Torra avala limitar los precios del alquiler pese al revés del Consell de Garanties Estatutàries

El ‘president’, Quim Torra, mantiene su apoyo a la ley pa ra fijar un tope al precio de los alquileres en Catalunya, pese a que el Consell de Garanties Estatutàries (CGE), el organismo que emite dictámenes sobre la adecuación de las leyes al Estatut y la Constitución, ha emitido un contundente informe que asegura que diversos artículos de la ley vulneran el Estatut.

El dictamen no entra a valorar la utilidad de fijar un tope a los alquileres, sino que se limita a constatar que buena parte de los artículos de la propuesta vuleran el Estatut y la Constitución porque las competencias para regular las «obligaciones contractuales» respecto al alquiler son del Estado.

Pese a ello, Torra ha trasladado este jueves a los representantes del Sindicat de Llogateres, con quienes se ha entrevistado en el Palau de la Generalitat, su apoyo a la iniciativa, pese a las ocho enmiendas que JxCat ha presentado al texto que firmó, y que dan más facilidades a los propietarios para que no deban congelar los precios en determinados casos.

Torra se muestra favorable a evitar precios abusivos y espera que la ley se apruebe y no sea impugnada por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. En un sentido contrario, Ciutadans pidió ayer dar marcha atrás a la iniciativa tras el dictamen desfavorable del CGE.

Calvet mantiene el pulso contra la ley

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En cambio, el ‘conseller’ de Territori, Damià Calvet se basa en este dictamen y en un informe, tambíen desfavorable, de la Autoridad catalana de la Competencia para mantener su rechazo a la ley por sus «gravísimas disfunciones», pese a que esta iniciativa entró en el Parlament con las firmas, entre otros, de Junts per Catalunya (JxCat), el grupo al que pertenece Calvet. Se da la circunstancia de que el mismo CGEtambién consideró no ajustado al marco estatutario el decreto que hace un año el Govern llevó al Parlament. En esa ocasión Calvet no atendió a la recomendación del llamado Constitucional catalán, pese a que el propio  CGE constata que la actual propuesta de ley y el decreto del pasado año tienen un contenido «substancialmente coincidente».

En este contexto de tensión interna en el Govern, el Sindicat de Llogateres -que impulsó la ley junto al Ejecutivo catalán- mantiene que la norma ha de aprobarse tal como entró al Parlament, firmada por JxCAT, ERC, ‘Comuns’ y la CUP. La solución al conflicto podría pasar por algun retoque mínimo que satisfaciera a JxCat y salvara el texto. H