29 nov 2020

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DESDE MADRID

Un Govern de combate, indultos y CaixaBank

La nueva estrategia del Gobierno: indultar parcialmente a los presos después de que el TC resuelva los recursos y colaborar con el PDECat

Torra no acatará la inhabilitación y por eso convierte el Ejecutivo en una formación que hostigará a ERC y a Sánchez, sin aceptar ya la mesa de diálogo

José Antonio Zarzalejos

Quim Torra y Ramon Tremosa, en presencia de Pere Aragonès, en la toma de posesión del nuevo ’conseller’ de Empresa

Quim Torra y Ramon Tremosa, en presencia de Pere Aragonès, en la toma de posesión del nuevo ’conseller’ de Empresa / ACN / PAU CORTINA

La crisis catalana ha regresado a sus peores momentos. La "desinflamación" del Gobierno de coalición no ha funcionado. La mesa de diálogo pactada entre el PSOE y ERC ha saltado por los aires pese al brindis al sol de Pedro Sánchez y Gabriel Rufián supuestamente conjurados para convocarla este mes. Quim Torra se ha echado en brazos de Waterloo y prepara un nuevo desafío: anuncia que volverá a desobedecer –se supone que a la sentencia del Supremo que se dictará el mes que viene tras la vista oral el día 17 de su recurso de casación– y no acatará la firmeza de su inhabilitación. A tal fin ha remodelado su Gabinete, reforzándolo para que actúe en formación de combate tras la resolución judicial que lo descabalgará como presidente: resistir, desafiar, hostigar a los republicanos, a Sánchez y reverdecer los viejos laureles del 2017.

El órdago va más allá: pretende Torra, secundado por Carles Puigdemont, que la mayoría secesionista en el Parlament no elija un nuevo presidente de la Generalitat, lo que llevaría a una situación jurídica inédita y complicada porque él no convocará elecciones anticipadas. Ha elegido el caos. En esas circunstancias, con el rebrote de la pandemia, se produce también un terrible sarpullido político. Que pone en aprietos a Sánchez más allá de la aprobación de los Presupuestos, que descuenta serán rechazados por el grupo de Rufián –tras su cosmética entrevista en Moncloa– y secundados por Cs, el PNV y otras minorías. Saldrán adelante.

Pero el Ejecutivo no quiere que las aguas de la crisis catalana se estanquen y entren en putrefacción. En entornos gubernamentales se juega con dos bazas: aprovechar la partición del PDECat que bifurca los criterios del grupo parlamentario de JxC en el Congreso, atrayendo a cuatro de los ocho diputados disidentes de Puigdemont, e impulsar la tramitación de los indultos solicitados para los políticos presos que cumplen condena.

Margen de maniobra

Por el momento, la Lliga Demòcratica, UGT-Catalunya y el abogado Francesc de Jufresa han solicitado la gracia para los 12 sentenciados. Las peticiones podrían llegar al Consejo de Ministros antes de las elecciones catalanas, al final del invierno o en la primavera del 2021, desactivando así el martirologio político nutrido pronto por la probable condena en firme por desobediencia de Joaquim Torra que alentará protestas en la calle y dejará sede vacante la presidencia de la Generalitat por largo tiempo. Los magistrados del Constitucional deben imprimir velocidad a la resolución de los recursos de amparo como condición previa para que el Gobierno tenga rápidamente margen de maniobra.

Mientras Jordi SànchezJordi Cuixart y Oriol Junqueras ("que se meta el Gobierno el indulto por donde le quepa", dijo el republicano) no aceptan ser indultados, Dolors Bassa, ugetista, ha exclamado ante la posibilidad de ser perdonada un "¡y tanto que sí!", al tiempo que rechazaba el papel de mártir. Por su parte, Carme Forcadell, que recorre un itinerario personal atribulado, estaría también dispuesta a aceptar el indulto firmado por el Rey, al que corresponde, como acto debido, la concesión del beneficio de eximir total o parcialmente de las penas impuestas. Tres expresidentes del Parlament lo reclaman para ella.

El indulto será parcial –y su concesión, escalonada en el tiempo– porque no hay posibilidades de que la Sala Segunda emita informe favorable, pero, aun así, el Gobierno (artículos 19 y 21 de la ley de 1870) puede acordar la gracia sin necesidad de que los interesados pidan el beneficio, bastando que lo hagan otros sin necesidad de acreditar la representación de los sentenciados. Puede hacerlo, incluso, de oficio cuando concurran las circunstancias previstas en la ley. El indulto sería posible –aunque no dejase de ser excéntrico– a pesar de que sus beneficiarios lo rechazasen. Seguirían inhabilitados, pero en libertad. El Ejecutivo no tomaría esta decisión hasta que el órgano de garantías constitucionales acredite que se observaron todas las exigencias procesales de los derechos de los encausados por el Supremo.

Liberar presión

No hay más alternativa que liberar presión en Catalunya ante un escenario muy tenso que podría reiterar las movilizaciones callejeras de octubre del 2019, con actos vandálicos en las calles de Barcelona. Los servicios de información policiales están atentos a los movimientos subterráneos de los CDR y otros grupos que siguen las consignas del tándem Torra-Puigdemont. De ahí que entablar una relación parlamentaria de colaboración con el PDECat en el Congreso e indultar a los presos independentistas para evitar que la lista de mártires por la patria catalana aumente y arroje más gasolina al fuego sean medidas que la Moncloa baraja con tanta discreción como interés.

Ante el encrespamiento de la crisis, que podría situar al Gobierno ante un panorama previsto en el artículo 155 –su eventual aplicación colmaría las expectativas de Waterloo y del Palau de Sant Jaume– se producen estos movimientos de fondo: antes indultados que mártires y colaboración con los más sensatos de JxC en el Congreso con la vista puesta en las investiduras de Urkullu y Feijóo, nacionalidades históricas cuyos dirigentes se encuentran a distancia sideral de Torra, de Puigdemont y de Junqueras y más cerca del PNC, del PSC.

Y, por último, una grave incoherencia del independentismo, en plena "confrontación inteligente" con el Estado: la petición de la Generalitat de que la entidad resultante de la prevista fusión entre CaixaBank y Bankia tenga su sede en Barcelona. ¿Nadie en Sant Jaume se ha planteado que el banco que preside Jordi Gual y su fundación bajo la presidencia de Isidre Fainé, mudaron su sede a València y a Palma de Mallorca, respectivamente, precisamente por la intemperie europea en la que quedarían en una Catalunya independiente?