"En el juicio de la Mesa del Parlament no se juzga al independentismo"

"No se juzga al independentismo", "no se juzga al poder legislativo, ni se depura responsabilidades políticas", pero "ningún poder del Estado está por encima del resto". Así de contundente empezó este viernes el fiscal Pedro Ariche su informe final en el juicio que se celebra en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) contra cuatro exmiembros soberanistas de la Mesa del Parlament y la exdiputada de la CUP Mireia Boya por presunta desobediencia grave.

La defensa argumentó la "inviolabilidad parlamentaria", que los imputados no menospreciaron al Tribunal Constitucional y que la función de admitir a trámite iniciativa parlamentaria no es un acto administrativo, "sino parlamentario". El juicio quedó visto para sentencia.

El fiscal solicita un año y ocho meses de inhabilitación y multa de 30.000 euros para Lluís Corominas (PDeCAT), Anna Simó (ERC), Ramona Barrufet (PDeCAT) y Lluis Guinó (PDeCAT, el único que todavía es diputado), así como la exparlamentaria de la CUP, Mireia Boya, por  un delito de desobediencia grave.

"No estamos ante un juicio político, no se persigue una idea, ni una ideología. Todas las ideas son legítimas siempre que no colisionen con el Código Penal", subrayó Ariche. El fiscal recordó el principio de la separación de poderes y "la obligación de cumplir las sentencias y las resoluciones" de los jueces y tribunales.

La actuación de la Mesa

Según Ariche, los exmiembros de la Mesa del Parlament deberían haber valorado "de entrada" las iniciativas relacionadas con el proceso independentista, como la ley del referéndum o de transitoriedad jurídica, ya que eran "conscientes" de los requerimientos del Tribunal Constitucional de impedir y evitar resoluciones contrarias a su mandato. Unas propuestas parlamentarias que "pretendían hacer quebrar el ordenamiento constitucional".

La Mesa del Parlament "estaba obligada" al cumplimiento de la legalidad y, en cambio, permitieron la tramitación y posterior aprobación de resoluciones y leyes "abiertamente y palmariamente" inconstitucionales, indicó el fiscal. "Hay mecanismos para la reforma de la Constitución", rememoró. En su opinión, la Mesa del Parlament hizo una interpretación "equivocada y sesgada" del reglamento del Parlament. 

El fiscal rechazó que el juicio contra la Mesa sea "una causa general", una "expresión periodística y desafortunada", a la vez que advirtió que los poderes que se "jactan" de no cumplir la legalidad y las resoluciones judiciales adoptan un sesgo de "autocracia y autoritarismo". El representante del Ministerio Público explicó que en este juicio ejerce la acusación por su función constitucional de promover la legalidad y el interés general. Y en este caso, en defensa "de los derechos de los ciudadanos que no estaban conformes con lo que se hizo o los que si que estaban a favor y no recibieron la respuesta esperada".

Performance y DUI

La acusación pública insistió que el 6 y 7 de septiembre del 2017, cuando el Parlament aprobó leyes de desconexión con España, la Mesa "perdió su imparcialidad", vulneró "el derecho del resto de los diputados de la cámara" y fue un instrumento del Ejecutivo catalán, entonces presidido por Carles Puigdemont, y "sus intereses".  El fiscal calificó de "performance" la declaración unilateral de independencia del 27 de octubre, ya lo que se votó era el preámbulo de la resolución, que recogía la proclamación de un Estado independiente, sino la parte dispositiva. "Fue una declaración sentimental, sin efecto jurídico", aseveró.

Para el fiscal, los acusados "quebraron" el mandato del Tribunal Constitucional y no hicieron caso de las advertencias de los letrados del Parlament. "Renunciaron al diálogo, en favor de la unilateralidad y contra la legalidad (...) Anunciaron su desobediencia y la ejecutaron". 

