Sánchez ofrece a las autonomías un estado de alarma a la carta

Alarma. La palabra que se convirtió en tabú, la que tanto denostó la oposición, vuelve. Pero no regresa asociada al mando único del Gobierno, sino a las comunidades. Ellas podrán pedir la declaración del estado de alarma en todo su territorio o en parte de él. Pero la iniciativa será enteramente suya, no del Ejecutivo, aunque este le garantiza los votos de los dos grupos que sustentan la mayoría parlamentaria. 

Pedro Sánchez ofreció este martes ese giro de guión tras el primer Consejo de Ministros posterior a las vacaciones. La esencia, con todo, es la misma: tras el fin de la desescalada, que tuvo que acelerar por la falta de apoyos y la presión política, decidió que la responsabilidad de la gestión de la lucha contra el coronavirus recaería en las comunidades. 

Y en ellas seguirá descansando. Pero con el crecimiento desbocado de los casos —la incidencia acumulada en los últimos 14 días es de 173,14 positivos por 100.000 habitantes, este martes se notificaron 7.117 nuevos contagios, 2.415 en las 24 horas anteriores— y la exigencia de la oposición para que tome el control, el presidente visualizó lo que en su equipo llamaban un “golpe de autoridad”, especialmente dirigido al PP y a comunidades como Madrid, que no ha dejado de lanzar invectivas contra el Ejecutivo y que es otra vez el epicentro de la pandemia en España. 

Sánchez arrancó reconociendo que la evolución del covid-19 “no es buena, es preocupante en algunos territorios” y por ello “hay que atajarla”, pero al tiempo subrayó que el escenario no es equiparable al de marzo, por lo que la receta es la “serenidad”. “No un miedo que nos paralice y nos impida actuar”, insistió. 

La ley orgánica de 1981 ya permitía a los territorios solicitar la aplicación de una alarma total o parcial

Esa evolución "preocupante" de la curva de infecciones obliga, justificó Sánchez, a una respuesta "más intensa" ante la amenaza del covid-19, pero también "serena" dado que la situación epidemiológica y asistencial no es como la de la primavera, ya que las comunidades autónomas han aumentado considerablemente la capacidad de diagnóstico, puesto que se han realizado 5,8 millones de pruebas PCR, y se ha constatado un aumento del 168% en la práctica de test respecto a la existente a la finalización del estado de alarma. "No vamos a permitir que la pandemia se adueñe de nuestra vida", señaló. El propósito es "doblegar la segunda curva y, cuanto antes, mejor".

La salida jurídica que ofrece el Ejecutivo a las comunidades es que puedan solicitar la declaración del estado de alarma total o parcialmente en sus territorios. No es una innovación técnica: ya el artículo 5 de la ley orgánica de 1981 permite a los presidentes autonómicos solicitar al Gobierno que active esa herramienta. Y el 7 permite que el Ejecutivo les nombre autoridades competentes delegadas. 

No es sinónimo de confinamiento

La novedad estriba esta vez en que serán los mandatarios regionales los que, con seguridad, asumirán el mando único —y no el Ministerio de Sanidad—, como ocurrió en la última fase de la desescalada, y los que tendrán que comparecer ante el Congreso, junto con el Gobierno, para defender la alarma y sus eventuales prórrogas. Es decir, que el Ejecutivo sitúa a las autonomías frente al espejo: que ellas decidan, que ellas lo expliquen y que ellas asuman el desgaste político.

"Si un presidente autonómico considera que necesita este instrumento, el Gobierno de España se abre a darles esta capacidad", aseguró. En correspondencia, los 120 diputados del PSOE y los 35 de Unidas Podemos apoyarían la demanda en la Cámara Baja, que es quien debe autorizarlo por mayoría simple, de modo que socialistas y morados necesitarían el respaldo de otros grupos. "Las solicitudes basadas en razones sanitarias fundadas y claras contarán con el respaldo del Gobierno y también de la mayoría parlamentaria que sustenta a este Gobierno", remarcó.

Los contornos de una nueva alarma a la carta, sin embargo, no están definidos. Sánchez solo subrayó que no es sinónimo de confinamiento. Es decir, que igual que durante la desescalada se fueron ensayando distintos estados, desde el más restrictivo hasta el más liviano, ahora también puede ocurrir lo mismo. Defendió así que es una herramienta flexible, porque así lo prevé la Constitución en su artículo 116.

