El viaje del rey emérito no para la investigación del fiscal

Diversas fuentes jurídicas descartan que el viaje de Juan Carlos de Borbón fuera de España pueda impactar en la investigación que sobre él sigue la fiscalía del Tribunal Supremo, pues el ministerio público cuenta con "abundante material documental para hacer su trabajo y valorar o descartar los indicios de delito", explica uno de los juristas, juez en ejercicio, consultados por este diario.

Las mismas fuentes coinciden al insistir en que Juan Carlos de Borbón no es un prófugo, pues no tiene causa judicial alguna que requiera su comparecencia como investigado (antes, imputado). El caso, indican fuentes del ministerio público, está en la fase de las diligencias de investigación. Concretamente, en el estudio de la documentación sobre movimientos de dinero en cuentas corrientes remitida por la fiscalía suiza, en torno al presunto pago de comisiones en la construcción del AVE a La Meca y la elusión fiscal de esos supuestos cobros.

En esta fase, indican fuentes del ministerio público, es poco probable que se requiera la presencia del rey emérito en dependencias de la fiscalía para aclarar algún extremo. No obstante, recuerdan, esa posibilidad existe. En el caso de que una persona investigada no atienda una llamada del fiscal, éste puede judicializar el asunto pidiendo a un juez medidas cautelares, como la prohibición de salir de España o la busca y captura.

No fue tal en el día tres del periplo secreto del rey emérito.  La Sala de Vacaciones del Tribunal Supremo ha rechazado este miércoles la adopción de medidas cautelares que, contra Juan Carlos de Borbón, había solicitado Òmnium Cultural el martes, instando a la "búsqueda internacional» del monarca y que fuera llamado a declarar cuanto antes".  

"Nuestro sistema procesal no contempla la adopción de medidas cautelares respecto de quien no tiene la condición de investigado", sostiene la providencia del Supremo, cuya Fiscalía ha asumido la investigación en virtud de artículo 55 bis de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que habilita a la Sala II del alto tribunal para pesquisas sobre "acciones penales" de reyes que hayan abdicado.

La entidad independentista había exigido medidas cautelares después de que el lunes la Casa Real difundiera una carta del emérito a su hijo en la que le comunicaba su decisión de irse fuera de España para apartarse del escándalo suscitado en torno a "ciertos acontecimientos pasados" de  su "vida privada".

En paradero desconocido

En círculos jurídicos relevantes de Madrid se especulaba este miércoles con la posibilidad de que el despacho del abogado Javier Sánchez-Junco, el letrado del rey emérito, hubiera avisado a la fiscalía del Supremo de que su cliente se iba a ir fuera de España antes de que iniciara el viaje.

Preguntado por EL PERIÓDICO, el despacho Sánchez-Junco guarda silencio sobre esta práctica que, según fuentes jurídicas, es una costumbre de cortesía en casos complejos en los que la fiscalía investiga actividades de una persona relevante. Suele en estos casos dirigirse el abogado al fiscal para decirle que, pese al viaje, su cliente queda a disposición del ministerio público, y que se le puede localizar a través suyo.

El mutismo en la fiscalía y la opacidad que rodea al viaje de Juan Carlos de Borbón abona en cualquier caso la posibilidad de que el emérito esté, para los fiscales, en paradero desconocido.

"No es relevante para esta fase de la investigación –explica el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo-, ni ninguna instancia judicial ha decidido que a Juan Carlos I se le restrinja la libertad de movimiento, ni está siendo procesado, ni la Sala II ha incoado aún causa penal por los hechos que denuncia Òmnium".

Se refiere a la querella presentada por la entidad independentista el mes pasado por supuestos delitos  de corrupción, fraude fiscal y blanqueo de capitales.

Aunque la ausencia de Juan Carlos I no para las pesquisas, para Jiménez Villarejo "esta desaparición es un poco extraña y no debería estar ocurriendo. No es compatible con el papel institucional que el rey emérito ha desempeñado".

Pañuelo judicial

En la Fiscalía Anticorrupción, en el proceloso año 1994, Jiménez Villarejo recibió ayuda de la fiscalía suiza en su intento de buscar al entonces director general de la Guardia Civil Luis Roldán, este sí prófugo, y el dinero del que se apropió. El fiscal que enviaba entonces los movimientos bancarios en Ginebra era Yves Bertosa, cuyo hijo, con el mismo nombre y el mismo cargo, envía hoy la información sobre los movimientos de capitales de Juan Carlos de Borbón.

El mundo jurídico es a veces un pañuelo. El abogado Sánchez-Junco, que hoy asesora al emérito, se curtió como fiscal en el caso Banesto, intentando que Mario Conde no escapara del país. Investigó aquel agujero bancario el juez Manuel García Castellón, que hoy inquiere sobre las actividades de la amiga del rey emérito, Corinna Larsen, y el excomisario Villarejo.

La  inquietud que ha suscitado el viaje de Juan Carlos I "es más política que judicial", sostiene el veterano letrado penalista José María Fuster Fabra, convencido de que el viaje "no obedece ni puede obedecer a táctica dilatoria alguna, ni entorpece la investigación. Es impensable que el rey emérito no acuda a una llamada del fiscal".

En diversos foros, Fuster Fabra ha defendido la ausencia de delito en la percepción por el rey del dinero saudí, y la prescripción de cualquier responsabilidad fiscal en el caso.