El Gobierno no tiene prisa por reformar el delito de sedición

La rebaja del delito de sedición, que se podría aplicar de forma retroactiva a los políticos presos por el referéndum del 1-O, fue una de las grandes apuestas del Gobierno cuando comenzó su andadura, antes de que estallara la pandemia. Suponía un mensaje de distensión hacia los partidos catalanes. En especial, hacia ERC, que en esos momentos se preveía indispensable para el futuro de la legislatura. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, anunció a finales de febrero que estaría lista antes de que acabase el año. Pero ahora el Ejecutivo no tiene prisa.

"No ha habido ningún compromiso de calendario por parte del Gobierno", ha señalado este martes, tras el Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Juan Carlos Campo, sobre la reforma del Código Penal, que el Gobierno quiere que vaya más allá de la sedición. "No hay calendario, pero hay modificaciones que deberíamos realizar", ha continuado. Entre ellas, ha citado los delitos medioambientales, los relativos al bienestar animal y el cibercrimen. Pero no la sedición.

En cualquier caso, fuentes de la Moncloa aseguran que la reforma global no estará lista este año, y tampoco se atreven a volver a poner plazos. El giro puede verse como un síntoma más de la creciente distancia que separa al Ejecutivo y a los republicanos, ahora que Ciudadanos ha cambiado de estrategia, pacta casi todas las medidas frente al coronavirus e incluso se abre a un posible apoyo de los Presupuestos del año que viene. Pero el Gobierno niega que este sea el motivo. La reforma de los delitos es una iniciativa muy compleja, que requiere mucho trabajo parlamentario para que el grado de respaldo sea elevado, y sobre todo, ahora mismo, todos los esfuerzos están centrados en la lucha contra las consecuencias sanitarias, económicas y sociales del covid-19. "Hay que hacerlo con gran consenso. No conviene hacerlo en 15 días. Ahora mismo todas las energías están volcadas en esta crisis", ha dicho Campo.

Las cuentas públicas

La rueda de prensa de este martes ha estado inusualmente concurrida. Junto a Campo y la portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, han participado el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, y el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, encargados de la extensión temporal de la moratoria de las hipotecas y los cortes de suministros básicos.

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El líder de Podemos ha intentado zanjar el debate sobre los aliados potenciales para los Presupuestos Generales del Estado del año que viene. Según el presidente, Pedro Sánchez, y la parte socialista del Ejecutivo, hay posibilidades de que Ciudadanos vote también a favor de las cuentas públicas. "Hay que intentarlo", señalan. Iglesias, en cambio, consideró la semana pasada que esa alianza no era "posible" y que defenderla suponía "engañar a la gente".

"El presidente y yo compartimos la estrategia negociadora para los Presupuestos -ha dicho el líder de Podemos-. Él está de acuerdo en que es fundamental trabajar con las fuerzas de izquierda y yo en que él debe emplazar al Cs y el PP a participar. Quizá he sido demasiado sincero. Puede que la capacidad persuasiva del presidente haga que Cs apoye. He sido muy sincero, pero compartimos la estrategia. Es lógico que el Gobierno en un contexto de reconstrucción debe aspirar a acuerdos amplios. ¿Lo conseguiremos? Mi opinion ya la conocen. Ojalá me equivoque". A su lado, Montero ha vuelto a incidir en su habitual apelación a todos los grupos, y en especial al PP, para que apoyen las cuentas. "Si no es ahora, ¿cuándo?", se ha preguntado.