Borràs se niega a declarar ante el juez hasta tener una prueba sobre los contratos que fracturó

La portavoz de Junts per Catalunya en el Congreso, Laura Borràs, ha optado por no declarar ante el juez del Tribunal Supremo Eduardo de Porres hasta contar con una prueba pericial relativa a los 18 contratos de la Institució de les Letres Catalanes que se investiga si fragmentó para beneficiar al amigo al que se los adjudicó sin el correspondiente concurso público. La diputada independentista sostuvo ante los medios que no va a "colaborar con la injusticia" y que esa diligencia es clave para determinar si los trabajos se hicieron y cuál sería su valor de mercado.

En cualquier caso, la comparecencia ha supuesto el pitido de salida de la fiscalía para iniciar la instrucción. El fiscal Javier Zaragoza ha solicitado un par de testificales: la de la responsable de proyectos y actividades de la ILC, mientras la dirigía Borràs, y la de Arturo Rosell, que ya declaró ante la Guardia Civil por estos hechos.

También ha planteado una prueba pericial sobre el material informático intervenido al coimputado Isaías Herrero, así como como de la infraestructura contratada por la entidad entre 2013 y 2017, según consta en el escrito fiscal al que ha tenido acceso EL PERIÓDICO.

También ha pedido al instructor el análisis de tres cuentas bancarias y que reclame documentación al Ministerio de Hacienda sobre una factura por importe de 21.659 euros y a la ILC diversa documentación contable, entre ella una resolución de Borràs de febrero de 2013, los cargos desempeñados por Roger Espar o las plantillas de presupuesto enviadas a Herrero, si es que le fueron enviadas.

Concentración de apoyo

Borràs llegó al Supremo arropada por una cuarentena de personas, entre las que estaba el diputado en el Parlament Eduard Pujol, que no dudó en mostrar su solidaridad con su compañera de partido "ante esta concepción del diálogo que es la represión", circunstancia que declaró "equivocada", porque, en sus propias palabras, "el independentismo no dará marcha atrás". 

No estaban solos; una cuarentena de personas con sus correspondientes mascarillas, para permitirles evitar la distancia social que aconseja el covid, gritaba las consignas que un animador, subido en una tarima y flanqueado por altavoces de pie, les indicaba.

Las que tuvieron más éxito fueron "No es justicia, es venganza" o "Laura no estás sola", pese a que no esté imputada por ningún hecho relacionado con el 'procés', sino por los delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental, por su gestión al frente de la ILC entre 2013 y 2018.

A Isaías Herrero, en una de las conversaciones intervenidas, se le oye jactarse ante su socio de los "trapis" que facturaba con Borràs como directora de la ILC y esperar más si, como auguraba, acababa siendo ministra de Cultura. En un correo electrónico Borràs le indica que debe presentar varios presupuestos para ser beneficiado.

La prueba

Bajo la lupa judicial hay 18 contratos por valor de 259.863 euros. Borràs sostiene que se ha acogido a su derecho constitucional a no declarar hasta no contar con un informe pericial sobre ellos que, asegura, "ya veían reclamando los Mossos, la Guardia Civil y el propio Supremo".  

"No voy a colaborar nunca con la injusticia, quiero colaborar con la justicia y cuando esa prueba exista, solicitaré declarar voluntariamente", dijo la diputada, que a diferencia de lo que hacen prácticamente todos los aforados rehusó comparecer voluntariamente y obligó a cursar un suplicatorio. 

"En los países democráticos tiene nombre y se llama 'law fair'" (ley justa), dijo para a continuación presentarse como víctima de una supuesta persecución "prospectiva", "realizada de modo secreto". 

Borràs lamentó que el Tribunal Supremo hiciera suya la exposición razonada que dio origen al procedimiento y no tachara de "incompetente" a la jueza de Instrucción número 9 de Barcelona que la elevó. 

Reiteró que los trabajos que le habría adjudicado a Herrero, que se le imputa haberlos fragmentados para evitar el concurso público, "se han realizado, han sido correctos en tiempo, forma, en calidad y en servicio público".

Añadió que desde el primer momento anunció que "nunca dimitiría, porque sería admitir una culpabilidad que no le correspondía".