó Campo en La Sexta. No hay que perder de vista, además, que la próxima semana es la del tercer aniversario del referéndum unilateral del 1-O, y se acerca el primer año transcurrido desde la sentencia del 'procés' que incendió las calles de Catalunya. Así que este anuncio del ministro podía ayudar a un clima más relajado. No obstante, como advertía un miembro del Gabinete de coalición, puede verse la medida como un "gesto", sí, pero también como un modo de pasar la patata caliente al TS y a la fiscalía, que probablemente elaboren sendos informes contrarios que tendría muy difícil desatender Justicia.

La derecha carga con dureza y anuncia recursos, mientras el independentismo acoge con recelo el anuncio de Campo

En el Gobierno y en el PSC se indica que la vía preferente seguirá siendo la de la revisión del Código Penal, que saldrá del horno del Consejo de Ministros antes de fin de año rumbo al Congreso, donde le espera una tramitación rápida, aunque puede que no exprés, como se ha barajado. Esta alternativa tiene la ventaja de que es el Ejecutivo el que puede controlar los tiempos, mientras que los indultos pueden demorarse, ya que todo dependerá de la prisa con la que redacten sus informes el TS y la fiscalía.

A esta cadena de gestos se suma otro hecho: el Rey no irá este viernes, 25 de septiembre, a Barcelona a la entrega de despachos judiciales. Un capítulo no explicado por el Ejecutivo. "Está muy bien tomada esa decisión", ofreció por toda respuesta Calvo ayer, sin concretar quién la tomó. "Quien corresponde", sentenció tajante. La hipótesis de que se impedía la presencia de Felipe VI por "motivos de seguridad" no era cierta, incidieron distintas fuentes del Ejecutivo. "Si un Gobierno no puede garantizar la seguridad en cualquier parte del territorio es que es un Gobierno fallido", apuntaba una ministra a este diario. Fuentes socialistas apuntan, como una razón más plausible, la inminencia de la sentencia de inhabilitación de Torra por el TS y la inconveniencia de que el jefe del Estado viaje a la capital catalana en un contexto que de nuevo se tensará. 

El Ejecutivo no quiere perder a los republicanos, al margen de con quién pacte los PGE. Pero sí es cierto que el clima más propicio a una entente con Cs que existía a finales de agosto ha tornado a un ambiente de distensión con la mayoría de investidura, apuntalado por la presión de Pablo Iglesias y visibilizado con las reuniones de él mismo y Calvo con los socios. Este miércoles, de hecho, la vicepresidenta siguió su ronda de contactos con PNV y Bildu. Ambos partidos mostraron su disposición al diálogo.

Tras el guiño al soberanismo, Cs no se levantó de la mesa. Mostró su rechazo y anunció recurso si los indultos llegan, pero continuará hablando con el Gobierno, y también de las cuentas. "Sánchez tendrá que elegir. Nosotros o ERC", reiteraron fuentes del partido naranja.

El independentismo, que apuesta por la amnistía, y no por el indulto —amnistía que no cabe en la Constitución, repite el Gobierno— acogió la noticia con el recelo previsible. ERC, en palabras de su portavoz, Marta Vilalta, no vio ningún "gesto", ya que el proceso lo marca la ley. El PDECat sí cree que los indultos pueden "facilitar un proceso real de diálogo con el Estado", aunque solo sería "un parche" que no resolvería "el problema político de fondo". Hasta para JxCat la "bomba" –Borràs llamó así al anuncio de Campo–, la "buena noticia", no es ajena a la negociación de PGE. Pero se queda, a su juicio, corta, al tratarse de una salida "personal" y al haber "2.850 represaliados" separatistas y necesitarse una solución a un conflicto "político". Y mientras los comunes, con Jaume Asens a la cabeza, se apuntaron el tanto, por haber empujado a favor de la "desjudicialización de la política".