11 ago 2020

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NUEVA HOJA DE RUTA

Societat Civil Catalana pone en marcha una ILP para una ley electoral catalana

La entidad mantiene contactos con los partidos constitucionalistas y se propone empezar a redactarla en octubre

Júlia Regué

Consejo consultivo de Societat Civil Catalana, con el presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa.

Consejo consultivo de Societat Civil Catalana, con el presidente de la entidad, Fernando Sánchez Costa. / GERARD ARTIGAS / ACN

Societat Civil Catalana (SCC) pone en marcha los preparativos para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que dote a Catalunya de una ley electoral propia. La campaña de recogida de avales empezará en septiembre del 2020, según la hoja de ruta a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO y que se aprobará el próximo 17 de julio en la asamblea de socios, si bien la redacción del modelo concreto -se inclinan por una persona, un voto- se desarrollará en octubre. En la primavera del 2021 se proponen movilizar las calles y presentarla de forma oficial para recabar las 50.000 firmas que se requieren para llegar a la Mesa del Parlament y que sea tramitada hasta llegar al pleno. 

SCC se comprometió con Cs a liderar esta iniciativa enero, que según fuentes de la entidad ha sido consensuada con el resto de partidos constitucionalistas, y ya están difundiendo un manifiesto titulado '¡Para que tu voto valga lo mismo!'. Los intentos para crear una nueva ley electoral propia –el resto de comunidades autónomas la tienen- han sido infructuosos porque necesitan un gran consenso en el hemiciclo (dos tercios, es decir, 90 diputados). A falta de ley, el sistema se basa en la ley estatal y en una disposición transitoria del primer Estatut que establece las cuatro provincias y distribuye los escaños para cada una. El principal escollo para el acuerdo es el reparto de escaños porque Girona, Lleida y Tarragona están sobrerrepresentadas frente a Barcelona, teniendo en cuenta la población de estos territorios y la distribución de escaños, cosa que beneficia a los partidos con arraigo en las zonas menos pobladas en detrimento de la capital. De hecho, hay una iniciativa para obtener una nueva ley en el cajón desde hace una década y en SCC son conscientes de que es un proceso que va para largo.

"No tiene justificación real ni sentido democrático que la legislación electoral haga que nuestro voto cuente más o menos dependiendo de nuestra posición geográfica. Pero eso es exactamente lo que pasa en nuestra tierra desde hace décadas", denuncian en el manifiesto, en el que acusan al independentismo de bloquear "sistemáticamente" una nueva ley propia. A su juicio, el reparto actual hace que el Parlament "padezca un claro déficit de representación democrática" en beneficio de los grupos secesionistas que "han impulsado [el 'procés'] desde el poder político sin contar nunca con mayoría social".

Diálogo y elecciones

Por otro lado, en la hoja de ruta SCC se propone aumentar la base de socios para llegar a la "financiación completa" de los gastos estructurales con "recursos propios y autogenerados", ya que han tenido que reducir la plantilla a la mitad por el impacto de la crisis, según fuentes de la entidad. Se fijan como objetivo lograr 1.000 socios en diciembre del 2020 –ahora tiene 352-.            

La organización diagnostica que después del otoño del 2017 se ha inaugurado "un proyecto de ruptura más paulatino y gradual" que llaman "conllevancia" porque viene marcada por la negociación política, ante la que quieren responder para que "la revinculación y la reconexión se impongan sobre la desconexión" profundizando en la conciencia del constitucionalismo catalán. "Es misión de SCC evitar que la Catalunya no nacionalista vuelva a ser moneda de cambio, como lo ha sido tantas veces a lo largo de la historia, para lograr el apaciguamiento o la estabilidad en Madrid", añaden, y se proponen "trabajar activamente" para que vuelvan las empresas que se marcharon en octubre del 2017.

En cuanto al diálogo entre gobiernos, SCC opina que debe ser "bien entendido, sin generar privilegios, y debe incorporar las demandas históricas de la Catalunya constitucionalista" por lo que se proponen situar la "agenda constitucionalista" en el debate público para incidir en la mesa guardándose la carta de nuevas movilizaciones "si es necesario".

Con unas elecciones catalanas en el horizonte, SCC se conjura para "trabajar para que el secesionismo pierda las autonómicas" con movilización "física y digital" y en busca de un pacto de Estado y una campaña contra la abstención "que evite que el nacionalismo catalán siga teniendo de forma permanente la llave de la gobernabilidad". Pese a esto, contempla un hipotético Govern tripartito de PSC, ERC y ‘comuns’, e intentará que la agenda constitucional forme parte de las condiciones para el pacto. Entre septiembre y octubre empezarán una ronda de contactos con los partidos políticos en el Parlament y en el Congreso para exponer sus reivindicaciones.

SCC pretende consolidar el 8 de octubre como el día del constitucionalismo, a raíz de la multitudinaria manifestación en el 2017, y crearán un premio especifico para conmemorar la jornada. También quieren recuperar el espíritu de los juegos olímpicos del 92 y desarrollar un proyecto que lleva por nombre ‘Pasamos olímpicamente del ‘procés’’.