11 ago 2020

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LOS PAPELES DEL LENDAKARI

Urkullu planteó al presidente Sánchez un plan para Catalunya

El peneuvista sugirió al líder del PSOE pactar una consulta para hacer posible una negociación

Junto a Ardanza propuso a Puigdemont, en el 2017, un frente Catalunya-Euskadi para reformar la Constitución

Xabi Barrena Gemma Robles

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al lehendakari, Iñigo Urkullu, en una de sus visitas a Moncloa

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, junto al lehendakari, Iñigo Urkullu, en una de sus visitas a Moncloa / DAVID CASTRO

Hay personas que tienen un plan. Otras, que tienen muchos planes. Y luego está Iñigo Urkullu que, según se desprende de la documentación que ha hecho pública ahora en torno al procés, es un no parar de hacer propuestas de Estado. Además del buen puñado de  iniciativas y textos que hizo llegar al expresident Carles Puigdemont y al equipo de Mariano Rajoy durante los días previos y posteriores al 1-O de 2017, siguió intentando poner sobre la mesa soluciones para Catalunya un año después. Fue en octubre de 2018 cuando planteó otro proyecto al socialista Pedro Sánchez, que acababa de llegar a la Moncloa de la mano de una moción de censura a Rajoy que los peneuvistas habían apoyado. De hecho, los vascos fueron una de las claves para que se hiciera realidad, junto a los independentistas catalanes.

La propuesta que Urkullu le hizo a Sánchez partía de dos premisas: la primera, la voluntad de la Generalitat de celebrar un referéndum de autodeterminación pactado. La segunda, la reflexión del Ejecutivo de Sánchez, expresada por este dos veces en sede parlamentaria, de que cualquier acuerdo político que pudiera alcanzarse con Catalunya debería ser sancionado por la ciudadanía. Cuanto más porque el actual Estatut, tras ser recortado por el Tribunal Constitucional, no era el mismo que el refrendado por los catalanes previamente. En ese contexto, Urkullu propuso «consensuar la convocatoria de una consulta popular, legal, pactada y previa al inicio de un proceso de  negociación». Él da entonces por hecho que la Constitución contempla la posibilidad de delegar la capacidad de convocatoria de consulta que tiene el Gobierno central. Y llegó a arrancarse, incluso, con una posible pregunta, quizá alambicada, pero a su entender, pertinente para ambas partes. «¿Quiere que Catalunya abra un nuevo proceso político para acordar con garantías de legalidad y bilateralidad su estatus de autogobierno con las instituciones del Estado?».

La iniciativa no pasó a ser otra cosa y Sánchez la obvió, visto lo visto. Luego la legislatura acabaría de forma abrupta y enconada,  hasta precipitarse en unas nuevas elecciones, tras el ‘no’ de los independentistas a apoyar los Presupuestos Generales del Estado. Polémica para la que, por cierto, Urkullu también tenía un plan, según relata en los documentos sobre su mediación en torno al 1-O que ahora ha hecho públicos, y que han sido consultados por EL PERIÓDICO.

La declaración de Barcelona 

Otra sugerencia que cayó en saco roto fue la que, un año antes, le había hecho a Carles Puigdemont para evitar la DUI y trazar un frente común ante el Estado Catalunya-Euskadi, a fin de incrementar el autogobierno. La acción que defendía incluía una reforma de la Constitución. En una carta enviada a Puigdemont el 22 de octubre, es decir, en plena vorágine tras el 1-O, Urkullu escribe: «tomando como base la declaración de Barcelona de 1998, planteo poner en marcha esta estrategia compartida entre Catalunya y Euskadi». La Declaración de Barcelona fue suscrita por  PNV, CDC, Unió y el Bloque Nacionalista Galego, cuando las riendas del partido jeltzalde estaban en manos del soberanista Xabier Arzalluz. Cuando fue impulsada faltaban dos años para la eclosión del plan Ibarretxe y CiU estaba en otra onda, aun bajo los efectos del pacto del Majestic con el PP. El secretario general de CDC era el muy soberanista Pere Esteve. En la coalición, a esta declaración se le quitaba hierro de una peculiar manera: «Son cosas de Pere».

En 2017 fue Urkullu, junto con uno de sus antecesores, José Antonio Ardanza, quien propuso a Puigdemont usar la Declaración de Barcelona como trampolín para «volcarse en la posible reforma de la Constitución». Es más, Urkullu llegó a poner como modelo para Catalunya el sistema de fueros y derechos históricos vascos del que, entre otras cosas, deriva el concierto económico. «Recordando que  los territorios históricos vascos cuentan con su propia especificidad en la Constitución y que quizá pueda servir de referencia», aseveró entonces. Y hace votos por «las ideas basadas no en una vía unilateral, sino en una bilateralidad fundamentada en el pacto para conformar un Estado confederal» . 24 horas después de enviar esa propuesta, insistió. «No tengo objeción a que Catalunya pueda disponer de un reconocimiento de sus derechos históricos como lo disponen los Territorios Históricos vascos», ofreció,sobre una cuestión en la que los gobiernos nacionalistas vascos han sido siempre extremadamente celosos. Esta propuesta también fue al cajón.