El Supremo pregunta al fiscal sobre medio centenar de querellas contra el Gobierno por la gestión del covid

El Tribunal Supremo ha dado el primer paso para pronunciarse en relación con el más de medio centenar de denuncias y querellas que le han ido llegando contra el Gobierno central y el madrileño por su gestión la pandemia. Su Sala Segunda o Penal ha dado traslado al fiscal para que se pronuncie sobre competencia, dictamen imprescindible antes de que decidir si abre o no una investigación contra el gobierno de Pedro Sánchez.

Según el último balance ofrecido por el propio Tribunal Supremo, desde la declaración del estado de alarma el pasado 14 de marzo hasta este jueves se han presentado un total de 36 denuncias y 15 querellas en relación con la gestión por el Ejecutivo central del coronavirus. También hay alguna interpuesta contra la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por las muertes en residencias, ya que el Estatuto de autonomía de Madrid, a diferencia de otros, prevé que su presidenta sea juzgada por el alto tribunal con independencia de dónde se habría cometió el delito que presuntamente se le atribuye.

La primera denuncia contra Sánchez que llegó al Supremo fue la interpuesta contra Pedro Sánchez por el abogado no ejerciente que logró que el delegado del Gobierno madrileño, José Manuel Franco, declarara como imputado en los juzgados madrileños por el 8-M, procedimiento que fue archivado un par de días después por la misma magistrada. 

Debido al abultado número de querellas y denuncias interpuestas y tratar de los mismos hechos, existe al posibilidad de que se proceda a su acumulación para poder darles trámite con mayor rapidez en función de contra quién se dirijan, señalaron fuentes del alto tribunal. 

Diligencias fiscales

Precisamente la Fiscalía General del Estado facilitó este jueves su estadística semanal de diligencias abiertas en relación con lo ocurrido en las residencias de ancianos y personas con discapacidad, centros en los que el virus se cebó especialmente. Las cifras varían en función de las diligencias que se archivan al no apreciar delito tras unas primeras pesquisas o, por el contrario, se encuentran indicios de su presunta comisión y se transforman en la correspondiente denuncia o querella en un juzgado.

La fiscalía investiga penalmente a un total de 227 residencias y tiene abiertos un total de 193 procedimientos preprocesales por lo civil, con los que se trata de garantizar la protección de los más vulnerables. La semana pasada el número de residencias investigadas penalmente ascendió a 240. 

Del total de 227 residencias investigadas, 107 corresponden a la Comunidad de Madrid y 31 a Catalunya, que hace una semana tenía abiertas 12 diligencias penales más en sus distintas fiscalías.