28 nov 2020

Ir a contenido

VISTA DE CASACIÓN

La defensa de Torra esgrime trato desigual a una "minoría nacional" para reclamar su absolución

Boye utiliza a Pedro Sánchez y a Álvarez de Toledo para combatir la condena del 'expresident'

La fiscalía hace un informe muy técnico para defender la autoridad de la JEC para sancionarle

Ángeles Vázquez

Quim Torra llega al Tribunal Supremo. / JOSÉ LUIS ROCA / VÍDEO: EFE

"Nosotros no somos unos antisistemas, que piensan que ya han decidido" fue como empezó su intervención Gonzalo Boye el abogado del presidente de la Generalitat, Quim Torra, ante los cinco magistrados de la Sala Segunda del Tribunal Supremo en cuyas manos está el año y medio de inhabilitación que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) por negarse a retirar los lazos amarillos, pese al requerimiento en ese sentido de la Junta Electoral Central.

Boye apeló a la sanción impuesta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la campaña de 2019 y a las palabras de la exportavoz del PP Cayetana Álvarez de Toledo cuando llamó "terrorista" al padre del líder de Podemos Pablo Iglesias. 

Pese a que el único punto en común entre estos episodios es que fueron protagonizados por políticos, Boye los utilizó para apelar a una supuesta "minoría nacional" como única explicación de lo que en su opinión es un trato desigual entre el caso de Sánchez, al que la JEC sancionó por conceder una entrevista desde Moncloa en periodo electoral, y el de Torra, cuya desobediencia fue admitida por él mismo ante el TSJC, aunque la justificara en que lo hizo en el ejercicio de sus derechos políticos y la libertad de expresión.

Durante su elaborado informe Boye jugó siempre que pudo con la carta de insinuar una discriminación hacia Torra por el hecho de ser catalán, por ejemplo, al asegurar que la jurisprudencia del Supremo ya estableció que la JEC no era competente para dar órdenes al presidente de una comunidad autónoma como había dicho en el caso de otro político, que"no era catalán o sí, porque era el presidente de Baleares", agregó. 

Su verborrea contrastó con la de la fiscal de Sala del Supremo Pilar Fernández Valcarce, que hizo un informe tan técnico que prácticamente solo se centró en defender la autoridad del árbitro electoral para ordenar a Torra retirar la pancarta de la discordia. "Es una actividad administrativa en un marco de actuación política, como es un proceso electoral", en el que la JEC es la autoridad, argumentó la representante del ministerio público.

A continuación, intervino Marta Castro, la vicepresidenta nacional jurídica de Vox, que trató de desbrozar la argumentación de la defensa, que calificó de "marketing político", para llegar el meollo de la discusión jurídica: si hubo desobediencia y si debe ser sancionada. "No se ha juzgado un acto político, sino la obligación de Torra de mantener su neutralidad en periodo electoral", aseveró.

Exhibir la pancarta

Entre el público les escuchaba el 'president', que arrancó el día con un mensaje en Twitter en el que se ratificaba en el simbolismo de la pancarta que le ha supuesto la condena. "Pues sí: libertad presos políticos y exiliados", escribió junto a una imagen de la polémica pancarta colgada del balcón del Palau de la Generalitat. Tras la vista, se desplazó a la delegación de la Generalitat en Madrid para hacer una declaración telemática sin presencia de medios de comunicación.

Su defensa, que fue la primera en intervenir, exprimió los 20 minutos con los que contó apelando a la necesidad de asimilar la jurisprudencia española a la europea, argumentando que no puede castigar dos veces la misma conducta, primero con una sanción económica y luego con el reproche penal que en el caso de Torra puede suponerle la pérdida de la presidencia catalana. 

Ejecución por el TSJC

La dificultad técnica del asunto, que básicamente consiste en determinar si desoír al árbitro electoral es sancionable penalmente o no, una vez que el propio Torra asumió la desobediencia, no se corresponde con la expectación mediática que despertó la vista. El motivo es que de confirmarse la inhabilitación de año y medio que le fue impuesta, deberá abandonar la presidencia de la Generalitat, cuando el TSJC, que fue quien impuso la primera condena, le notifique la resolución firme del alto tribunal en caso de que como se prevé esta sea condenatoria.

Las fuentes jurídicas consultadas descartan en principio que ello deba ser acompañado de una publicación en algún boletín oficial, puesto que será un fallo firme de la cúspide de la justicia y sería cuando menos paradójico depender, al menos en lo que se refiere al boletín autonómico, del propio inhabilitado. Además, cuestionan la efectividad que pueda tener cualquier decisión adoptada una vez conocido el fallo del Supremo, si este pasa por ratificar su inhabilitación.

El tribunal ha estado presidido por Andrés Martínez Arrieta, como magistrado más antiguo de la Sala Segunda, y el ponente de la sentencia que se dictará será Juan Ramón Berdugo. El resto del tribunal lo han compuesto Antonio del Moral, Susana Polo y Vicente Magro. Estos dos últimos no formaron parte del tribunal que condenó a los líderes independentistas por sedición. Tras escuchar los argumentos de las partes, los cinco se retiraron a deliberar.