La patriótica agonía del PP

Francisco Martínez no es un cualquiera, ni un realquilado de la política. Fue, entre el 2011 y el 2016, secretario de Estado de Interior bajo el mandato en el ministerio de Jorge Fernández Díaz. Era un hombre serio y riguroso que en el 2004 había ganado plaza por oposición de letrado en Cortes, uno de los cuerpos más elitistas del funcionariado. Se incorporó al Gobierno de Mariano Rajoy como una "esperanza blanca". Y lo esperaba todo de la política. Estaba dispuesto a hacer lo que hiciera falta, incluso asumir por una mal entendida lealtad, que había que poner en marcha, entre el 2013 y el 2015, un aparato parapolicial para librar al partido de los secretos documentales de Luis Bárcenas sobre la ilegal caja b de la organización. Una privatización repugnante del Estado.

Martínez hizo lo que creía que tenía que hacer. Sorprende que lo hiciera un jurisconsulto. Él no era un Correa; él no era un comisionista; él no era un actor secundario que requiriese de trapacerías para medrar. Su carrera era ascendente, aunque la estropeó cuando le encomendaron que dirigiese con discreción un operativo "patriótico" –luego repetido también en Catalunya– para "callar la boca" a un Bárcenas que no estaba dispuesto a comerse el marrón de las tropelías financieras perpetradas en la sede popular de Génova 13 en Madrid. Llama la atención que en vez de entrar en ese juego ilegal, con el sucio manejo de fondos reservados, delictivo en fin, no aconsejase lo contrario: atenerse a la investigación penal y colaborar con ella. Tenía salida: volver a desempeñar su puesto profesional y docente. Optó por quedarse y tragar. Que lo haya hecho Francisco Martínez ha desarbolado a los cuadros medios del PP, ahora deprimidos.

La figura clave

El exsecretario de Estado de Interior es un personaje estratégico en la pieza judicial separada 'Kitchen' que se tramita en un juzgado central de la Audiencia Nacional. Su titular, Manuel García-Castellón, ha levantado el secreto del sumario y se han conocido tres aspectos fundamentales del caso. El primero: Martínez estaba metido hasta las trancas en la operación ilegal. El segundo: que el exsecretario de Estado ('Choco-Paco' en la jerga de Villarejo) gestionó la mafia funcionarial que trató de sustraer los secretos de Bárcenas y obstruir a la justicia con unos tipejos de la más baja estofa policial, comprables y corruptos, aunque con menos discernimiento jurídico y moral que él. El tercero: que el 'alter ego' de Fernández Díaz, se ha sentido abandonado por los "miserables" Rajoy ("El asturiano"), María Dolores de Cospedal ("La Cospe"), su marido, Ignacio López del Hierro ("El polla") y por el propio ministro. Y el juez apunta a ellos, o sea, a los "órganos superiores y/o directivos de la Administración General del Estado" como inductores.

La fiscalía anticorrupción pide la imputación, además de la ya decretada de Martínez, la de Cospedal y la de Fernández Díaz, y está al caer la del propio Rajoy, sobre el que el Martínez dijo: "Se arrepentirá. Ni se imagina lo que le espera". Se constituirá en el Congreso una comisión de investigación por la que pasarán el expresidente del Gobierno y el actual líder del PP, Pablo Casado ("yo entonces era un diputado por Ávila"), y toda la nomenclatura de la organización conservadora, que revive así los peores momentos del 'caso Gürtel', ofrece las condiciones objetivas para que tanto la izquierda como el resto de la derecha (Vox y Ciudadanos) depreden su base electoral y su reputación. Es un regreso al pasado.

Es muy posible que, a resultas de la marcha del caso, el PP entre en una fase agónica, entendiendo por tal que se sitúe en riesgo de caer a plomo como opción política y como organización, y que deba iniciar una pelea contra sí mismo si Pablo Casado pretende salvarle de este naufragio sacando fuerzas de flaqueza y poniendo en práctica una plan estratégico que estaría ya en marcha.

Duelo por el pasado

Las líneas maestras de esa reacción consistirían, según fuentes de Génova, en separar –incluso si caen inocentes en la limpia– a cuantas personas hayan tenido la más mínima relación con los hechos que se investigan; romper relaciones, sin contemplaciones, con Mariano Rajoy y María Dolores de Cospedal, que le prestó sus votos para que alcanzase la presidencia del PP; pedir perdón a su electorado y a la ciudadanía por las fechorías que se cometieron; enajenar la sede madrileña del partido para que no se pueda establecer una asociación de ideas entre el PP de la corrupción y el del 2020; cargarse el charrán que es el logo del partido; olvidarse de los argumentos "patrióticos" como si los intereses del PP coincidiesen con los de España cuando es, en este y otros casos, lo contrario, y, en fin, asumir que ha llegado el momento, largamente diferido, de hacer el duelo por un pasado reciente inasumible.

Superar la transición entre la vida y la muerte –o sea, superar la agonía– requerirá también que el PP de Casado sepa establecer un nuevo modelo de relación con Ciudadanos, que se apresta a pedirle cuentas en el Congreso y los medios, y logre un distanciamiento radical de Vox, que va a procurar pescar en ese río revuelto de las aguas putrefactas que dejó en mala herencia el "rajoyismo". El PP se encuentra ahora emparedado entre Arrimadas y Abascal. El epílogo vendrá cuando "el asturiano" sea imputado y acabe en el banquillo, como se sospecha entre los fiscales y magistrados que ocurrirá. Y será por "autoría mediata", esto es, por haber conocido, sin detalles pero con tácita aquiescencia, la "patriótica" operación de espionaje y obstruccionismo a la justicia y no impedirla, con un resultado presuntamente delictivo. Casado está al borde de la tumba, mientras a Pedro Sánchez –como en la moción de censura– le vuelve a sonreír el destino tras una histórica derrota parlamentaria, y a Pablo Iglesias le camufla sus problemas en la Audiencia Nacional.

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