Sánchez rectifica tras el revés del Congreso y da aire a los ayuntamientos

Marcha atrás. Rápida, pero marcha atrás. El Gobierno de Pedro Sánchez permitirá a los ayuntamientos gastar más. Rectifica apenas cuatro días del revolcón que sufrió en el Congreso, cuando el pleno, por una humillante mayoría de 193 votos contra 156 (los de PSOE, Unidas Podemos y Teruel Existe), tumbó el decreto sobre los remanentes municipales. El Ejecutivo, y en concreto la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, había advertido a los grupos de que no habría un plan b, una "segunda oportunidad", de que si derogaban el texto los consistorios no podrían salir de su ahogo financiero provocado por el covid-19 salvo que la oposición presentara una alternativa.

El órdago, sin embargo, se diluyó en días. Incluso en horas, porque el viernes, al día siguiente de la derrota en la Cámara, el PSOE y el Gobierno admitían que alguna salida habría que buscar para no dejar "tirados" a los ayuntamientos. No precisaban cuál. Montero quería tomarse unos días de reflexión para estudiar una fórmula. La presión no solo venía de fuera, sino también de dentro, porque en el PSOE varios presidentes autonómicos manifestaron a Sánchez el viernes que había de buscarse un resquicio legal para aliviar la situación de los municipios. El presidente se comprometió a examinarlo. La maquinaria se puso en marcha enseguido. El domingo la operación ya estaba cerrada entre el jefe del Ejecutivo y la titular de Hacienda, relatan fuentes gubernamentales. 

El Gobierno prevé impulsar la reforma del delito de sedición este curso

Este lunes, para sorpresa de no pocos dirigentes en el partido, Montero rectificó. Se lo comunicó a sus compañeros de la ejecutiva federal y también lo explicó en 'Al rojo vivo' (La Sexta), cadena que había adelantado minutos antes la noticia. 

El decreto deja fuera los remanentes y los fondos extra de 5.000 millones y de transporte

Finalmente, sí lanzará un nuevo real decreto ley, un texto que recuperará "el 85%" de las medidas que contenía el anterior, el que derogó el Congreso, y que suscitaban un amplio consenso. El segundo decreto, sin fecha aún para salir del Consejo de Ministros, permitirá a los ayuntamientos disponer de unos 3.000 millones de euros. Se les suspenderá la regla de gasto para el 2020 y se les autorizará a emplear sus superávits del 2018 y 2019.

Nueva ronda negociadora

El fondo del problema, no obstante, sigue sin resolver, porque en este nuevo texto no se abordarán los remanentes –o sea, cómo los municipios pueden hacer uso de sus ahorros acumulados y que tienen en los bancos, unos 15.000 millones en total–. También desaparece el crédito extraordinario de 5.000 millones pensado inicialmente para los consistorios que cedieran sus remanentes al Estado en forma de préstamo (que este devolvería en un plazo de 15 años a partir de 2022), y se elimina otro fondo, de hasta 400 millones, que buscaba paliar los efectos de la caída del uso del transporte público por el covid y que había generado controversia por los criterios de reparto. Así, Hacienda suprime los puntos más polémicos del decreto rechazado –los artículos 3, 4 y 5– para dar oxígeno a las corporaciones locales con un texto que podría ser convalidado sin demasiadas pegas. Se abre una nueva ronda de negociación. 

La suspensión de la regla de gasto para el 2020 permitirá a los ayuntamientos gastar sin tope máximo para hacer frente a los efectos de la pandemia. La intención de Hacienda es suspenderla también para el 2021, pero lo recogerá más adelante, quizá en el proyecto de Presupuestos. Lo que se busca ahora es dar salida a una situación de "extrema necesidad" para las administraciones municipales. Además, con el nuevo decreto prorrogará para el 2020 el uso del superávit del 2019 para las inversiones financieramente sostenibles (IFS), cuyo impacto alcanza los 987 millones, según los cálculos ofrecidos por el ministerio.

