La rebelión local lleva al Gobierno de coalición a su primera derrota

Varapalo amortizado, por esperado. Pero varapalo. Un durísimo golpe, el primero, infligió este jueves el Congreso al Gobierno de coalición. La Cámara baja tumbó el real decreto ley sobre los remanentes de los ayuntamientos por una mayoría incontestable: 193 votos frente a 156 y ninguna abstención. PSOE (120 diputados) y Unidas Podemos (35) solo lograron sumar un solitario apoyo más, el de Teruel Existe, y porque había emitido su voto la víspera de manera telemática cuando aún había algún mínimo atisbo de esperanza, según le trasladó Hacienda.

❌ El #Pleno del Congreso deroga el Real Decreto-ley de medidas financieras, de carácter extraordinario y urgente, aplicables a las entidades locales. pic.twitter.com/Z28J4HiQCj

— Congreso (@Congreso_Es) 10 de septiembre de 2020

La estampa que arrojó el hemiciclo es 'exótica': solo en cuatro ocasiones anteriores, en más de 40 años de democracia, la Cámara baja se negó a convalidar un decreto ley del Gobierno: en 1979, con la UCD en el poder; en 2006, con José Luis Rodríguez Zapatero (y por error); en 2017, con Mariano Rajoy, por la estiba, y en 2019, ya con Pedro Sánchez en la Moncloa –pero al frente de un Ejecutivo monocolor–, por los alquileres. No hay más precedentes. Ya en julio, el Ejecutivo perdió uno de los documentos de la reconstrucción, pero este jueves lo que vio decaer fue una norma con rango de ley.

🏛️ @mjmonteroc al #PP

La Ley que el PP sacó sin preguntarles a los ayuntamientos, es la que impide puedan utilizar su remanente.

❌ Ustedes NO hablaron con la FEMP ❌

El Gobierno sí ha hablado con el órgano legítimo representante de los ayuntamientos.#ImpulsamosElMundoLocal pic.twitter.com/BbuWmOrbBT

— PSOE (@PSOE) 10 de septiembre de 2020

Nada maquillaba la magnitud del desastre. O casi nada, porque al menos el Ejecutivo sí consiguió preservar su unidad, ya que la oferta de última hora lanzada por la ministra María Jesús Montero logró atraer a los 'comuns' de Ada Colau. Oferta que suponía que el 60% del fondo de 5.000 millones se entregara a los municipios por criterios de población, por lo que podrían acceder a él incluso las entidades con déficit. Pero, tras la derogación este jueves del decreto (el 27/2020), todo queda como estaba: los consistorios, aquejados de una severa falta de liquidez, no podrán tocar sus ahorros ni recibirán una inyección extra de recursos.

Montero ya sabía que el texto estaba perdido cuando subió a la tribuna del Congreso a defenderlo, y eso que las conversaciones se habían prolongado hasta pocas horas antes del pleno. Se afanó en reiterar que no se trataba de una "confiscación" de los remanentes de los ayuntamientos, sino un mecanismo voluntario al que los alcaldes podían acogerse. Estos prestaban su dinero al Estado y Hacienda se lo devolvía en un plazo máximo de 15 años a partir de 2022 y además ponía sobre la mesa esos 5.000 millones y otro fondo de transporte de otros 400 millones.

También había aceptado tramitar el decreto como proyecto de ley, para incorporar enmiendas. Los grupos lo veían un gesto insuficiente. "¿Que no se comparte una parte del decreto? ¡Modifíquese!". Su última llamada para salvar la votación no surtió efecto. La ministra entró en el cuerpo a cuerpo con el PP, y advirtió de que el acento que los populares ponían en el término "confiscación" buscaba tapar otros casos que afectan al partido. Era la referencia obligada a 'Kitchen'. Pero otros partidos, en otro espectro ideológico, también hablaron de "incautación" de los ahorros municipales, caso del BNG.

Acusaciones de "chantaje"

En su intervención, la ministra insistió en que no habrá "una segunda oportunidad", así que no cabrán "lamentaciones". Aquello irritó más a la oposición, que habló de "chantaje" y "de trágala". Los grupos le afearon su "soberbia" y su escasa voluntad de diálogo, algo que ella negó.

