Primera derrota parlamentaria del Gobierno de coalición con el decreto de los ayuntamientos

Ya está. El real decreto ley sobre los remanentes municipales está sentenciado. Murió. No recabó los apoyos para ser convalidado por el pleno del Congreso de los Diputados y fue tumbado por 193 a 156. El debate de este jueves ya era baldío para convencer voluntades, porque la exigencia de que el voto telemático estuviera registrado a las nueve de la mañana hacía posible conocer los números por anticipado. Pese a que el Gobierno apuró en las últimas horas, y pese a que Hacienda, a la desesperada, puso una última oferta sobre la mesa, no logró concitar un mayor consenso. El último gesto del Gobierno, no obstante, sí sirvió para que se adhirieran al decreto los comunes de Ada Colau, por lo que la unidad del Ejecutivo queda salvaguardada, ya que tanto el PSOE, el único partido que ha defendido estas semanas la medida, como Unidas Podemos, que mostraba muchos recelos, finalmente lo han respaldado. 

El Ejecutivo, pues, sufre una derrota histórica, que rara vez se ve en el Congreso. Solo en cuatro ocasiones anteriores la Cámara baja había rechazado refrendar un real decreto ley del Gobierno en más de 40 años de democracia. La primera vez, en 1979, con la UCD en la Moncloa. La segunda, en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero en el poder, y fue por error. La tercera, en marzo de 2017, con Mariano Rajoy, por la estiba. Y la cuarta y última, en enero de 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa, por la vivienda, aunque meses más tarde reformuló el texto, que ya sí logró salir adelante. En esta ocasión, el decreto 27/2020, el que pretendía dar una salida a los remanentes de tesorería de las corporaciones locales, se encontró con la oposición en pleno en contra desde el principio. Y la tuvo hasta el final. 

El Gobierno prevé impulsar la reforma del delito de sedición este curso

La Cámara baja tumbó el decreto del Gobierno por 193 noes y 156 síes y ninguna abstención. Socialistas (120) y morados (35) obtuvieron el apoyo del único diputado de Teruel Existe, Tomás Guitarte, y por eso pudieron superar la barrera de los 155 apoyos. Una victoria contundente e inapelable de la oposición. El aplauso de la mayoría del hemiciclo se alargó más de lo habitual. Llamativo fue ver la bancada azul, en la que se sientan los miembros del Ejecutivo, vacía durante la votación. Ni siquiera la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, encargada de defenderlo, acudió a la votación. Tras esta, el decreto queda derogado. Solo ha estado en vigor poco más de un mes. Los ayuntamientos, por tanto, seguirán sin poder hacer uso de sus remanentes, pese a la angustiosa situación financiera que sufren y su falta de liquidez. 

El Ejecutivo solo logra sumar el sí de Teruel Existe. Casado se felicita de liderar la "rebelión" local

El líder del PP, Pablo <strong>Casado</strong>, pocos minutos después de que el hemiciclo infligiera el doloroso castigo al Gobierno, mostró su satisfacción por haber liderado "la rebelión de los alcaldes" y pidió que, "de inmediato", el Consejo de Ministros tome las decisiones oportunas para que los primeros ediles puedan usar esos remanentes. No parece que el Ejecutivo esté por la labor.

Casado hizo una declaración sin preguntas, así que fue imposible preguntarle por las noticias sobre la 'operación Kitchen' y la posibilidad de que él mismo tenga que ir a la comisión de investigación que PSOE y Podemos han impulsado en el Congreso. Salió rápidamente del patio del Congreso y se fue con los alcaldes del partido, que siguieron el debate en el edificio, a un restaurante cercano a comer. Dos mesas de 10. Sin superar el tope marcado por la Comunidad en tiempos de covid.

El simbolismo y el peso de plomo de esa derrota explica que Hacienda estuviera negociando hasta última hora, sin éxito. La ministra Montero, como explicó este jueves durante su intervención de defensa del texto en el pleno de la Cámara baja, ofreció que hasta el 60% del nuevo fondo de 5.000 millones de euros se distribuyera sin condiciones (a repartir en función de la población), con lo que los recursos llegarían incluso a los ayuntamientos sin remanentes, una de las reclamaciones de los municipios que no habían acumulado ahorros en estos años y que se veían excluidos del instrumento excepcional diseñado por el Gobierno. Ese gesto fue el que posibilitó que los comunes de Ada Colau —la alcaldesa de Barcelona se desplazó este miércoles en Madrid— se sumaran. Sirvió, pues, para reagrupar a las dos fuerzas que comparten el Gabinete, PSOE y Unidas Podemos, aunque no para atraer al resto de grupos. 