Se permitirá concluir el próximo año, en el 2021, los proyectos de IFS iniciados en el 2019 y que se estén financiando con superávit del 2018 (el impacto potencial sería de 621 millones). Y se habilitará la posible utilización del superávit del 2019 para financiar gasto en el 2020, siempre que se cierre este ejercicio con equilibrio presupuestario.  

El uso de los superávits de 2018 y 2019 tendría un impacto de 1.608 millones

Los ayuntamientos con problemas financieros podrán pagar sus deudas con la Agencia Tributaria y la Seguridad Social con recursos del Fondo de Ordenación. Se permitirá asimismo que las entidades locales cancelen sus deudas del Fondo para la Financiación de los Pagos a Proveedores acudiendo a préstamos con los bancos. Esta medida, subraya Hacienda, "permitirá que muchos ayuntamientos pongan fin a sus planes de ajuste". "Para las entidades que tengan problemas de solvencia se posibilita la consolidación de deuda plazo en deuda a largo plazo para aligerar las tensiones de tesorería", añade. 

Se establecen igualmente también las normas esenciales para el cálculo de la liquidación definitiva de la participación en tributos del Estado de 2018. Esto supone para los municipios 634 millones. 

El papel de las diputaciones

Se recuperará, también, la instrumentación de los suplementos de crédito necesarios para atender las entregas a cuenta de la participación de los ayuntamientos en tributos del Estado para el fin del ejercicio. Estos importes, indican en el equipo de Montero, "se han calculado sin tener en cuenta el impacto de la pandemia sobre las cuentas públicas". Las entregas a cuenta han aumentado en 821,9 millones de euros en 2020. El total de las cuatro cifras (987 millones, 621, 634 y 821,9) da esos algo más de 3.000 millones. En el ministerio subrayan que no se pone dinero extra, sino que son recursos de los propios ayuntamientos. 

Además, con el nuevo decreto se permitirá que las diputaciones provinciales puedan salir en ayuda de los municipios con problemas. Esta era una de las quejas de los ayuntamientos con déficit, que consideraban que el decreto anterior les dejaba fuera, ya que preveía la cesión de los remanentes al Estado en forma de préstamo. Así, según anticipa Hacienda, las diputaciones podrán formalizar préstamos con los consistorios y, además, destinar el superávit del 2019 a transferencias corrientes en favor de los municipios con problemas. 

Montero destaca que el Gobierno "se mueve" y "no esconde la cabeza", a diferencia de lo que hacía Rajoy

Por último, se establece un procedimiento de tramitación urgente de "modificaciones de créditos para entidades locales para atender gastos extraordinarios y urgentes relacionados con la crisis económica y sanitaria". 

En definitiva, según explicó Montero en La Sexta, se trata de que "el 85% de las medidas" contenidas en el anterior real decreto ley (el derogado), y que contaban con un consenso "amplísimo" se recuperen ahora a través de un nuevo decreto. La ministra no quiso hablar de rectificación como tal. "El Gobierno se mueve, no esconde la cabeza como el de Mariano Rajoy" y, resaltó, da respuesta a "problemas crónicos" que llevaban casi diez años sin resolverse, ya que la ley de estabilidad presupuestaria es de 2012, con el PP en el poder. Y como los grupos no han presentado "una alternativa", el Ejecutivo es quien decide maniobrar. "Estaba ya previsto. El Gobierno siempre da soluciones", alegaban por su parte fuentes de la Moncloa. 

"Rectificar es de sabios"

Hacienda se afanó en señalar que lo que no hay es un nuevo decreto sobre remanentes, de modo que Montero no había roto su palabra. Pero en el PSOE y en la oposición se vio como un paso atrás. "Rectificar es de sabios", resumió sin rodeos la presidenta de los socialistas, Cristina Narbona, tras la reunión de la ejecutiva del PSOE. En la cúpula creen que operó la presión de los alcaldes socialistas, el deseo de que el PP no se apuntara la derrota y la mala posición en la que quedó el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Abel Caballero. Él fue quien negoció en verano con Hacienda y su voto de calidad permitió sacar el acuerdo que luego se tradujo en decreto ley, derogado el jueves. 