La derrota histórica de Sánchez hoy en el Congreso confirma su debilidad e incompetencia para alcanzar acuerdos. Tras liderar la rebelión de los alcaldes, exigimos que tome las medidas oportunas para que los ayuntamientos puedan utilizar sus ahorros para ayudar en esta crisis. pic.twitter.com/UPglFA7RKI

— Pablo Casado Blanco (@pablocasado_) 10 de septiembre de 2020

En todo momento, la titular de Hacienda hizo valer la interlocución no solo con los partidos, sino con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que sacó adelante el acuerdo con fórceps, gracias al voto de calidad de su presidente, el socialista Abel Caballero (PSOE), que operó por la abstención de Pedro del Cura, primer edil de Rivas Vaciamadrid y representante del espacio de los morados. 

Cerrado el debate, y ya en rueda de prensa ante los medios, Montero se aferró a su tesis: no redactará un nuevo decreto. El Ejecutivo ha hecho su parte, dijo, y "ahora corresponde a quienes no comparten el texto presentar una propuesta para ser discutida en el límite de la ley".

Pero en el hemiciclo se oyó un clamor, incluso procedente de los socios de la coalición: que llegue otra iniciativa. "A decreto muerto, decreto puesto. No hagan un drama", glosó Joan Baldoví (Compromís), quien advirtió al Ejecutivo de que debe aprender a negociar, porque tiene "aliados, y no palmeros". "Recapaciten", instó incluso la parlamentaria Carmen Martínez, de Cs. También Idoia Sagastizabal (PNV) animó a buscar "puntos de encuentro" tras un texto que ha adolecido de "improvisación". Joan Margall (ERC) cargó contra la "recentralización y la austeridad" de Hacienda, igual que ocurría con Cristóbal Montoro, dijo, y denunció que se pretenda convertir a los municipios en "bancos del Estado". Los republicanos, como las demás fuerzas, se abrieron a negociar un nuevo acuerdo pero sin "chantajes". 

"Cuando uno está en el Gobierno no puede permitirse decir que no hay segundas oportunidades", adujo Gerardo Pisarello, de los comunes. Presión desde dentro. Los grupos demandan que se reforme la ley de estabilidad presupuestaria, la que el PP aprobó en 2012 (la 'ley Montoro'), pero Montero insiste en que es la propia Constitución, tras la modificación del artículo 135, la que también exige a los consistorios que no incurran en déficit.

La pugna entre un Ministerio que deja para el final toda negociación y una UTE de alcaldes capitaneada por el PP, nos llevan a 8300 Aytos a un callejón sin salida. Volvamos al consenso y al diálogo en la @fempcomunica y negociemos un nuevo Decreto ya.

— Pedro del Cura (@Pedro_delcura) 10 de septiembre de 2020

Pérdida "histórica"

La dimensión del castigo permitió al líder del PP, Pablo Casado, hablar de derrota "histórica". El partido llevó a las puertas del Congreso a algunos de sus alcaldes –encabezados por José Luis Martínez-Almeida (Madrid) y Jorge Azcón (Zaragoza)– para reclamar que no haya represalias por parte de Hacienda y visibilizar la rebelión municipal, que ha unido a ayuntamientos de distinto signo. Incluso en el PSOE algunos ediles apoyaron el texto no sin recelo, pero ni en la FEMP ni este jueves en el pleno hubo fugas. 

"Si la ministra se toma la revancha pensando que no es necesario un nuevo decreto, se estará equivocando con todos los españoles porque no estará castigando a los alcaldes sino a los vecinos y a quien peor lo está pasando", indicó el regidor zaragozano. 

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El Gobierno minimizó la derrota. No cree que influya en la negociación de Presupuestos. "Si acaso puede ayudar", decían en Hacienda, donde recordaban que la debilidad parlamentaria "era esto", y ya estaba ahí. "También nos tumbaron las cuentas de 2019, y aquí estamos", recordaban. Las cuentas del 2021, indicaban, van por su camino, independiente al de un decreto que nació prácticamente muerto, por la oposición inicial que concitó. 

El Ejecutivo parecía haber elegido bien el día, porque el foco informativo seguía puesto en el 'caso Kitchen' que acorrala al PP.