La deuda histórica de Lluís Companys

En un mes se cumplirán 80 años del fusilamiento de Lluís Companys y 16 desde que empezó el gravoso ligitio político y legal para rehabilitar la figura del único presidente elegido democráticamente que fue asesinado en Europa tras la guerra civil y en el contexto de la segunda guerra mundial. El 15 de octubre del 2004, la entonces vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, prometió ante la tumba de Companys dar "satisfacción moral y jurídica" al 'president' ejecutado y a quienes sufrieron "procesos enfrentados a las mínimas reglas jurídicas que conforman la idea de un juicio justo". Pero aquel Ejecutivo no cumplió y ha habido que esperar tres lustros para llegase la reparación.

La ley de memoria democrática, cuyo borrador avanzó la semana pasada EL PERIÓDICO y aprobó este martes el Consejo de Ministros, supone un salto cualitativo en las ambiciones del PSOE en materia de memoria histórica. Anular los consejos de guerra y las sentencias de muerte franquistas ha sido una de las eternas reivindicaciones de las entidades memorialistas, decepcionadas con la ley aprobada en el 2007 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, que renunció a adoptar la ansiada medida que ahora refrenda el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Miles de condenados en la guerra civil o la dictadura serán al fin resarcidas, y el catalanismo político obtendrá la simbólica reparación a Companys.

150.000 españoles fueron fusilados o ajusticiados a garrote vil por motivos políticos, en cumplimiento de penas de muerte dictadas en juicios sumarísimos o en consejos de guerra sin garantías jurídicas, como el de Companys. Otros 500.000 fueron largamente encarcelados por idéntico procedimiento. Y a ellos hay que sumar los más de 30.000 desaparecidos tras ser ejecutados sin ser sometidos siquiera a un juicio injusto. El Gobierno de Zapatero, recién llegado a la Moncloa, se comprometió a impulsar una ley que anulase todas aquellas sentencias, pero ya advirtió de que habría que vencer un escollo jurídico: "conciliar los valores constitucionales en juego". A saber: la "justicia y la seguridad jurídica", por un lado, y la imposibilidad de sentenciar de nuevo la "cosa juzgada", por el otro.

Pero los obstáculos legales resultaron insalvables para la comisión interministerial que se creó a tal efecto y, dos años después, ella misma presentó una norma que omitía la prometida anulación. Alegó entonces que la ley de amnistía de 1976 impedía revisar de forma generalizada todos los juicios del franquismo, pues, según varias sentencias, se desarrollaron de acuerdo con la legalidad entonces vigente. El fiscal general del Estado a la sazón, Cándido Conde-Pumpido, no solo compartió plenamente ese criterio, sino que su argumentado rechazo a la anulación de estos sumarios fue determinante para que Zapatero desistiese de su propósito inicial. Encargó un informe al respecto a Fernando Herrero-Tejedor, fiscal de la Sala Militar del Tribunal Supremo contrario a toda reapertura judicial de causas del franquismo, que consideró "altamente contraproducente" la revisión de los consejos de guerra, argumentando que con ello se reabrirían las heridas, "totalmente cicatrizadas", de la guerra civil.

Una nota en el BOE

A los condenados y a sus herederos solo les quedó un consuelo en aquella norma: si lo solicitaban expresamente, el Estado podría declarar públicamente --mediante una escueta nota en el Boletín Oficial del Estado (BOE)-- la injusticia de las sentencias que padecieron. Sin efecto jurídico alguno ni derecho a indemnización. Ese tortuoso camino es el que siguieron muchas víctimas, entre ellas la nieta de Companys, María Luisa Gally, de la mano del Govern tripartito en octubre del 2008. Tres meses después, el Consejo de Ministros emitió una "declaración de reparación y reconocimiento personal de la figura" del 'president' fusilado. Según De la Vega, nada más se podía hacer desde el poder ejecutivo.

Ese documento, entregado a Gally en México en el 2009 por el ministro de Justicia, Francisco Caamaño, y el 'conseller' de Interior, Joan Saura, sirvió de espoleta para activar la vía judicial. La Generalitat instó a la fiscalía a pedir al Tribunal Supremo la nulidad del consejo de guerra que desembocó en el fusilamiento de Companys. Hubo otras 200 solicitudes similares de víctimas de la represión franquista. Pero la fiscalía, con Conde-Pumpido al frente, rechazó revisar el juicio al 'president' alegando que la ley de memoria ya declaraba "ilegítimos los tribunales franquistas y todas las condenas que dictaron por motivos políticos", lo que implica considerar nulas de pleno derecho todas las sentencias de la dictadura.

Sectores de la izquierda, como ERC, no se dieron por satisfechos y siguieron exigiendo un trato individualizado al caso de Companys. Los republicanos llevaron el caso hasta Argentina, aprovechando la causa abierta por una jueza para investigar los crímenes del régimen de Franco. Mientras, el paso del PP por la Moncloa congeló el debate sobre el 'president' mártir hasta que, en el 2017, el Parlament aprobó, con el apoyo de los populares, una ley que dejaba sin efecto las 64.000 sentencias dictadas en territorio catalán entre 1938 y 1978. Las dudas sobre los efectos legales de esta norma autonómica se disipan ahora, 16 años después de la primera promesa del PSOE, con una ley que salda una deuda histórica.

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