Ahora, a falta de la negociación parlamentaria, sí se palpa buena acogida. Por el momento, Caballero aplaudió la nueva propuesta formulada por Hacienda. El regidor valoró la respuesta "rapidísima" del ministerio, y que haya tomado "la iniciativa para reconstruir una parte que aquella votación demolió". "Vamos por el buen camino", indicó, aunque a su vez pidió a los partidos que se sientan en la FEMP alternativas para recuperar el fondo de 5.000 millones a fondo perdido (y que el Ejecutivo ligó a la cesión de remanentes en un principio) que estaban sobre la mesa. Caballero, tras la junta de portavoces de la FEMP, indicó que la entidad se muestra "mayoritariamente receptiva" a la nueva propuesta del Ejecutivo, pero convino en que hay que añadirle el fondo de transportes (de 275 a 400 millones de euros). 

El PP, por boca de su portavoz y regidor madrileño, José Luis Martínez-Almeida, valoró el movimiento del Ejecutivo, aunque recordó que es clave que se suspenda la regla de gasto para 2021, porque será el año en que los consistorios sufran más dificultades. "Sánchez solo acierta cuando rectifica", celebró Pablo Casado, líder del PP. "La rebelión de alcaldes liderada por el PP evitó que confiscaran sus ahorros para los vecinos más afectados por el covid —escribió en Twitter—. Hoy [por este lunes] suspenden la regla de gasto desautorizando a Montero y Caballero, que deben asumir su responsabilidad por este fracaso". 

Su portavoz en la FEMP, Jorge Azcón, regidor de Zaragoza, señaló que la rectificación es "mínima" porque deja fuera "lo esencial", y eso es, según Azcón, los 5.000 millones que se iban a repartir, en dos años, entre aquellos ayuntamientos que previamente transfirieran sus remanentes al Estado. "No nos vamos a conformar con miserias", avisó. Luis Salvador, primer edil de Granada (Cs), también ve bien el paso atrás de la ministra y que no se haya tomado la revancha por la derrota que el Congreso le infligió el pasado jueves. Se trata de un primer paso que habrá de ser acompañado de más. Un acuerdo "de mínimos", apuntó la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. IU, por su parte, también aplaudió la medida: "Teníamos razón, había segundas oportunidades y ahora se comprueba". 

Narbona llamó a las cosas por su nombre. No llevaba a equívocos, desde luego, su "rectificar es de sabios". La dirigente socialista recordó que esta era la primera vez en la que el Gobierno perdía la votación de un decreto ley, y caben "dos actitudes", la de la "soberbia y arrogancia", que es inhibirse ante la asfixia que padecen los ayuntamientos, y otra la de la "humildad" y el "deseo" del Ejecutivo de "resolver los problemas efectivos de los ciudadanos", camino por el que optó Hacienda. El Gobierno "ha asumido con deportividad las derrotas" y ha trabajado "de forma inmediata" y se abre a la "negociación y al diálogo".

Ha pesado la presión de los alcaldes y que el PP no lidere una revuelta compartida

"La preocupación no era solo de los alcaldes —explicaba tras la reunión de la cúpula una integrante de la dirección—. Era evidente que se necesitaba resetear el proceso. No ha sido un secreto la incomodidad de algunos [regidores socialistas], pero esto va de responsabilidad hacia toda la ciudadanía concernida, sea quien sea el alcalde. Y no había mucho margen, porque los ayuntamientos necesitaban aplicar esos recursos cuanto antes". Otro dirigente advierte de que ha pesado igualmente el deseo de que una "reclamación de distintos partidos", transversal, no fuera capitalizada por el PP. 

"Esperemos que el resultado sea el que se merecen" los municipios, culminó Narbona desde Ferraz. En todo caso, el escollo más importante, cómo las corporaciones pueden hacer uso de sus ahorros acumulados, sigue estando ahí. Sin salida, al menos por ahora. Pero el proceso comienza otra vez.