Bloqueo de Estado: todas las instituciones pendientes de renovación

Ni siquiera una pandemia como la que vive España desde marzo ha sido suficiente para que Gobierno y PP sean capaces de llegar a acuerdos que desbloqueen, por ejemplo, la renovación de algunas instituciones del Estado. Hace meses que el Ejecutivo y el principal partido de la oposición comenzaron a plantearse, al fin, los cambios pendientes en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), el Defensor del Pueblo, el Tribunal Constitucional (TC) y el Consejo de Administración de RTVE. Las conversaciones alentaron la posibilidad del acuerdo, pero los populares recelan de unas negociaciones en las que esté presente Podemos y congelaron el diálogo.

Para la renovación de los magistrados del CGPJ y del TC que dependen del Congreso es obligatoria una mayoría de tres quintas partes de la Cámara (210 votos), lo que el PSOE y el PP, juntos, no logran por solo dos diputados (suman 208). Si el bloqueo persiste, el Gobierno puede abrir la puerta a que otras formaciones entren en el hipotético consenso para acabar con la provisionalidad de ambas instituciones, pero ello obligaría a socialistas y podemistas, que suman 155 escaños, a buscar nada menos que 55 votos.

CGPJ

El mandato del órgano de gobierno de los jueces, de cinco años, caducó en diciembre del 2018. Entonces, PP, PSOE y Podemos llegaron a pactar para su presidencia al magistrado del Tribunal Supremo Manuel Marchena, pero este acabó renunciando a su candidatura después de que se filtrara un whatsapp del entonces senador popular Ignacio Cosidó presumiendo de que, con este juez al frente del CGPJ, se podría controlar la Sala Segunda del alto tribunal "desde detrás".

El CGPJ lo componen 20 vocales, de los que 12 son magistrados y jueces y los otros ocho son juristas de reconocida trayectoria propuestos por los partidos. Entre ellos eligen al presidente, un magistrado que a la vez presidirá el Tribunal Supremo. La mitad de los 20 vocales se votan en el Congreso y la otra mitad en el Senado, a razón de seis jueces y cuatro juristas en cada Cámara.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

Pendiente está también la renovación de los cuatro de los 12 miembros del TC que corresponde elegir al Congreso, cuyo mandato de nueve años concluyó el pasado noviembre. Hace un año, el presidente del tribunal, Juan José González Rivas, ya comunicó a la presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, que debía iniciar este procedimiento.

DEFENSOR DEL PUEBLO

El socialista Francisco Fernández Marugán ejerce como Defensor del Pueblo en funciones desde hace casi tres años. Para su sustitución se necesita que la Comisión Mixta (Congreso-Senado) de Relaciones con el Defensor del Pueblo proponga un nombre y que tres quintas partes del Congreso le den su apoyo. Un resultado que debe ratificar el Senado en un plazo máximo de 20 días.

RTVE

El Gobierno debe reactivar el concurso público que comenzó en agosto del 2018 para renovar el Consejo de Administración de RTVE y que se congeló en marzo del año pasado, con la convocatoria de elecciones generales. Los 20 aspirantes a dirigir RTVE deberán pasar por la Comisión de Nombramientos de Congreso y Senado, y entre ellos se elegirá a los 10 miembros del consejo (seis en el Congreso y cuatro por el Senado).

Todos necesitan un respaldo mínimo de dos tercios de la Cámara en primera vuelta (al menos 233 diputados) y, en su defecto, mayoría absoluta (176 diputados) en una segunda votación, con aval de cuatro grupos parlamentarios. El presidente del consejo se elige en la Cámara baja, de entre los 10 miembros directivos y con el mismo sistema de votación.

CONSEJO DE TRANSPARENCIA

Otra de las renovaciones en cartera es la de la presidencia del Consejo de Transparencia y Buen Gobierno, en este caso después del fallecimiento, en junio del 2017, de la que hasta entonces había sido su titular, Esther Arizmendi. En este caso es el Gobierno quien nombra a su presidente por un periodo de cinco años y el Congreso lo debe refrendar en un mes por mayoría absoluta, esto es, de 176 votos.

EL FROB Y LA CNMV

En el ámbito económico, el nombramiento más inmediato es el del presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), que pilotó el rescate en el sector financiero y responsable último de Bankia, y cuyo presidente, Jaime Ponce, concluyó mandato al frente de este organismo el pasado julio. Durante el pasado estado de alarma, el Gobierno cambió la ley en uno de sus decretos leyes para combatir la crisis del coronavirus y habilitó a Ponce para continuar hasta el nombramiento de un sucesor. En este caso, el candidato propuesto por la ministra de Economía, Nadia Calviño, deberá presentar sus credenciales ante el Congreso, pero no necesita aval parlamentario para que el Gobierno pueda formalizar su nombramiento.

Y a finales de noviembre caducarán los mandatos del presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Sebastián Albella, y de su vicepresidenta, Ana María Martínez-Pina, aunque en este caso pueden ser renovados por otro mandato. Eso sí, PSOE y Unidas Podemos, hoy en el Gobierno, se opusieron entonces a su nombramiento por parte del Gobierno de Mariano Rajoy, que los pactó con Ciudadanos.