Torra se desmarca del consenso autonómico por no incluir las bajas para padres de niños aislados

La primera conferencia de presidentes del nuevo curso político, la número 22 (y la decimosexta desde que arrancó la pandemia por covid-19) discurrió de manera más tranquila que muchas anteriores. Con los esfuerzos volcados en la vuelta al cole y en el control de la pandemia cuando esta ha alcanzado una segunda curva que no se acaba de frenar, especialmente en focos como Madrid. 

Aunque ya Educación y Sanidad rubricaron un consenso la semana pasada sobre cómo proceder al retorno a las aulas, hay flecos aún sin resolver, como la situación en la que quedan los padres de los niños en cuarentena. Aquellos cuyos hijos son positivo en coronavirus tienen derecho a baja, pero no se ha aclarado aún qué ocurrirá con los que tengan pequeños aislados, con PCR negativa. Aunque el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, sí aseguró el miércoles que habría permisos retribuidos para los progenitores de niños que deban permanecer confinados, y aunque también la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, también reconociera que el Gobierno está trabajando en esa vía, aún no hay una decisión final. 

Este viernes, Pedro Sánchez no hizo alusión en su intervención inicial a esta cuestión, aunque sí pidió a las comunidades que no cierren colegios de manera unilateral porque su decisión afecta a otros territorios. El 'president' de la Generalitat, Quim Torra, sí se refirió a ello. Considera "esencial" que, en caso de confinamiento por PCR positiva o negativa los padres "puedan acogerse a una incapacidad temporal o bien a un subsidio, como sugirió el vicepresidente Iglesias". La propuesta de Catalunya es "reformar el real decreto ley [6/2020, de 10 de marzo] para amparar las dos situaciones". El jefe del Govern avisó de que no suscribirá la propuesta de declaración de la cumbre autonómica de este viernes si no incluye el "compromiso explícito de incapacidad temporal para PCR positivas y negativas, así como un subsidio especial para autónomos".

Las enmiendas de la Generalitat no fueron incluidas, así que Torra no firmó el documento, desmarcándose del consenso autonómico. La ministra de Política Territorial, Carolina Darias, explicó que el texto plasmaba el acuerdo de la conferencia multisectorial de la semana pasada, que concitaba un consenso prácticamente unánime (solo se abstuvo Euskadi), y por eso se decidió no introducir cambios. Es decir, que el acuerdo estaba hecho. La posibilidad de incluir ayudas para los padres de hijos cuarentenados está "en estudio", dijo la ministra, remitiéndose a las declaraciones de este viernes de su compañero de Gabinete, el titular de Inclusión, José Luis Escrivá. Como "se está trabajando" esta materia y requerirá probablemente de un "cambio normativo", se ha preferido dejar fuera de la declaración y no tocarla. 

Fuentes del Ministerio de Política Territorial puntualizaron que simplemente se trataba de dar mayor empaque político al pacto de la semana pasada, y por tanto no hubo una firma como tal del documento, de tal manera que la declaración de Torra es más simbólica, ya que el acuerdo sobre la vuelta al cole ya estaba hecho.  

Más fondos para 2021

La cuestión educativa centró la discusión de la conferencia. Así, el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, pidió un "acuerdo explícito que regule cómo actuar en caso de brotes". Y aunque valoró los 2.000 millones del fondo covid que el Gobierno reservó para preparar la vuelta a las aulas, mostró su desacuerdo con el reparto, publicado este miércoles en el BOE, porque no tiene en cuenta, dijo, costes como el transporte escolar o los comedores. Galicia ingresará 92 millones, bastante menos que otras autonomías más pobladas, como Madrid (291 millones), Catalunya (337) o Andalucía (383). Feijóo demandó un compromiso presupuestario para el año que viene, como también lo formuló el murciano Fernando López Miras (PP), ya que "la pandemia no va a terminar en diciembre y es necesario que pueda haber más fondos y que se pueda disponer de ellos en 2021". 

El líder de la Xunta reiteró su exigencia de que se reforme la legislación sanitaria para disponer de instrumentos "más eficaces" para hacer frente a la pandemia y adelantó a Sánchez que le enviará una propuesta de modificación de la Ley de Salud Pública. Algo que ya avanzó que haría la semana pasada. El Gobierno no ve preciso ese cambio legal porque entiende que hay herramientas jurídicas suficientes, incluido un estado de alarma a la carta y territorializado. El conservador Alfonso Fernández Mañueco (Castilla y León) reivindica igualmente el cambio legislativo para no tener que recurrir a instrumentos excepcionales. Otro presidente, en este caso el socialista Javier Lambán (Aragón), es partidario de modificar la legislación para que las decisiones judiciales recaigan en los Tribunales Superiores de Justicia. Lambán, por cierto, reforzó la idea de que urge "facilitar la conciliación familiar y laboral", sobre todo cuando un alumno deba quedarse en casa y sus padres puedan disfrutar de una prestación, "sin que signifique una carga añadida para las empresas". 