La defensa y la inviolabilidad

La abogada Judit Gené, que defiende a Corominas, Barrufet y Guinó invocó la inviolabilidad parlamentaria y el derecho de los diputados a la libertad de expresión e ideológica, entre otros derechos fundamentales. Los acusados, recalcó, "actuaron en su legítimo derecho" de representantes políticos, recalcando que la labor de la Mesa del Parlament "forma parte de la acción parlamentaria", no son actos "administrativos" como si fuera una ventanilla de la Seguridad Social o de la Agencia Tributaria. "Dejan votar sobre la independencia, pero no votar para que se permita votar", incidió, en referencia a la admisión de la tramitación de iniciativas parlamentarias. 

"Las acusaciones han trasgiversado las funciones" de ese órgano parlamentario, aseveró la letrada, pues "la Mesa se siente poder legislativo". "No está por encima de la ley, pero tampoco el poder judicial", añadió, para después incidir en que los acusados no desoyeron al Constitucional. "No se niega que el Tribunal Constitucional es el máximo órgano que interpreta la Constitución, pero no puede prohibir el ejercicio de los derechos fundamentales del Parlament protegidos por la inviolabilidad parlamentaria". La abogada argumentó que "hay jurisprudencia que avala lo que hizo la Mesa" y que recoge los escritos de acusación. "Si pedimos respeto para el TC, al Poder Judicial se le debe exigir que la separación de poderes debe ser nítida", alegó la jurista

El defensor de Anna Simò, Ramón Tomás, incidió en la inviolabilidad parlamentaria y que la función de la Mesa del Parlament es "el desarrollo del debate sin límites", un "debate de ideas y libre". El letrado señaló que el objeto del debate es "si la actividad parlamentaria puede ser limitada o censurada y si se acepta esta premisa si se puede perseguir pernalmente los votos de los diputados que no se sometan a ingerencias externas".

Demonizar a la Mesa

"Estamos en un problema grave, un conflicto de atribuciones entre el Constitucional como un órgano jurisdiccional cuando se ejecuta y el poder legislativo del Parlament", planteó el letrado Simó. Y repitió "los actos de la Mesa son parlamentarios en tanto que son imprescindible de la iniciativa parlamentaria". "Durante años se ha demonizado a la presidenta del Parlament y a la Mesa por una decisión del pleno, no de la Mesa".

El abogado de Boya, Carlos López, rebatió la tess del fiscal, y afirmó que el juicio que la Mesa del Parlament es una "causa general contra el independentismo" y que el Estado puso en marcha una "ofensiva" judicial, política y paralegal" con "brigadas político policiales"."La Mireia está aquí por ser presidenta de un grupo parlamentario, un cargo formal y necesario", en su caso de la CUP, "por ser diputada y defender un programa electoral". El letrado defendió que "la acusación del Estado muestra que no importa porque Boya está sentada aquí, sino que esté sentada". 

Los cinco acusados hicieron uso de su derecho a la última palabra para defender su actuación y criticar que esta "tuviera relevancia penal" a raiz del "conexto político", en palabras de Corominas. Simó rechazó las imputaciones y dejó constancia de que no se podía permitir que se utilizara la Mesa para "coaccionar" el debate parlamentario y "decidir lo que se puede hacer o no". Barrufet y Guiró defendieron también su inocencia. Este último, que continúa siendo diputado en el Parlament, repitió que "no hubo voluntad de delinquir" y expresó su deseo de "la política vuelva a la política; que no haya la judicialización de la política, ni que la justicia sea politizada".

Boya, por su parte, hizo un alegato político sobre la desobediencia civil contra leyes "injustas" y la actuación del Estado en contra del independentismo. La exdiputad de la CUP retó al tribunal: "No hay justicia en esta sala". Dirigéndose al presidente le espetó: "no le tengo miedo (...) Me da lo  mismo la sentencia que pueda dictar, pues esto va más de una cuestión más digna que son los derechos y libertades de mi pueblo",