Montero defiende que esta es la "única" solución "viable" y "no habrá una segunda oportunidad"

En la tribuna del Congreso, a primera hora, Montero daba por hecho el desastre. Pero aun así lanzaba la advertencia: la solución impulsada por Hacienda es "la única viable dadas las limitaciones de la ley y de la Constitución". "No piensen que habrá una segunda oportunidad", reiteró. Es decir, que el Gobierno no elaborará un segundo decreto ley con el que enmiende su postura. Los municipios se encontrarán así con sus ahorros parados en los bancos, advierte el Ejecutivo. "No puede ocurrir lo que algunas veces vemos, una tanda de reproches al Gobierno", dijo Montero. Dicho de otro modo, que no tolerará las críticas una vez quede enterrado el decreto ley, después de que este haya sido el único Gabinete que "ha intentado dar una solución". "No valen las lamentaciones", sostuvo.

"Fuego o sartén"

El escollo principal del texto de Hacienda se encontraba en la gestión de los remanentes y en la creación del fondo de 5.000 millones. La fórmula contemplada por el decreto suponía que los municipios podían ceder voluntariamente sus ahorros al Estado en forma de préstamo, que el Gobierno devolvería hasta un plazo máximo de 15 años a partir de 2022. Entretanto, y para hacer frente a la crisis del covid que ha mermado sus arcas, liberaría esos 5.000 millones como un fondo extra.

En un primer momento, la inyección iría a parar a los consistorios con remanentes y que hubieran cedido a Hacienda, pero en la última oferta se abrió a liberar recursos incluso para los que tienen déficit. Más pacíficos eran otros puntos del texto, como la suspensión de la regla de gasto o la creación de un fondo de transporte de 400 millones de euros. Montero también accedió a que se pudieran incorporar enmiendas en el trámite del decreto como proyecto de ley, a cambio de que el Congreso lo convalidara. Pero la propuesta tampoco convenció. 

Montero defendió que "nunca antes" un Gobierno había impulsado "medidas de apoyo" a los ayuntamientos como las contenidas en el decreto "ni actuaciones para compensar la caída de ingresos". La ministra insistió en que el Gobierno es "respetuoso con la autonomía" de los municipios y no pretende "confiscar" su dinero, como le acusa la oposición. El Ejecutivo "no necesita el dinero" de las corporaciones locales, reivindicó. Es más, firmar miles de préstamos con los ayuntamientos que cedieran sus remanentes supondría una "carga añadida" para la Administración. Además, "la no convalidación es un grave contratiempo para los ayuntamientos con las reglas fiscales en vigencia porque no podrían usar los recursos adicionales" que el decreto permite, como el citado fondo de 400 millones de euros pensado para compensar las caídas del transporte ocasionadas por el covid.

Hacienda rechaza que se quiera "confiscar" el dinero de los municipios porque no lo "necesita"

A los argumentos de la ministra se opuso el diputado del PP Antonio González Terol, que insistió en que el decreto persigue la "confiscación" de los ahorros municipales porque el Estado no tiene liquidez e incluso "va a tener que dejar de pagar las nóminas". Terol insistió en que no este no es un choque del PSOE contra el PP, sino del municipalismo contra el PSOE, y es cierto que alcaldes de distintos colores han constituido un frente contra el decreto de Montero. En definitiva, Hacienda, a juicio de los populares, ofrece "fuego o sartén", un "trágala", aceptar un "sistema perverso y discriminatorio". Terol recriminó a la portavoz del Ejecutivo su "soberbia" y falta de "voluntad" de diálogo. 

Montero replicó que su departamento no ha dejado de hablar con los grupos y los regidores —y a través de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP)—, y que no dejaban de ser irónicas las críticas del PP, cuando fue el Gobierno de Mariano Rajoy el que impulsó la Ley de Estabilidad Presupuestaria en 2012, que no dejaba a los ayuntamientos usar sus remanentes. Los grupos de la oposición han venido reclamando que se cambie esa norma, pero Hacienda siempre ha respondido que ese es un trámite largo —y los municipios tienen urgencia por recibir recursos— y además persistiría el corsé del artículo 135.2, que exige a las entidades locales preservar el equilibrio presupuestario y no incurrir en déficit. Por eso mismo el diputado del Partido Regionalista de Cantabria (PRC), José María Mazón, planteó que, si ese es el problem se reforme la Carta Magna de manera exprés, como se hiciera en 2011. 

El problema de la 'ley Montoro'

La ministra se quejó de que en este tiempo, pese a las críticas, no ha recibido ninguna propuesta que sea capaz de sortear el muro de la ley de 2012 y de la Constitución. Y buscó el cuerpo a cuerpo con el PP, entrando a la réplica y denunciando que lo que buscan los populares es "desgastar" al Ejecutivo, dejar caer la palabra "robo" y "hurto" ahora porque le benefician. Estaba deslizando que lo hace para intentar tapar el escándalo de la 'operación Kitchen' que pone en aprietos a la dirección de Pablo Casado. 

En una rueda de prensa, Montero descartó de nuevo la opción de que el Gobierno retoque el decreto y lo lleve de nuevo al Congreso e invitó a la oposición a que lo haga. La titular de Hacienda lamentó que el pacto con la FEMP no tuviera ningún peso y no convenciera a los grupos parlamentarios para apoyarlo y, en ese contexto, hizo algo de autocrítica por no haber negociado previamente con los partidos. 

