Otoño de vértigo para Pablo Iglesias

Pablo Iglesias tiene ante sí unos meses difíciles. Su estancia en el Gobierno -poco más de siete meses-, no ha sido, precisamente, un camino de rosas. El Gobierno de coalición nació a las puertas de la pandemia y con apenas dos meses de vida se vio envuelto en una crisis sanitaria, económica y social inédita. Pero el futuro del Ejecutivo y, en concreto, el del líder morado no augura mejores tiempos. La imputación de Podemos por posibles irregularidades en la contabilidad, las pesquisas de la Fiscalía del Tribunal de Cuentas sobre los gastos electorales en las elecciones de abril del 2019 y el 'caso Dina' amenazan la estabilidad del secretario general morado.

Además, deberá lidiar con las contradicciones que implica estar en un Consejo de Ministros bicolor en el que son los socialistas los que marcan el camino a seguir. No se le escapa tampoco al vicepresidente segundo que la negociación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2021 será compleja con un PSOE intentando introducir en la ecuación los 10 votos de Cs. Muchos frentes abiertos -judiciales, políticos y de imagen- para el secretario general de Podemos, sin tener en cuenta los obstáculos que pueda producir una segunda ola de contagios. 

Investigación abierta

La situación judicial de los morados se ha complicado mucho en las dos últimas semanas. Iglesias, embrollado desde hace tiempo en el 'caso Dina', ve ahora cómo su formación es investigada por partida doble. La reciente imputación de Podemos como partido y de tres de sus dirigentes tras ser acusados por su exabogado José Manuel Calvente por presunta malversación y administración desleal ha supuesto un duro golpe para una organización que construyó sus bases sobre la lucha contra la corrupción. 

Los ‘podemistas’ echan por tierra la denuncia que vertió sobre ellos Calvente por basarse en "rumorología" y ponen en duda el buen hacer del titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, que decidió abrir la investigación. Una posición que les ha valido los reproches de ciertos ministros socialistas que exigen un mayor respeto a la Justicia.

Iglesias, que no ha comparecido desde que se conociera la noticia y que solo se pronunció a través de Twitter, enmarcó la investigación en una estrategia para sacarles del Gobierno. Sin embargo, su argumentación parece que no frenará, por el momento, la causa. Los tres miembros de la cúpula de Podemos -entre ellos el secretario de Comunicación y hombre de confianza del vicepresidente segundo, Juan Manuel del Olmo- han sido llamados a declarar el 20 de noviembre. Puede que él mismo tenga también que comparecer, pero en el Congreso. Este martes la Diputación Permanente debatirá la petición de PP y Cs para que Iglesias de explicaciones sobre las cuentas del partido en la Cámara baja. 

A la incomodidad de este investigación -tanto para Podemos como para el sector socialista del Gobierno- se sumó el pasado viernes la apertura de unas nuevas pesquisas sobre los gastos del partido en la campaña electoral de abril de 2019. La Fiscalía del Tribunal de Cuentas solicitó que la justicia ordinaria investigue un contrato que realizó Unidas Podemos con la consultora Neurona durante los comicios generales de abril del 2019 al apreciar un posible delito de fraude electoral y de falsedad documental en las cuentas de la formación. Un nuevo varapalo judicial que alimenta las críticas de la oposición que exigen, desde hace dos semanas, la dimisión de Iglesias y su salida inmediata del Gobierno. 

Fricción interna

Dejando a un lado los asuntos judiciales, Iglesias tendrá una tarea compleja dentro del Ejecutivo en los próximos meses tratando de no diluirse en el mensaje diseñado por el sector socialista y marcando perfil propio. Uno de los principales escenarios en los que tendrá que dar esta batalla es la negociación de los Presupuestos Generales del Estado. Sánchez parece muy dispuesto a incluir a Cs en el diálogo sobre las cuentas públicas de 2021, vitales para la supervivencia de la legislatura, para aferrar la mayoría necesaria y abaratar las posibles exigencias de ERC en un hipotético contexto electoral en Catalunya. 

Iglesias sostiene una posición totalmente contraria. El vicepresidente segundo rechazó hace meses la participación de los naranjas en los Presupuestos por ser incompatibles con el acuerdo de legislatura que firmó con Sánchez. Sin embargo, la opinión del líder de Podemos parece no calar ni entre sus propios ministros. A mediados de julio, el responsable de Consumo y coordinador federal de IU, Alberto Garzón, abrió la puerta a negociar con todas las fuerzas. 

Además, como ya avisó Iglesias meses antes de entrar en el Gobierno, se le vienen encima "muchos límites y contradicciones". Sobre la mesa está la última cuestión controvertida, la monarquía. Iglesias, abiertamente republicano, tendrá que actuar en concordancia con la línea establecida por Sánchez sin dejar de reivindicar su agenda política. Una tarea más para el vicepresidente segundo en un otoño que se augura complejo. 

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