23 oct 2020

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conclusiones de la comisión sobre el 155

El Parlament reta otra vez al TC y pide que el Rey abdique

Ciutadans exige al Gobierno central que impugne el dictamen por inconstitucional

El pleno reprueba a Sánchez y Rajoy con la abstención de los 'comuns'

Júlia Regué

El hemiciclo del Parlament, durante un pleno

El hemiciclo del Parlament, durante un pleno / DAVID ZORRAKINO (EUROPA PRESS)

Un día después de la visita de los Reyes a Catalunya, el Parlament volvió a cuestionar el papel de la Monarquía con la aprobación del dictamen de la comisión de investigación sobre el 155 que pide la abdicación de Felipe VI por el discurso pronunciado después de la celebración del referéndum del 1-O. 

La petición provoca el enésimo desafío al Tribunal Constitucional (TC) –que ha tumbado todas las resoluciones vinculadas a críticas contra la Familia Real- y llega en plena crisis de la institución monárquica por las múltiples informaciones sobre las finanzas de Juan Carlos I. 

Pero la maniobra puede enturbiar también las relaciones en el Gobierno, ya que los ‘comuns’, con representación en el Ejecutivo de Pedro Sánchez, votaron a favor, alineándose con los grupos independentistas, a la espera de una reacción de la Casa del Rey al escándalo que atañe a la jefatura del Estado. Cs ya pidió a Sánchez que impugne la votación al TC.

El dosier aprobado ayer concluye que el 27 de septiembre del 2017, horas después de la Declaración Unilateral de Independencia, se produjo "una acción política perfectamente asimilable a un golpe de estado ejecutado desde los mimos aparatos del Estado" que suspendió la autonomía catalana con la aplicación del 155, que tuvo un impacto económico de 1.800 millones de euros. Y responsabiliza a los líderes de los tres partidos que apoyaron la aplicación –Mariano Rajoy por el PP, Albert Rivera por Cs y Pedro Sánchez por el PSOE– de las consecuencias socioeconómicas de la activación del artículo constitucional, así como al exdelegado del Gobierno en Catalunya, Enric Millo. Los cuatro fueron reprobados por ser "parte activa y decisiva" del 155 con la abstención de los ‘comuns’ y el voto en contra de Cs, PSC y PPC.

También se avaló la reprobación del Rey a quien acusan de "contribuir a la guerra sucia económica y promover la confrontación en vez de una solución pactada" con su discurso de octubre y pidieron que por "salud democrática" debe celebrarse una consulta sobre la monarquía e investigar las "interferencias políticas y la corrupción". 
Felipe VI ya fue reprobado por la Cámara catalana en el 2018 pero el Constitucional, a instancias del Gobierno, la dejó sin efecto al sentenciar que carece de competencias en el asunto y que el "rechazo" por parte de una institución del Estado vulnera la inviolabilidad y el "estatus constitucional" del Rey. 

Un argumento que el mismo tribunal esgrimió para anular la comisión de investigación que se impulsó en el Parlament, al tiempo que alertó al presidente del Parlament, Roger Torrent, de consecuencias penales si seguía tramitando inciativas relacionadas con la autodeterminación y la Corona. El TC llegó a dirigirse a la fiscalía para preguntar si veía delito de desobediencia al permitir el debate y la votación de textos que cuestionaran al Rey.

"Una farsa"

Cs, PSC y PPC cargaron contra los grupos independentistas por orquestar "una farsa" y actuar con ánimo de "venganza" impulsando una comisión a la que no participaron por no contribuir a la "propaganda independentista". Además, las filas naranjas instaron al Gobierno a actuar alegando que "es contradictorio que lo que defendieron en el Senado no sea defendido por el Gobierno ante los tribunales". Para los ‘comuns’, este espacio de debate parlamentario ha resultado ser una "oportunidad perdida" porque no ha hurgado en la búsqueda de puntos de encuentro y porque "no ha habido autocrítica" por parte de todos los autores implicados en el convulso otoño del 2017. 

JxCat ERC se reafirmaron en el derecho a la autodeterminación y la CUP les emplazó a "desobedecer" ante un eventual 155. Eso sí, se conjuraron para impulsar una ley de amnistía para los presos del 1-O como un "prerequisito" para encauzar la solución al conflicto político.