El Congreso vota este jueves el texto

El Gobierno trata de salvar 'in extremis' el decreto local

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, junto a la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este 8 de septiembre en rueda de prensa en la Moncloa.

La vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, junto a la ministra de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, María Jesús Montero, este 8 de septiembre en rueda de prensa en la Moncloa. / periodico

Juanma Romero

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El Gobierno está cerca de sufrir su primera derrota parlamentaria en esta legislatura. Puede llegar mañana: el Congreso votará la convalidación o derogación del real decreto ley 27/2020 sobre remanentes de los ayuntamientos. Las expectativas ya son bajas en el Ejecutivo, pero tanto Hacienda como el Grupo Socialista creen que no todo está perdido. No aún. Pero varios socios del Ejecutivo, como ERC, siguen lejos; el PP se mantiene en el 'no', y hasta los comunes de Ada Colau rechazan el texto.

Las conversaciones se multiplican en las últimas horas, aunque la última oferta es la que María Jesús Montero puso sobre la mesa hace una semana en el Congreso y que reiteró este martes, tras el Consejo de Ministros. Hacienda acepta que el texto se tramite como proyecto de ley, para que los grupos puedan incorporar enmiendas. El ministerio se compromete a no aplicar los aspectos más controvertidos –el nuevo fondo de 5.000 millones para los municipios y la cesión de los remanentes al Estado en forma de préstamo que este devolvería en un plazo máximo de 15 años, a partir del 2022– hasta que los grupos hallen una fórmula alternativa y se tramite con celeridad.

Montero pidió a los partidos que, a cambio, permitan la convalidación del decreto ley, para que continúen en vigor los puntos "imprescindibles para el fortalecimiento" de los municipios y que generan más consenso.

Sánchez invita a la "reflexión"

¿Cuáles son esos aspectos más pacíficos? La suspensión de la aplicación de la regla de gasto para el 2020 (y el compromiso de extenderla hasta el 2021), que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit hasta el máximo permitido por la Constitución (hasta incurrir en déficit), la prolongación de las inversiones financieramente sostenibles (IFS) y el fondo de transporte de 400 millones (para hacer frente al déficit extraordinario motivado por el covid-19). Montero insistió en que su equipo y ella misma –que pilotan las conversaciones con los grupos– siguen en disposición de "diálogo" y "escucha".

Montero pide que se valide el texto para que sigan en vigor los puntos de consenso

También este martes 8, Pedro Sánchez, en su comparecencia monográfica en el pleno extraordinaria del Senado, invitó a la "reflexión", porque se puede llegar al "absurdo" de que los consistorios no accedan a los ahorros que tienen en los bancos y no pueden tocar si el Congreso finalmente deroga el texto.

Porque, al menos por ahora, el Ejecutivo sí tiene claro que si el real decreto ley decae mañana no habrá una segunda oportunidad. Fuentes de Hacienda subrayaron a este diario que no hay previsión de que se apruebe otra iniciativa. "Si es lo que quieren, el tren pasará", rubrican. Sánchez perdió en su primer mandato, en enero del 2019, otro decreto ley, este sobre vivienda y defendido por el ministro José Luis Ábalos, pero luego presentó una alternativa, al borde de las elecciones del 28 de abril, que ya sí fue asumida por Unidas Podemos y avalada por la Cámara baja.

ERC continúa en el 'no' salvo que haya "un giro de 180 grados". Ciudadanos tampoco tiene previsto moverse del rechazo, informa EFE. En Unidas Podemos, que ha sido muy crítica con el decreto —su representante en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Pedro del Cura, alcalde de Rivas, se abstuvo, con lo que el acuerdo con Hacienda salió adelante con el voto de calidad del presidente, el socialista Abel Caballero, regidor de Vigo—, algo se ha virado. Su portavoz, Pablo Echenique, aseguraba este martes en el Congreso que "la negociación está evolucionando" y "la situación actual no es el final", informa Europa Press, pero los comunes se aferran, por ahora, al rechazo. La votación se sigue presentando muy cuesta arriba para el Gobierno y ya está en tiempo de descuento.