Sánchez pretende que sean las autonomías las que asuman el desgaste político

¿Y si las comunidades no echan mano de la alarma aunque el virus se descontrole? Esa es la duda. Sobre todo por Madrid y el irredentismo de su presidenta, Isabel Díaz Ayuso (PP). Sánchez descargó la responsabilidad en las autonomías, aunque no cerró la puerta a asumir el control: “Esperemos que no lleguemos a ese punto. Estoy convencido de que todos los gobernantes autonómicos actúan con la máxima responsabilidad y el deber de proteger la salud pública”. 

Díaz Ayuso, no obstante, no cerró del todo la puerta este martes tras el anuncio del líder socialista. Catalunya, mientras, se lo piensa. Fuentes del Govern aseguraron que estudiarán con detalle esa posibilidad, informa Fidel Masreal. Desmintieron así la primera reacción contraria a la medida, cuando la ‘consellera’ de Salut, Alba Vergés, dijo que no la creía “en absoluto necesaria”. En todo momento, Sánchez se escudó durante la rueda de prensa en que España es un Estado "compuesto", que su Ejecutivo no pretende "recentralizar" competencias —como le acusaban los nacionalistas durante la alarma—, sino que su labor es "supervisar, apoyar, coordinar, cooperar, en definitiva, cogobernar".

Además, el Gobierno pone a disposición de las autonomías 2.000 militares para labores de rastreo en las que han sido formados. El Ejecutivo busca tapar un boquete del que ya previno Sanidad en la desescalada y que ahora afecta, de nuevo, a territorios como Madrid o Catalunya: la necesidad de trazar los contactos de los positivos para frenar las cadenas de propagación del virus. El número anunciado, de 2.000 efectivos podría aumentar, precisó Sánchez. 

Llamamiento a la unidad

La tercera herramienta esgrimida por Sánchez es la ‘app’ Radar Covid. El presidente exigió a los territorios que aún no han completado el proceso técnico —son solo siete los cumplidores: Andalucía, Aragón, Cantabria, Extremadura, Canarias, Castilla y León y Baleares— a que enlacen ya sus sistemas sanitarios con ella. "Exhortamos a todas las demás comunidades para que se incorporen al sistema de rastreo digital", demandó. Según los primeros cálculos, con una implantación de la 'app' de un 20%, se puede reducir el impacto de la pandemia un 30%.

A las tres medidas, Sánchez agregó otras tres consideraciones, más de carácter político, y que marcarán singularmente un otoño muy complicado para el Gobierno. Así, pidió "desterrar de la pelea partidista la lucha contra la pandemia", porque "el enemigo es el virus, no otro". En la línea de meses anteriores, evitó lanzar "reproches" contra los gobiernos autonómicos. Ni siquiera contra el más beligerante, el de la madrileña Díaz Ayuso.

A su vez, el presidente anunció que la semana próxima iniciará una ronda con los líderes políticos para, precisamente, pedirles que saquen el combate contra el covid de su artillería contra el Ejecutivo y para demandarles —aquí está el punto clave— que desbloqueen la renovación de órganos institucionales, como el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo o RTVE. El PP de Pablo Casado había acercado posturas en las últimas semanas, pero tras la destitución de Cayetana Álvarez de Toledo como portavoz popular en el Congreso, el jefe de los conservadores negó toda opción al acuerdo. El Gobierno, sin embargo, sigue insistiendo, con el argumento de que la emergencia sanitaria requiere de "instituciones robustas". 

Sánchez emprenderá una ronda con los líderes políticos y tratará de desbloquear instituciones

En paralelo, el Ejecutivo se lanzará a la negociación de los Presupuestos Generales del Estado de 2021. Cuentas para las que reclama el "mayor respaldo posible", porque serán "de país" y las anteriores, las de Cristóbal Montoro de 2018, eran "inservibles" antes y ahora directamente son "nocivas y contraproducentes".

De nuevo, el presidente hizo un llamamiento a todas las fuerzas políticas, para que arrimen el hombro y hagan posible unos nuevos Presupuestos que además han de contener las ayudas de Europa. Pese a la incomodidad que despierta en su socio de Unidas Podemos, la voluntad de la Moncloa es explícita: no se excluirá a ningún grupo, y tampoco a Ciudadanos, la formación que ahora mismo parece más disponible para llegar a un entendimiento, más que ERC, dada la proximidad de unas elecciones en Catalunya. 

