RÉGIMEN DE SEMILIBERTAD

Las cárceles proponen el tercer grado a los presos del 1-O

J. G. Albalat

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Las juntas de tratamiento de las cárceles de Lledoners (Barcelona), Puig de les Basses (Girona) y de Mujeres de Barcelona han propuesto este jueves por unanimidad el tercer grado penitenciario (semilibertad) para los nueve líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo por el 'procés'. Todos ellos disfrutan del artículo 100.2 del reglamento penitenciario que supone que pueden salir de la prision para trabajar o para hacer voluntario. Este cambio, de ser avalado por el servicio de clasificación de la Secretaria de Mesures Penals, lo que ocurre en el 95% de los casos, supondrá que los dirigentes soberanistas solo irán al centro penitenciario a dormir de lunes a jueves o viernes y el fin de semana estarán en casa. Por lo tanto, podrán participar activamente en una eventual cita electoral.

Las cárceles tenían hasta el próximo jueves 9 de julio para revisar el segundo grado, al vencer el plazo de seis meses que estipula el reglamento penitenciario para revisar la evolución de los internos. De esta manera, las juntas han valorado si se debe mantener el actual segundo grado (con flexibilización del artículo 100.2) o progresar a un tercer grado, el de semilibertad, decantánadose por la segunda opción. Los dirigentes soberanistas encarcelados recibieron con satisfacción esta propuesta, aunque recordaron su situación y reclamaron la libertad.

Según ha explicado el secretario de Mesures Penals, Amand Calderó, en la adopción de esta propuesta han participado una treintena de profesionales (10 en cada junta), desde juristas hasta psicólogos o educadores sociales, y se han analizado una serie de extremos, como la conducta del penado, la adaptación al centro, el entorno laboral y familiar en el exterior y, en estos casos,  la inexistencia de antecedentes y el nulo riesgo de fuga. El alto cargo pentenciario ha defendido a capa y espada la labor de las juntas de tratamiento de las prisiones y ha dejado constancia que los profesionales que la componen actúan independientemente y "no obedecen a ninguna consigna política". "Las juntas son tan respetables ahora que antes", ha precisado.

Evitar las presiones

Los órganos técnicos de las tres cárceles donde se encuentran los presos independentistas se han reunido esta misma mañana a las 9 de la mañana y de forma simultánea para evitar coacciones y presiones a sus miembros, como, a su entender, ya ocurrido en otras ocasiones y, en concreto, con la concesión del segundo grado. "El tercer grado es una forma de cumplir la pena", ha incidido el secretario de Mesures Penales.

Ahora el 'exvicepresident' Oriol Junqueras, los 'exconsellers' Jordi Turull, Josep Rull, Quim Forn, Dolors Bassa y Raül Romeva, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart estaban clasificados en el grado ordinario de privación de libertad, el segundo, aunque se les aplica la flexibilización prevista en el 100.2.

Recurso al Supremo

Otra de las diferencias entre el segundo grado y el tercero es que este último caso, los recursos que podría presentar la fiscalía contra la adopción de esta medida llegarían en última instancia a los magistrados del Tribunal Supremo que dictaron la sentencia del 'procés' y, por lo tanto, serían los encargados de resolverlos. Hasta el momento, el ministerio público siempre se ha opuesto a las medidas penitenciarias que la Conselleria de Justícia ha otorgado a los dirigentes independentistas y a la aplicación del artículo 100.2 del reglamento penitenciario, por lo que todo apunta que harán lo mismo con el tercer grado. El servicio de clasificación de la Secretaria de Mesures Penals tiene dos meses para avalar o no la propuesta de las juntas de tratamiento.

Calderó ha querido dejar claro que si hubiera dependido de la Generalitat los dirigentes independentistas no hubieran ingresado en la cárcel, ya que "ninguna convicción personal puede condicionar una sentencia". Sin embargo, ha recalcado que fue el Tribunal Supremo quien les condenó y los envió a prisión. Los presos soberanistas llevan entre dos años y medio y tres años encarcelados. El alto cargo ha insistido que el régimen cerrado para un interno debe ser una "medida extrema", ya que el objetivo constitucional de la prisión es preparar al interno para volver a la vida en libertad.