Del dicho al hecho

El uso obligatorio de la mascarilla es una decisión política. Conviene recordarlo porque la sutileza con la que la Generalitat invoca a los científicos cuando justifica sus decisiones juega al equívoco. Los especialistas, por su parte, insisten en recordarnos que si bien ellos asesoran e incluso recomiendan, la última palabra la tienen los representantes públicos que por algo fueron elegidos para gobernar. Y como esta es su responsabilidad, deben asumirla mal que les pese, les duela o les cueste. Porque comprendiendo que la situación es complicada y les supere no olvidemos que invocaron nuestro apoyo electoral comprometiéndose ante las urnas como las parejas ante el matrimonio. Apelando al respeto, la ayuda y el interés de la familia como reza el  Código Civil, además de la riqueza, la pobreza, la salud y la enfermedad, como también consta y se cita popularmente. De la fidelidad y el socorro mutuo mejor no hablar en semejante tesitura porque el desapego político ha convertido la virtud pública en una reliquia a la que la ciudadanía replica con un escepticismo creciente. 

Esta misma sociedad, por su parte, sigue reaccionando más presa del temor que de la duda. Asustada como se mantiene, alterada por los repuntes y expectante ante los posibles rebrotes de los que nos advierten con hiriente entusiasmo, asume su papel de víctima comunitaria esperando no serlo por contagio. Y otorga acríticamente ante un decreto de la Generalitat que algunos juristas ha calificado de poco riguroso Aun así, es difícil imaginar a ningún juez alterando marcos normativos por mucho que flaquee su base por las mismas razones. Entendiendo que la protección de la salud es un bien superior nadie desea asumir la responsabilidad de impugnar decretos y convertirse en centro de acusaciones en el caso de empeorar sanitariamente las cosas. Y así, entre magistrados prudentes y políticos asustadizos, hemos entrado en otro episodio del mismo drama. Solo que ahora el centro de decisión está más cerca y la desnudez del rey es más evidente.

El 'president' Torra ha instado a no hacer partidismo del coronavirus. Y no ha enrojecido. Como si no hubiera lanzado constantes críticas políticas al gobierno Sánchez durante la larga primavera robada. Y sus diversas invocaciones a cómo se habría gestionado todo y mejor si no se hubieran centralizado las decisiones. Su grupo parlamentario votó reiterada y negativamente a las prórrogas del estado de alarma en el Congreso como protesta a aquella pérdida de competencias. Y esto sin olvidar la ucronía de la Catalunya independiente.

Bien, no lo es pero ha recuperado el poder esquilmado. Tanto es así, que la 'consellera' Vergés negó la advertencia de Fernando Simón de que la Generalitat estaba estudiando el confinamiento del Segrià 24 horas antes de aplicarlo. Le afeó públicamente haber dicho que quizás debió hacerse antes contestando que ahora las decisiones se tomaban en Catalunya. Perfecto. Pero más importante es cómo se toman que quién las toma. Responsabilidad a la que hay que añadir la aceptación de los posibles errores que ya no pueden ser desviados. Por eso, el uso obligatorio de mascarillas que nos sobran no puede sustituir a los rastreadores que nos faltan. Y que el problema social que subyace en la comarca confinada coincidiendo con la campaña de recogida de la fruta tampoco debe hacer olvidar la deficiente gestión sanitaria de las residencias ni que la 'consellería' siga sin titular de salud pública desde hace dos meses.

¿Y si además de competencias hablamos de competentes?                

Suscríbete para seguir leyendo