El Gobierno impulsará más de 50 leyes y una reforma puntual de la Constitución antes de 2021

El desmontaje de la reforma laboral, una cuestión siempre muy delicada por el rechazo de la patronal pero punto fundamental para Unidas Podemos en su acuerdo programático con el PSOE, dará finalmente sus primeros pasos más decididos. El Gobierno prevé, en aras de ese "empleo digno" que persigue, recuperar la ultraactividad de los convenios colectivos. Será la pieza con la que empezará a desmontar la legislación del PP aprobada en 2012, y prevé culminarla en este curso político. 

Es una de las medidas incluidas en el plan legislativo respaldado este martes por el Consejo de Ministros. El 'Plan anual normativo de la Administración General del Estado para 2020' es la hoja de ruta que el Ejecutivo seguirá en este semestre, antes de 2021, con el que se pretende retomar iniciativas que quedaron postergadas por el estallido de la pandemia del coronavirus. En concreto, y según relató la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, en rueda de prensa posterior a la reunión ordinaria del Gabinete, el Ejecutivo pretende aprobar 171 propuestas: una modificación parcial de la Constitución —el artículo 49, para eliminar la discriminación hacia los "disminuidos" y adaptar la terminología para referirse a las personas con discapacidad—, tres leyes orgánicas (que serán seis en el transcurso del año), 53 leyes ordinarias y 114 reales decretos (que directamente acuerda el Consejo). Un total de 50 incorporan al ordenamiento jurídico directivas u otras disposiciones europeas. Un "esfuerzo importante de respuesta y compromiso exhaustivo" del Ejecutivo, indicó la número dos. 

Calvo incidió en que uno de los objetivos claros del Ejecutivo es conseguir "empleo digno", y bajo esa óptica ha trabajado en estos meses, porque "ha demostrado que se faja muy bien en el diálogo social", tanto con empresarios como con sindicatos. "Y en ese marco" el Ministerio de Trabajo, que dirige Yolanda Díaz, de Unidas Podemos, tiene previsto sacar tres leyes: la que regulará el teletrabajo, la reforma "para modificar la estructura y el ámbito temporal y las condiciones de inaplicación de la negociación colectiva" y la que servirá para la "protección laboral de las personas que prestan servicios a través de usos de medios tecnológicos" (los 'riders').

En la búsqueda del "empleo digno", se regulará el teletrabajo y la protección de los 'riders'

"Todo el empeño de este Gobierno para generar empleo digno en el marco del diálogo social es un empeño importante por lo que son males endémicos del mercado laboral", subrayó Calvo, quien presumió de que el Ejecutivo ha dado, en esta crisis por el covid-19, una "respuesta radicalmente distinta de protección, de solidaridad, de unidad, del conjunto del país". 

Leyes de Presupuestos, función pública o ciencia

Así, al menos sobre el papel, y remitiéndose siempre al diálogo social, la parte socialista del Ejecutivo accede a abordar algunas de las cuestiones que entiende más lesivas de la legislación laboral del PP —ahí encaja esa apuesta por la prórroga automática de los convenios colectivos cuando estos han caducado o la regulación de los 'riders'—.

Los socios quieren lanzar ese mensaje común, y eso que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, no es partidaria de tocar ahora la reforma de 2012 para no introducir mudanzas en el marco legislativo de las empresas en estos momentos de crisis. Obviamente, no se habla de una derogación íntegra de la reforma del PP, expresión que no figura en el acuerdo firmado con Unidas Podemos pero que sí se incluyó en el pacto alcanzado con Bildu para la quinta prórroga del estado de alarma y del que luego el PSOE se retractó dada la desautorización, precisamente, de Calviño. 

Calvo dio cuenta del plan normativo del Gobierno de aquí a final de año. Ya en febrero presentó la programación legislativa para todo 2020, pero saltó por los aires por el covid. El nuevo documento, que el Ejecutivo publicará en su integridad esta semana, incluye 171 propuestas, entre las que se incluyen, además de las normas laborales citadas, la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la nueva ley de función pública o la ley de memoria democrática. Esta última será aprobada en primera lectura por el Gobierno el próximo martes, y recogerá desde la asunción, por parte del Estado, de la exhumación de fosas comunes, la creación de un banco de ADN o la prohibición de entidades (como la Fundación Francisco Franco) que enaltezcan la dictadura.

En la agenda del Gabinete se incluyen las nuevas leyes de ciencia, de vivienda y de Formación Profesional, así como la ley orgánica para la igualdad de las personas LGTBI y la no discriminación por razón de orientación sexual. Asimismo, el Ejecutivo promete profundizar en la ley de reconocimiento a las víctimas del terrorismo y completar una nueva ley de secretos oficiales que barra con la vigente, de 1968, y que es una demanda histórica del PNV. La reforma del artículo 49 de la Constitución, que espera que sea aprobada por un amplísimo consenso en el Congreso, es un proyecto de la legislatura anterior que no pudo llevarse a cabo por el adelanto electoral del 28 de abril. 

Entre las prioridades, los Presupuestos y la ley de memoria, que saldrá el martes del Consejo

El Gobierno, dijo Calvo, busca atender las prioridades ya marcadas por el presidente, Pedro Sánchez: reorientación del modelo productivo, transformación digital y transición ecológica justa, tomando como ejes la cohesión social y territorial y las políticas de igualdad entre hombres y mujeres (en este capítulo, por cierto, se incluye la ley de libertad sexual, cuyo anteproyecto presentó el Gabinete en la semana del 8 de marzo). 

Se trata de un plan normativo, adujo la vicepresidenta primera, con un trabajo "previsible, fundamentado, ordenado, coherente, de calidad normativa", pero que también aspira a promover un "cambio de cultura política" que convoque a Gobierno y oposición. Calvo enfatizó que la presentación de este plan no obsta para que el Ejecutivo alumbre, como ha venido haciendo estos meses, la legislación de urgencia vía reales decretos leyes. 

Respecto a los Presupuestos, la portavoz, María Jesús Montero —que llevó la batuta de una rueda de prensa en la que también estuvo acompañada por el titular de Ciencia, Pedro Duque—, no incorporó novedades. La ministra insistió en la necesidad de que haya pronto unas cuentas "progresistas" e "incluyentes", para cuya negociación invita hasta al PP.

Y, en respuesta al vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ratificó que la voluntad del Ejecutivo es "ampliar las bases", de manera que lo que manifestó esta mañana en la SER el líder de Podemos respecto a que los PGE han de salir con los socios de investidura porque con Ciudadanos es "inviable", no es más que una "preferencia", sentenció. Es decir, la hoja de ruta de Hacienda (y de la parte socialista del Ejecutivo) se mantiene. Sobre impuestos, no quiso adelantar detalles de la negociación con los morados, aunque insistió en que se recogerán "determinados ajustes de algunas figuras fiscales" y se buscará "acompasar" la política tributaria con el momento que viven las empresas por el covid.