Tres años contra un muro

La ofensiva de JxCat, encabezada por Quim Torra, contra el secretario general del Parlament es solo el último episodio de un desencuentro entre poderes –el ejecutivo y el legislativo– que arranca en el 2016. Ese año, cuando el Govern de Carles Puigdemont necesitó quebrantar el orden legal para acomodar su vía unilateral hacia la independencia, los letrados de la Cámara empezaron a rebelarse. Y ya no han dejado de hacerlo, aunque existe una diferencia sustancial entre lo que pasó en la anterior legislatura y lo que sucede en esta: los posconvergentes han convertido las algaradas contra el cuerpo jurídico del Parlament en munición electoral contra Esquerra, a quien acusan de valerse de los letrados para evitar que sus planes políticos prosperen.

Antoni Bayona, exletrado mayor de la Cámara antes de dimitir precisamente por esas presiones, ha dejado escrita en dos libros (y de palabra en sus comparecencias ante el Tribunal Supremo y el TSJC en los juicios del ‘procés’) su oposición a las leyes de ruptura que se aprobaron el 6 y 7 de septiembre del 2017, pocas semanas antes del referéndum del 1-O. En esos días, el procedimiento para ningunear las advertencias de Bayona y sus compañeros era siempre el mismo: la Mesa del Parlament, presidida por Carme Forcadell, subrayaba que sus informes no eran «vinculantes», y no se les hacía ningún caso. El propio Xavier Muro, ahora en el punto de mira de JxCat, ya se negó a que su firma apareciera en el Boletín Oficial del Parlament que publicó esas leyes de desconexión.

El episodio que los posconvergentes señalan como clave en esa nueva correlación de fuerzas –la supuesta connivencia entre ERC y los letrados- es el intento de investir a distancia a Puigdemont. En enero del 2018, un informe de los servicios jurídicos del Parlament se oponía a esa posibilidad, y subrayaba que era "imprescindible" que el candidato a liderar la Generalitat estuviera presente en la Cámara. Haciendo caso de las directrices de Oriol Junqueras, que dijo a los suyos que no quería que nadie más fuera a la cárcel por iniciativas estériles, el republicano Roger Torrent se remitió a la opinión de los letrados para no participar en la operación de presión de JxCat.

Choques frecuentes

Desde ese día y hasta que los posconvergentes han pedido formalmente la dimisión de Muro, los encontronazos han sido frecuentes. El secretario general del Parlament se ciñó a la ortodoxia legal cuando prohibió que los presos independentistas votaran a distancia en la Cámara, o cuando avaló que Torra se quedara sin escaño hace medio año. Pero a diferencia de Bayona, y pese a los últimos intentos por descabalgarlo, Muro sigue en primera línea.

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