Los grupos denuncian la falta de diálogo y la necesidad de cambiar la ley de 2012

En el debate, Montero recibió críticas severas por parte de todos los grupos, porque todos estaban situados en el 'no', hasta el siempre pactista PNV o Cs, ahora más colaborador con la Moncloa. Ana Oramas (Coalición Canaria) la llamó "chantajista" y "soberbia"; "se trata de una incautación de los recursos de los ayuntamientos", reprobó Néstor Rego (BNG). Mertxe Aizpurua (EH Bildu) sostuvo que Hacienda se complicó la vida al lanzar un planteamiento "enrevesado" para dar salida a los remanentes municipales, al idear un mecanismo de préstamo de esos ahorros al Estado, en lugar de ir a la "raíz" del problema, que es la ley de 2012, la llamada 'ley Montoro', impulsada por el entonces ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro. "Tenga cuidado con los laberintos. Las cosas son más simples", le dijo la diputada 'abertzale'. 

"Es un decreto improvisado", "sin apenas margen de negociación, en una especie de 'lo tomas o lo dejas", acusó Idoia Sagastizabal, del PNV, que recordó que el pecado original es la ley, sí, pero también la reforma constitucional impulsada por Zapatero en 2011. El PNV no comparte la fórmula diseñada por Hacienda, cree que no respeta los regímenes forales y recuerda que no deja a los ayuntamientos que dispongan de todos sus remanentes. Sagastizabal insistió en que el propósito de su partido, que ha estado negociando hasta el final con el Gobierno, no es "desgastar" a Pedro Sánchez, pero no podía transigir con la iniciativa de Hacienda. Su mano sigue tendida al "diálogo".

"Recapaciten, traigan un nuevo decreto", apremió Carmen Martínez, de Ciudadanos, en un tono mucho más conciliador que el del PP. "Lo que empieza mal acaba mal", reflexionó Joan Baldoví (Compromís), que criticó a la ministra por querer "culpabilizar" a los grupos más que "negociar". "A decreto muerto, decreto puesto. No hagan un drama. Aprueben un nuevo decreto, pero negocien, negocien bien, no a última hora y con nocturnidad. Aprendan a negociar mejor, a que tienen aliados, no palmeros. De usted depende", añadió el diputado de la coalición valencianista. Para Joan Margall (ERC), Hacienda apuesta por la "recentralización y austeridad" mientras que Ferran Bel (PDECat), con otro tono distinto al de sus hasta ahora compañeros de JxCat, indicó que hay vías de salida sin cambiar el artículo 135 pero para ello la ministra ha de tragarse "su orgullo" y llevar a la Cámara un nuevo texto con garantías de ser revalidado. En el otro extremo, Vox, a través de su portavoz, Iván Espinosa de los Monteros, señaló que cada vez hay más motivos para una moción de censura que su grupo presentará "en breve". 

"Nadie puede decir que Montero no se ha movido", defiende Unidas Podemos

Ante las críticas feroces y unánimes, Montero encontró la solitaria defensa de los socios de Gabinete. "Nadie puede decir que la ministra no se ha movido. Es faltar a la verdad", reivindicó Txema Guijarro, de Unidas Podemos, quien advirtió de que este jueves solo ganan "los amigos del 'no', los de la montaña, los agoreros". El diputado morado sí recordó que el acuerdo en la FEMP recibió un respaldo "pírrico" —salió adelante gracias al voto de calidad de su presidente, el alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero—, que encendió "todas las alarmas". Y avisó de que si antes eran necesarias reformas estructurales y derogar la ley de 2012, ahora es imperativo. 

La unidad de los grupos que sustentan al Gobierno se mantuvo, pero por los pelos, porque los comunes amagaron hasta última hora con votar en contra, aunque la oferta final de Hacienda, "un buen punto de partida", les convenció, aunque llegara "tarde". Pero, por boca del diputado Gerardo Pisarello, En Comú pidió a Montero que reaccione y presente un nuevo decreto. "Cuando uno está en el Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades", adujo. Pedro del Cura, alcalde de Rivas y miembro de la junta de gobierno de la FEMP, reclamó igualmente otro documento. 

Los 156 apoyos que recibió el decreto ley deberían haber sido, en realidad, 155, porque Guitarte, de Teruel Existe, emitió su voto telemático el miércoles por la noche y pulsó el sí, porque desde Hacienda le trasladaron que había visos de acuerdo, informa EFE. No era así. Una vez emitido, no se puede cambiar el voto. Aunque el parlamentario sí aceptaba la última oferta, de haber sabido que no habría más apoyos, se habría inclinado por la abstención. 

La cuenta de resultados del decreto, por tanto, no podía ser peor. El varapalo del Gobierno de coalición, durísimo. Era, sin embargo, una derrota anunciada. La duda es si Montero se mantendrá en sus trece o accederá a redactar un nuevo texto, como le pide la oposición (y Unidas Podemos) en bloque. 

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