Sánchez fue preguntado en tres ocasiones por qué España es el país de Europa con más contagios, qué ha pasado para que la segunda ola del virus haya llegado tan pronto, para que la incidencia acumulada sea tan alta. Pero el presidente no quiso lanzar críticas a las comunidades autónomas y sí reiteró los llamamientos a la unidad, porque solo con ella se podrá doblegar la curva. No obstante, sí recordó que la situación epidemiológica "no es homogénea" y algunas autonomías sí han logrado una "eficacia mayor" en el control de la enfermedad, mientras que en otras se han detectado "problemas". 

El Gobierno mantiene que no hacen falta más reformas legales, a las que se comprometió con Ciudadanos o ERC y que insistentemente le reclama el PP. Sánchez defendió que ya existe un instrumento, la alarma, al que ahora pueden recurrir las comunidades, y que ya se han reforzado las capacidades. Así, recordó que Sanidad ya dispone de una Secretaría de Estado —cuya titular es, desde principios de agosto, Silvia Calzón—, que no tenía, y se ha aprobado el 'fondo covid' de 16.000 millones de euros que las comunidades no tendrán que devolver.

Vuelta al cole "segura"

También el decreto ley de nueva normalidad, recordó, aprobado por amplísima mayoría en la Cámara Baja, introdujo modificaciones legislativas, como el refuerzo de las actuaciones sanitarias coordinadas. De este modo, el Gobierno considera que está "dando cumplimiento a los acuerdos alcanzados con las distintas formaciones políticas". Por otro lado, "no se puede permitir" que decisiones de tanto calado como la restricción de derechos fundamentales, alegó, se adopten sin control judicial o parlamentario. 

Rehúye la polémica con Podemos por Celaá y rubrica el "positivo" funcionamiento de la coalición

El líder socialista fue muy reiterativo en la idea de que la vuelta al cole, que ahora está en el centro del debate por los retos que plantea la lucha contra el coronavirus, la alta incidencia de la enfermedad y el peligro de seguros nuevos contagios, será "segura". Que los padres y madres pueden estar tranquilos, que ya los ministerios de Sanidad, Educación y Universidades diseñaron recomendaciones específicas en junio, que habrá una nueva reunión con los consejeros este jueves y además se celebrará una conferencia de presidentes específica (y telemática) a primeros de septiembre, probablemente el día 4.

El retorno a las aulas debe hacerse, dijo, "con normalidad", porque "es la hoja de ruta y no hay otra". Como sostuvo a lo largo de su larga rueda de prensa, el "miedo" al virus no debe "paralizar" la actividad, y tampoco la reapertura de los centros educativos. Los coles, insistió, serán "mucho más seguros que lo que pueda ser un parque infantil al lado de nuestra casa". También recordó que, de los 16.000 millones del 'fondo covid', 2.000 se reservaron específicamente para la vuelta a las aulas, para garantizar que se produjera en condiciones seguras. Y para que las comunidades pudieran contratar más profesores. En ese punto señaló que los territorios han fichado a 30.000 docentes, aunque no todos lo han hecho de la misma manera. Aquí, la diferencia: la Comunidad Valenciana, explicitó, ha sumado 4.000 profesores, y otras mucho menos. Era otra referencia implícita a Madrid, el gran foco de oposición institucional al Ejecutivo.

Sin embargo, antes de la rueda de prensa ya había aflorado la queja de Unidas Podemos, su socio de coalición, acusando de "falta de liderazgo" a la ministra de Educación, Isabel Celaá. Sánchez no quiso responder a las críticas de los morados. Se escudó en que no revela las deliberaciones del Consejo de Ministros, porque lo tiene prohibido. Pero sí mostró satisfacción con su Gabinete. "Todos y cada uno de los ministros tiene mi máxima confianza y yo lo único que puedo decir es que tengo lógicamente una positiva opinión del funcionamiento del Gobierno de coalición y de la aportación de Unidas Podemos al funcionamiento del Gobierno, no le quepa duda".

La comparecencia del jefe del Ejecutivo se solapaba además con la sesión de la Diputación Permanente, que discutía si Pablo Iglesias debía acudir al Congreso para dar cuentas de la presunta financiación ilegal de su partido. Los socialistas impidieron que la oposición se saliera con la suya y rechazaron las peticiones. Durante la rueda de prensa, Sánchez se atuvo a su guión de siempre: "Máximo respeto al Poder Judicial, a la independencia del Poder Judicial. En el terreno político, total confianza y total apoyo a Unidos Podemos y al vicepresidente segundo". Sánchez no quiere que nada perturbe el discurrir de su Ejecutivo. Pero eso no quita para que el mensaje filtrado por los morados desconcertara (y molestara) a la Moncloa.