El indulto a los presos del 'procés', un problema para el Gobierno de coalición
Juan Ruiz Sierra
Periodista
Juan Ruiz Sierra
Como pasó con casi todo, el hipotético indulto a los políticos presos por el 1-O fue trasladado a un lugar secundario por la pandemia del coronavirus, pero nunca ha dejado de representar un problema para el Gobierno. Ahora deberá enfrentarse a él, tras la petición de UGT sobre Dolors Bassa, 'exconsellera' de Treball. Aunque la Moncloa eludió hacer este jueves una valoración sobre la solicitud del sindicato, manteniendo su línea habitual de que "no procede hablar de indultos", esta podría aumentar su creciente distancia con ERC, el partido de Bassa, y al mismo tiempo volver a plasmar las distintas visiones del PSOE y Unidas Podemos, socios de coalición.
Las generales del pasado 28 de abril estuvieron marcadas por las acusaciones del PP y Cs de que Pedro Sánchez pensaba liberar a los líderes independentistas, que entonces estaban siendo juzgados. Cinco meses y medio después, el Tribunal Supremo dictó su dura sentencia. Tras conocerla, Pedro Sánchez, que se enfrentaba a una nueva campaña debido a la repetición electoral, señaló: "El acatamiento de la sentencia significa su complimiento, reitero, su íntegro cumplimiento".
Es decir, el indulto no entraba en los planes del jefe del Ejecutivo, que desde entonces no se ha movido de esta posición, pese a las divergencias con el vicepresidente social, Pablo Iglesias. El líder de Unidas Podemos siempre ha sido partidario de esta medida, que a su juicio no supondría "cuestionar la sentencia, sino atender a elementos de interés general y concordia". Cuando sellaron su acuerdo de coalición, Iglesias se comprometió con Sánchez a acatar y apoyar las medidas del presidente sobre Catalunya y otros asuntos de Estado. Sin embargo, el PSOE teme que ahora que su partido se ha desangrado en las elecciones de Galicia y Euskadi, el vicepresidente vuelva a posiciones más "radicales", sobre todo en este asunto, ya que sus antiguos votantes han saltado a partidos como el BNG y EH Bildu.
Y luego está ERC. Los republicanos siempre han rechazado el indulto, insistiendo en la necesidad de una ley de amnistía, pero la vuelta de este instrumento al primer plano político puede aumentar su malestar con el Gobierno, que en los próximos meses intentará negociar los Presupuestos con la formación de Oriol Junqueras. Todo sin descartar a Cs, algo aparentemente incompatible.
En cualquier caso, el debate puede alargarse. El Ejecutivo deberá trasladar el escrito de UGT, el último de varias solicitudes para liberar a los presos del 'procés', a la Fiscalía y al Tribunal Supremo, que informarán a favor o en contra del indulto. Y el Ministerio de Justicia tendrá un año por delante para resolver.
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