MISIVAS
Torrent y Maragall avisan a instituciones europeas del espionaje político
Los dirigentes independentistas envían misivas al relator de la ONU sobre la libertad de expresión y a la comisaria por los derechos humanos del Consejo de Europa
Júlia Regué
Responsable de la sección de Política.
Graduada en Periodismo y en Ciencias Políticas por la Universitat Pompeu Fabra (UPF), ha desarrollado su carrera profesional en la sección de Política, donde se incorporó en noviembre de 2016. Ha seguido la actualidad política del Parlament de Catalunya y el día a día de varios partidos. También ha colaborado en programas de TV-3, Catalunya Ràdio y RAC1.
Júlia Regué
El presidente del Parlament, Roger Torrent, y el diputado y líder de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, han enviado varias misivas a autoridades internacionales y organizaciones de derechos humanos para denunciar el caso de espionaje político del cual han sido víctimas, con la intromisión en sus móviles del programa de ciberespionaje Pegasus, un producto al alcance exclusivo de gobiernos.
Torrent y Maragall se han dirigido al relator de las Naciones Unidas sobre la libertad de expresión, David Kaye; a la comisaria por los Derechos Humanos del Consejo de Europa, Dunja Mijatović; y a Amnistía Internacional para informarles de las escuchas.
Los dirigentes independentistas sostienen que "el espionaje a ciudadanos y representantes políticos constituye una agresión inaceptable a los derechos fundamentales" y alertan de que "el hecho de que las instituciones del Estado puedan pasar por alto estos hechos sin tomar las medidas oportunas, nos obliga a emprender todas las actuaciones que tenemos a nuestro alcance para impedir que este tipo de prácticas resulten impunes".
Además, avisan a Mijatović de que podría haber sido espiada porque compartió una reunión en Estrasburgo con Torrent el 14 de mayo del 2019, cuando su teléfono fue intervenido.
Torrent y Maragall anunciaron una querella contra el que era director del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) en el 2019, Félix Sanz Roldán, y han pedido al Ministerio de Defensa, de quien depende ahora el CNI, que colabore en la investigación. El Gobierno tachó estas prácticas como "graves".
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