PENAS SOLICITADAS
El fiscal pide hasta 41 años para los arrestados por los atentados del 17-A
La fiscalía presentará este jueves su escrito de acusación contra los tres detenidos por formar parte o colaborar con la célula yihadista
La mayor petición de cárcel es para el superviviente de Alcanar, seguido de Oukabir para quien solicita 36

Driss Oukabir, uno de los sospechosos de pertenecer a la célula terrorista que atentó en Barcelona y Cambrils.
La fiscalía de la Audiencia Nacional pide un total de 41 años de prisión para el presunto miembro de la célula yihadista que atentó en Barcelona y Cambrils y que sobrevivió a la explosión de Alcanar, Mohamed Houli Chemlal, 36 para el otro detenido considerado miembro de la estructura terrorista, Driss Oukabir, y ocho para Ben Said Ben Iazza, como colaborador, según confirmaron fuentes fiscales a EL PERIÓDICO.
La petición fiscal, adelantada por 'El País' y que se formalizará este jueves en el registro de la calle Goya de la Audiencia Nacional con la presentación del correspondiente escrito de acusación coincide con el auto de procesamiento dictado por el primer instructor del caso, el juez Fernando Andreu, que consideró que Houli y Oukabir debían ser juzgados por los delitos de integración en organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y estragos en grado de tentativa, mientras que Said Ben Iazza solo debía responder por colaboración.
Noticias relacionadasLas acusaciones siempre intentaron que tanto el superviviente de Alcanar como Oukabir, que fue quien alquiló la furgoneta con la que se cometió el atropello de La Rambla, pero se desmarcó de los planes terroristas al final, respondieran también por los 16 muertos y 140 heridos que se produjeron en los atentados, pero ni Andreu, ni el juez que le sustituyó, José Luis Calama, quien dio por concluida la instrucción, hicieron suyo este criterio.
Ambos magistrados entendieron, en la misma línea que la fiscala del caso, Ana Noé, que los atropellos de Barcelona y Cambrils se improvisaron por los otros terroristas que acabaron siendo abatidos sin ponerse de acuerdo con los luego arrestados. La Sala de lo Penal ratificó ese criterio, aunque dejó la puerta abierta a volverlo a revisar en la vista oral.
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