El popular Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, recalcó que este curso escolar es "el más complejo de los últimos 40 años". Así que si se quiere "generar confianza" se ha de actuar con "unidad", señaló, porque lo que provoca más "incertidumbre" es que no haya "igualdad de acción entre las comunidades". Defendió un criterio común sobre el absentismo en las aulas porque "no sería bueno tomar decisiones aisladas o descoordinadas", informa Julia Camacho desde Sevilla. Moreno añadió que "tras el jarro de agua fría de conocer que los fondos europeos no llegarán hasta mediados de 2021, ha pedido que se agilice o que el Gobierno adelante esos recursos porque "las administraciones están exhaustas y necesitan recursos, igual que los necesitan los autónomos y las pequeñas empresas". 

La petición de prorrogar los expedientes de regulación temporal de empleo (ertes), incluso hasta Semana Santa, fue compartida por varios presidentes. Lo reclamaron los mandatarios de Catalunya, Euskadi, Comunidad Valenciana, Aragón o Andalucía. Así, el lendakari, Iñigo Urkullu —investido este jueves, igual que Feijóo, por lo que ambos fueron felicitados por Sánchez—, incidió en que es básico evitar el "colapso económico". Los ertes, cree, habrán de prolongarse mientras siga la exposición a los efectos del covid, mientras que propuso medidas de apoyo específico a sectores tractores que atraviesan una situación "delicada".

Presidentes socialistas como Lambán o el valenciano Ximo Puig hicieron hincapié en la necesidad de unos nuevos Presupuestos del Estado, "con el mayor respaldo posible", señaló este último. El dirigente valenciano apuntaló la línea argumental del Gobierno, al recalcar que los ciudadano precisan de instituciones "fuertes y legitimadas", y también "renovadas", y eso también incluye la actualización del sistema de financiación autonómica. Puig demandó hacer "causa común contra la pandemia", con una "comunicación rigurosa, pero no alarmista", y un "protocolo homogéneo para una movilidad segura" en el espacio europeo, no solo para el turismo sino para las empresas. 

El jefe del Ejecutivo castellanomanchego, Emiliano García-Page, defendió una "estrategia nacional" de lucha contra el covid, porque "lo contrario es lío y caos". El dirigente socialista llamó la atención de que es más fácil "llegar a un consenso" en la conferencia de presidentes que en el Congreso, algo "bonito pero extraño". Por eso cree que es necesario disponer pronto de unas nuevas cuentas para que haya "un escenario de cierta previsibilidad presupuestaria" para que todas las comunidades puedan "moverse sin problemas".

Mayor margen de déficit

Page defendió, incluso, que las autonomías formen parte de la "arquitectura del acuerdo" de los PGE. Sobre los fondos europeos, sostuvo que hace falta una "previsión realista". Apoya que coordine los trabajos la Moncloa y que Hacienda marque la pauta, pero cree que además del marco "es conveniente tener los ritmos, por dónde hay que empezar, porque hay ganas de empujar y de conseguir los fondos". El presidente reclamó, como hiciera en primavera, que el reparto de los recursos frente al coronavirus ha de hacerse en función de la incidencia que la enfermedad tiene en cada territorio y apuntó que hay que "trabajar" en la situación de los confinados que no son positivo. 

Finalment el Govern espanyol no ha acceptat les esmenes proposades i, per tant, la Generalitat no subscriurà el document sobre educació de la reunió d’aquest matí https://t.co/l8TgAcGfke

— Quim Torra i Pla (@QuimTorraiPla) 4 de septiembre de 2020

Lambán apoyó la solicitud del presidente de Asturias, el socialista Adrián Barbón, para que se incluya en las cuentas del Estado alguna partida relativa a educación. "No pido hacer esfuerzos equivalentes a los 16.000 millones [del fondo covid, no reembolsable], pero sí que podamos acometer los presupuestos [autonómicos] con un margen de déficit muy importante que sea, como mínimo, del 2,5%, para llegar a un techo de gasto similar al de 2020", indicó.

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Isabel Díaz Ayuso, presidenta de Madrid, remarcó que las comunidades necesitan disponer de más financiación de cara a 2021 para "atender y dar continuidad a todas las contrataciones extraordinarias" que se están realizando, tanto de profesores como de sanitarios. La comunidad, que contempla el fichaje de 11.000 docentes y que ha contado con "10.000 sanitarios nuevos a los que se ha prolongado su contrato hasta diciembre", entiende que no se pueden perder esos recursos humanos "a mitad de curso porque no hay más presupuesto". La jefa del Ejecutivo madrileño propuso un plan nacional de movilidad, sobre todo de cara a los próximos meses y pensando en las capitales de provincia, y volvió a demandar una reunión bilateral a Sánchez. Incluyó uno de sus clásicos: un plan Barajas, para controlar los casos que se detecten en la principal entrada de viajeros. 

Las referencias a los PGE permitieron al Gobierno colegir que también las autonomías quieren que cuaje el pacto. "No tengo ninguna duda de que los presidentes autonómicos lo que quieren es que pueda haber acuerdo", señaló Darias. Para la ministra, no es comprensible que ante el mayor "reto de país", pervivan las cuentas de 2018, aprobadas en un contexto que nada tiene que ver con el actual. Así que los mandatarios autonómicos se han mostrado, "tácita o implícitamente", dispuestos a animar a sus partidos a apoyar unos nuevos PGE. Lo dijo con "todas las cautelas", porque ninguno lo expresó "explícitamente".