Las entidades municipalistas catalanas buscan hacer frente común al pacto Gobierno-FEMP

Nacidas ambas en 1981 y con la misión de trabajar como contrapeso la una de la otra, la Federació de Municipis de Catalunyay la Associació Catalana de Municipis, han ido limando asperezas con el paso de los años. la FMC representaba el poder local socialista, sobre todo en el área de Barcelona, y la AMC, el convergente. Ambas entidades, sin embargo, harán frente común contra el acuerdo del Gobierno con la Federación Española de Municipios y Provincias por el que los gobiernos locales aceptan transferir sus superávits al Estado.

La FMC, presidida por primera vez desde hace un año por un edil que no es del PSC, la alcaldesa de Vilanova, Olga Arnau (ERC), ya se opuso al acuerdo (forma parte de la FEMP) en la votación que decidió el voto de calidad de la federación, el exministro socialista Abel Caballero. Arnau y la AMC ultimaban, al cierre de esta edición, un texto conjunto que trasladarán a sus asociados, la práctica totalidad de los ayuntamientos catalanes, en la que se rechaza el pacto. Fuentes conocedoras de la negociación atribuyeron al periodo estival, «y la dificultad de coordinarlo todo» que el texto no se hiciera público ayer mismo. 

La ACM ya respondió el pasado 4 de agosto. En una carta dirigida a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y a Caballero, el presidente de la ACM, Lluís Soler afirmó que «con ese acuerdo se confiscan los superávits municipales y se crea un agravio entre los municipios con y sin remanente de caja. Y pone en peligro el pago rápido a proveedores, una de las herramientas clave para ayudar a la reactivación económica». 

Las llaves locales

 También el Govern y buena parte de los los partidos políticos mostraron su frontal oposición al pacto entre Gobierno- FEMP. Así, el vicepresidente y titular de Economia, Pere Aragonès,  dijo estar convencido de que los ayuntamientos no enviarán su superávit al Estado. «El pacto es muy malo y da la llave de las políticas municipales al Ministerio de Hacienda», por todo ello, sentenció que «la mayoría» de consistorios catalanes, «muchos gobernados por el PSC y los ‘comuns’ saben que el acuerdo es pésimo y no harán la transferencia. Un portavoz de ERC. el partido de Aragonès, aseveró simplemente a este diario que el acuerdo Gobierno-FEMP es «un despropósito».

La semana pasada fue el propio Quim Torra el que, primero, llamó a no ejecutar el traspado de efectivo (unos 1.500 millones en total, solo en Catalunya, entre la suma de superávits --258 millones-- y los remanentes, 1.250 millones) y, después, anunció la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la medida.

La CUP, por su parte, abogó por la desobediencia y por hacer un «frente común» entre los gobiernos locales y autonómicos de «los Països Catalans».  La diputada Maria Sirvent exhortó al Govern a dar «cobertura jurídica» a los ayuntamientos que no transfieran sus remanentes.

El presidente del PP catalán, Alejandro Fernández, rechazó  también el acuerdo pero abogó porque los municipios busquen la suspensión cautelar de la misma en lugar de emprender la vía de la desobediencia.