VISTA EN EL SUPREMO
Torra descarta elecciones y abomina de la vía del diálogo
El ‘president’ Quim Torra hacía tiempo para entrar en el Supremo, rodeado de representantes del independentismo político y social, sin ver que le daba la espalda, en la plaza de las Salesas, al busto de Jean-Jacques Rousseau. A Torra le hubiera sido de gran utilidad para el mensaje político que traía a Madrid darse la vuelta y fotografiarse también con el busto del filósofo y tratar de trazar algun paralelismo («renunciar a la libertad es renunciar a la cualidad de los hombres", proclamó el erudito defensor de la forma de gobierno republicana) a la hora de proclamar ayer en Madrid su particular «adiós España» particular y a decirle a su socio, Esquerra, que no pactará con ellos una fecha electoral y que su estrategia de dialogar con el Estado es un error porque España «pisa las más básicas nociones de la democracia» y es «incapaz de reformarse en nada».
Rufián insiste en pactar calendario
Llegó Torra relajado al Supremo, con el apoyo de representantes de todo el independentismo y de Bildu. Entró junto a la ‘consellera’ Budó y el vicepresidente Aragonès, posible candidato de una ERC que, por boca de Gabriel Rufián, minutos antes le volvió a pedir al ‘president’ que pacte con todo el independentismo el escenario para «reforzar las instituciones». Es decir, para evitar que el Supremo sea el que acabe convocando las elecciones, algo que también la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell también reclama, en TV-3.
Pero la estrategia de Torra estaba clara desde que cambió a su Govern, posiblemente a cambio de ceder ante Puigdemont sobre el calendario electoral. Se trata de usar la sentencia como una palanca política. Un ejemplo más de la falta de respeto a la libertad de expresión y a las ideas soberanistas, a su juicio.
Mensaje de Puigdemont en la sala
Así pues, ya en la vista, el abogado del ‘president’, Gonzalo Boye trazó un discurso político, cuestionando la imparcialidad de los jueces que condenaron ya en Barcelona a Torra, afirmando que la Junta Electoral no es autoridad superior e incluso parafraseando las tesis de Puigdemont y proclamando la «confrontación inteligente» y denunciando un trato discriminatorio por ser Catalunya una «minoría nacional».
Torra, sentado como invitado, asistió en silencio. Su estancia en Madrid fue plácida. Tan solo un grito de «¡a la cárcel, golfo!», de un transeunte a las puertas del alto tribunal. Después, a la salida, en un discurso dibujado claramente en forma de manifiesto acusatorio, el ‘president’ confirmó:«No seré yo quien en este momento tan crítico aboque a una carrera irresponsable que paralizaría la administración catalana».
El discurso, emitido en directo y sin preguntas -por lo reducido del espacio en la céntrica delegación de la Generalitat- fue una enmienda a la totalidad a las propuestas de Esquerra de dialogar con el Estado, como había vuelto a defender Rufián minutos antes. Un Estado «con una decadencia galopante», una democracia procedente del franquismo, y una unidad indisoluble «que pasa por encima de la independencia judicial». En su denuncia, el ‘president’ repasó los distintos casos judiciales del independentismo y sostuvo que el cambio de Gobierno en España no ha generado ningun cambio real.
En clave de precampaña -una larga precampaña, la que se avecina- Torra también apeló a la vía irredenta para lograr la independencia:«No esperaremos a ningún cambio del Estado para ejercer un derecho que nos es inalienable, si la mayoría de los catalanes quieren construir una república libre».
«Ni jueces ni administradores ni militares pueden recortar ni un milímetro la soberanía del Parlament», proclamó. Un nuevo desafío que anticipa un posible nuevo ciclo de convulsión en el Parlament si se confirma la inhabilitación y Torra se niega a aceptarla, como se intentó negar a perder su condición de diputado. Tras su elocución, el ‘president’se marchó a toda prisa en el siguiente AVE, dejando su presidencia en manos del Supremo enmedio de la división interna del independentismo sobre qué salida tiene una legislatura a la que ya en enero Torra dio por finiquitada y que vive una prórroga de miradas de reojo y cálculos aritméticos.
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