22 oct 2020

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Torrent y Maragall se querellan contra el exdirector del CNI por "espionaje"

Los republicanos piden que se tome declaración como investigados a Sanz Roldán y a los responsables de la empresa NSO Group

Júlia Regué

Félix Sanz Roldán, durante una conferencia en enero del 2017.

Félix Sanz Roldán, durante una conferencia en enero del 2017. / EFE / ZIPI

El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el 'exconseller' de Exteriors y diputado de ERC en el Parlament, Ernest Maragall, han presentado en los juzgados de Barcelona una querella contra el exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) Félix Sanz Roldán y la empresa NSO Group por la presunta intercepción de comunicaciones y "espionaje informático" tras las informaciones que destaparon El País y The Guardian.

En un comunicado este jueves, ambos han anunciado la querella contra Roldán, que era el director del CNI cuando se produjeron estos presuntos ataques informáticos en los teléfonos de Torrent y Maragall a través del programa 'Pegasus', un sistema de la empresa NSO Group que solo está al alcance de policías y sistemas de inteligencia estatales.

En el texto presentado ante los juzgados, alegan que durante la primavera del 2019, entre el 29 de abril y el 10 de mayo (un día después de las elecciones generales y hasta el día que comenzó la campaña para las municipales y europeas), la empresa Whatsapp detectó "el aprovechamiento de una vulnerabilidad de su software y el uso fraudulento y no autorizado de sus servidores para dirigir un ataque informático contra objetivos previamente seleccionados" con un programa "confeccionado por el grupo empresarial NSO para espionaje". Este programa "proporcionaba a los autores un control de la terminal móvil de la víctima y facilitaba el espionaje, la intercepción de comunicaciones y monitorización absoluta".

Según insisten en la querella, esta es una herramienta que sólo se vende a organismos gubernamentales, y afirman que "concretamente, en el caso de España, ha sido servida presuntamente al CNI y utilizada durante el mandato de su director, Félix Sanz Roldán". Esta intromisión permitió "monitorizar sus dispositivos con funciones de control absoluto (robo de información y datos, control de la cámara y el micrófono, control de geoposicionamiento, etc.)", asegura la querella, que busca aclarar los hechos y descubrir quién hay detrás de este presunto espionaje.

En una comparecencia en el Parlament, Torrent y Maragall han justificado la querella por la "inacción" de la fiscalía ante "un flagrante caso de espionaje político", ya que no ha actuado de oficio. "La fiscalía no ha hecho nada, no ha movido ni un dedo para investigar unos hechos muy graves que, como mínimo, afectan a dos cargos públicos", ha sostenido Torrent, y ha afirmado que en "el Estado español hay una doble vara de medir, según si eres o no independentista, lo que es una vergüenza y un síntoma de la degradación democrática".

Durante esas fechas Torrent y Maragall, celebraron reuniones con miembros de ERC y de otros partidos; y el jefe del Parlament también se reunió con la Mesa, la Junta de Portavoces, el grupo parlamentario republicano y el Observatorio Ciudadano contra la corrupción, mientras que el edil se sentó con  Foment del Treball, Adif, Barcelona Global y Xarxa de ciutats.

Según ambos políticos republicanos, esta semana Whatsapp ha confirmado que son unas 1.400 las personas afectadas "específicamente señaladas como objetivos" por este ataque en el 2019. Entre estas personas afectadas consta también el 'conseller' de Polítiques Digitals i Administració Pública, Jordi Puigneró; la exdiputada de la CUP Anna Gabriel; el dirigente del Consell per la República Sergi Miquel cercano a Carles Puigdemont; y un miembro de la ANC, Jordi Domingo.

Otras acciones

A parte de la vía judicial, en el terreno político han solicitado varias comparecencias en el Congreso de los Diputados a través del grupo parlamentario de ERC, han impulsado la creación de una comisión de investigación (que Unidas Podemos apoya), han formulado preguntas al Ejecutivo central y han enviado cartas al relator de la ONU sobre la libertad de expresión, a la comisaria por los derechos humanos del Consejo de Europa, y a Amnistía Internacional, para elevar el caso a instancias internacionales.

El Ejecutivo central, a través del ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, admitió su inquietud por este asunto y consideró que sería un hecho "grave" que se pudiera demostrar que hubo espionaje.