JxCat y ERC se quedan solos en la petición de más recursos al Estado

Los socios en el Govern propulsaron este viernes desde el Parlament su demanda de más recursos al Estado para encarar la reconstrucción, pero no lograron que ni a los ‘comuns’ ni al PSC se la hiceran suya. El ‘president’ Quim Torra lleva meses apretando las tuercas a la oposición con presencia en el Gobierno para que fuercen a Pedro Sánchez a atender exigencias como la flexibilización del déficit hasta como mínimo el 1% ­–ahora se sitúa en el 0,2%– y que los ayuntamientos puedan usar los superávits presupuestarios. Los ‘comuns’ se abstuvieron y los socialistas votaron en contra de solicitar más recursos pero apoyaron el gasto del superávit de los consistorios.

El arco parlamentario se centró en avalar conclusiones del pleno monográfico sobre el covid-19 que atañen a la Generalitat con un marcado acento social para encarar la crisis socioeconómica y estar prevenidos ante eventuales rebrotes.

En las conclusiones de JxCat no quedó recogida la petición del jefe del Govern de conseguir 5.000 millones de euros de fondos europeos, una pretensión que ERC descartó en el pleno del miércoles y que enervó a los ‘comuns’ y a la CUP porque aseguran que supondría un alto endeudamiento y el Gobierno sigue negociando que las cesiones sean en forma de transferencia.

Las cuentas

En cuanto a la modificación presupuestaria, el Govern se compromete a llevarla a cabo el 21 de julio, y el PSC se avanzó ayer a la negociación con una propuesta de resolución aprobada que pide reorganizar las partidas destinando 600 millones de euros a los ayuntamientos, 100 al sector comercial, 120 a un plan de automoción y 50 a los autónomos. Sin embargo, no se aceptó el calendario que pedía el PPC para las cuentas del 2021.

Si bien la mayoría de los planes socialistas fueron aprobados, los ‘comuns’ vieron cómo decaían casi todas sus iniciativas evidenciando un fuerte distanciamiento con el Govern después de haber aprobado los presupuestos. No lograron que se considere sector sanitario a servicios derivados como los empleados de la limpieza o el personal de residencias, la revisión de los servicios externalizados, o  una reforma fiscal que incluya un impuesto de sociedad mínimo del 15% a grandes empresas y del 18% para entidades financieras, que contó con el apoyo del PSC aunque Unidas Podemos renunció al impuesto a grandes fortunas para acordar las conclusiones de la reconstrucción con el PSOE en la comisión en el Congreso. 

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