La Fiscalía informa en contra de investigar al Gobierno por su gestión del covid

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas, no ve motivo para investigar al Gobierno de Pedro Sánchez por su gestión de la pandemia, al menos a través de la veintena de querellas presentadas en el alto tribunal contra el Ejecutivo, cuya inadmisión a trámite propone a la Sala Segunda del alto tribunal en un informe de 310 páginas.

El ministerio público todavía debe pronunciarse sobre las denuncias interpuestas por distintos colectivos durante y al terminar el estado de alarma. Pero su dictamen sobre las querellas interpuestas por Vox, pero también por colectivos médicos y de enfermería, así como por particulares, es muy duro. En general considera que los hechos que relatan "no resultan constitutivos de ilícito penal" o "no se fundamentan, más allá de las meras manifestaciones o elucubraciones de los querellantes". De ahí que ninguna deba ser admitida a trámite.

Sin Junta de Fiscales de Sala

Pese a que la mayoritaria Asociación de Fiscales proponía la convocatoria de la Junta de Fiscales de Sala para fijar un criterio, finalmente ha sido Navajas, junto con el fiscal de Sala Jefe de lo Penal del Tribunal Supremo, Juan Ignacio Campos, la fiscal de Sala delegada en materia de Tutela y Protección de los intereses de las Víctimas en el proceso penal, Pilar Fernández Valcarce, así como la Unidad especializada de Siniestralidad laboral y la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, quien se ha pronunciado sobre estas querellas.

Ante la polémica suscitada, el ministerio público ha explicado en una nota que pronunciarse sobre la presunta responsabilidad penal de los aforados ante el Supremo corresponde a su teniente fiscal y, conforme a los artículos 15 y 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, no resulta competente la Junta de Fiscales de Sala para la elaboración de informe alguno al respecto.

Trato individualizado

Según el informe, todas las querellas han sido objeto de tratamiento individualizado, aunque algunas se han acumulado para agilizar el dictamen en función de los hechos denunciados y los delitos atribuidos, que oscilan entre los relativos a la seguridad e higiene en el trabajo a homicidios y lesiones imprudentes, así como prevaricación administrativa y omisión del deber de socorro.

Los querellantes han sido Vox, la Asociación de Abogados Cristianos, Asociación HazteOir.org, Asociación Profesional de la Guardia Civil (JUCIL), Colectivo Profesional de Policía Municipal de Madrid, Consejo General de Colegios Oficiales de Enfermería de España, Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, Asociación de Médicos Titulados Superiores, Central Sindical Independiente de Funcionarios (CESIF), Central Unitaria de Traballadoras (CUT) y Asociación Terra Sos-Tenible, así como diversos particulares, además de un colectivo de 3.268 personas.